El acuerdo del concierto económico para Catalunya desata el malestar del PSOE en el resto de territorios

Pedro Sánchez vuelve a caminar sobre el alambre mientras el PSOE bulle como hacía tiempo no bullía. Y no sólo por el malestar de los clásicos de la crítica interna, Emiliano García Page y Javier Lambán. Esta vez la inquietud va más allá de los barones de Castilla-La Mancha y Aragón. De hecho alcanza prácticamente a todos los territorios. Menos Euskadi y Navarra, que ya tienen por blindaje constitucional, lo que tendrá Catalunya a tenor de lo pactado entre ERC y el PSC, con la anuencia del PSOE y del Gobierno de España.

El concierto económico “solidario” permitirá que Catalunya salga del régimen común, lo que obligará a una modificación de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) y permitirá que tenga una relación bilateral con el Gobierno central en esta materia. Es justo lo que el PSOE históricamente dijo que jamás haría porque quebraría el sistema, porque no estaba dispuesto a renunciar a los principios básicos sobre los que se sostiene la socialdemocracia –la igualdad y la redistribución de la riqueza–,  porque cualquier modificación de la financiación debía abordarse en un marco multilateral y porque el principio de solidaridad era intocable.

Hoy todo eso ha saltado por los aires después de que Gobierno y PSOE hayan apoyado sin ambages el preacuerdo con ERC que los republicanos hicieron público la noche del lunes y, a la mañana siguiente, dieran cuenta por escrito de los detalles. La consigna monclovita, que siguen a rajatabla ministros e integrantes de la dirección federal, es no entrar en los contenidos y limitarse a poner en valor la importancia de la entente. “Un triunfo de la política útil”, afirmó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. “Un paso definitivo para la normalización de las relaciones con Catalunya”, añadió otro ministro. “Venimos de donde venimos. ¿Hay que hablar de financiación? Se habla. No es la primera vez que se hace y nadie dice que vaya a ser la última”, apostillaba un estrecho colaborador de Pedro Sánchez. 

En efecto, la historia de Catalunya y España, como defiende un fontanero monclovita, es la historia de un acuerdo cada x años, pero también es la primera vez que lo pactado en materia fiscal entre los diferentes gobiernos centrales que ha habido en democracia y los independentistas no se extiende al resto de comunidades autónomas. La Generalitat asumirá ahora el cobro de todos los impuestos estatales y liquidará al Gobierno el dinero de los servicios e inversiones que haga en su territorio, además de aportar una cantidad extraordinaria en concepto de solidaridad con el resto de regiones. Una factura que está, de momento, por concretar y que además incluye una garantía para que prevalezca el principio de ordinalidad de tal manera que una comunidad con menor capacidad fiscal no pueda superar después de la redistribución de recursos a otras más ricas.

Socialistas como Lambán y Page clamaron la noche del lunes contra el silencio elocuente del PSOE después de que ERC hiciera público el contenido de la entente, pero otros, desde Castilla y León, Andalucía, Madrid o Galicia, cuestionaron que Sánchez se hubiera marcado como prioridad la investidura de Salvador Illa sin pensar en las consecuencias políticas y electorales para el resto de los territorios. La alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés, reflexionaba así en su cuenta de X: “Si apostamos por la redistribución de la riqueza entre personas como principio irrenunciable de solidaridad, no debe ser menos la redistribución y solidaridad entre territorios. No hay más. Se mire por donde se mire y se lea por donde se lea”. 

Barones nada sospechosos de militar en la liga de la crítica fácil como el asturiano Adrián Barbón prefirieron ser más prudentes y no hacer valoraciones hasta que su consejero de Hacienda analice el contenido del pacto. Sin embargo, basta con recuperar todas sus declaraciones en materia de financiación para comprobar que todas van en la línea del acuerdo que firmaron todos los partidos de Asturias –excepto Vox– y que fue aprobado por el Parlamento de Asturias: que el Principado no aceptará la aplicación estricta del llamado principio de ordinalidad. “Eso supondría permitir a determinados territorios disponer de una financiación privilegiada. La solidaridad no puede estar limitada por la capacidad fiscal de los territorios. Tributan las personas, no los territorios”, afirmó en su día el gobierno asturiano. 

“Será difícil que todo lo que sea contrario a lo que aprobó el Parlamento del Principado, que es lo que define la posición de Asturias, lo avale, defienda o apoye Barbón. Avalar ni defender ni apoyar”, aseguran desde su gabinete, al tiempo que recuerdan que nadie “podrá dudar de su apoyo a la línea de Moncloa y Ferraz de buscar la concordia y el reencuentro en Catalunya, pero en este asunto ya hay una posición ya definida de Asturias a la que el presidente del Principado se debe y defiende”.

El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, asegura que tampoco admitirá “ningún tipo de privilegio ni agravio”. Sin embargo, durante la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE que Sánchez convocó de urgencia para dar cuenta del acuerdo, a los presentes no les consta que pusiera ninguna objeción a la aprobación de la resolución con la que se saldó el cónclave para dar apoyo absoluto al preacuerdo entre el PSC y ERC. El texto sólo tuvo una abstención, la del presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana.

¿Y después de Illa, qué?

Desde el Gobierno y Ferraz tratan de minimizar cualquier crítica y se empeñan en circunscribirse a Page y Lambán, pese a que la inquietud se extiende a otras federaciones, dirigentes e incluso a diputados alineados siempre con la estrategia de Sánchez. Y es que hablar de financiación autonómica sin hablar con las comunidades no es lo más conveniente si lo que se pretende es encontrar un modelo que atienda las necesidades de todas las regiones. Pero, el propio Sánchez, tras su audiencia con el rey en Mallorca, destacó el “profundo respeto” a ERC y el reconocimiento a sus bases, que votarán el preacuerdo. “Un partido democrático como el PSOE tiene que ser exquisito con esta celebración de la consulta. El sí de las bases significa que no hay repetición electoral”. Por eso insistió en que “el preacuerdo para Catalunya es muy positivo también para España”. Y afirmó que el pacto “asegura la igualdad entre españoles” y que lo importantes es “contar con gobiernos que crean en la fortaleza de los servicios públicos”.

La apuesta en esta ocasión es de alto riesgo porque los socialistas podrán gobernar Catalunya, pero también acusar un notable desgaste en otros territorios e incluso llevarse por delante el escaso poder institucional que le quedó tras las autonómicas de 2023. Esto será, claro, si la reforma de la Lofca, que requiere de la aprobación por mayoría absoluta en el Congreso, cuenta con los votos necesarios. De momento, parece inalcanzable después de lo escuchado a Compromís o la Chunta Aragonesista (ambos dentro de Sumar), que se han desmarcado del acuerdo hasta que sus respectivos territorios no obtenga un estatus similar o, al menos, una compensación a los perjuicios para el conjunto del sistema que la salida de Catalunya pueda suponer.

Hasta que llegue ese momento de que el Congreso tenga que debatir el nuevo sistema, Sánchez ya habrá logrado que Catalunya tenga de presidente a Salvador Illa. Con permiso de la militancia de ERC, claro, que este viernes tiene que refrendar el pacto. 

La gran incógnita será responder a la pregunta: ¿Y después de Illa, qué? Septiembre dirá.