“Ganó el terror”. A juicio de los abogados que ejercen la acusación en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra ocho jóvenes acusados de agredir en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas en la madrugada del 15 de octubre de 2016, a raíz de ese ataque venció “el miedo” en la localidad navarra. Esto explica, en su opinión, que durante las sesiones de las últimas semanas ningún testigo presencial de la agresión haya sido capaz de identificar a sus autores; que dos de las víctimas hayan tenido que dejar el pueblo tras el suceso por el temor a las represalias o que las otras dos vivan “recluidas” en el cuartel de la Guardia Civil.
Estas acusaciones consideran, por todo ello, que es justo que a los jóvenes de entre 21 y 31 años se les atribuyan delitos de terrorismo que, en total, alcanzan los 375 años de cárcel. Y se han sumado a las tesis planteadas por la Fiscalía, que en su informe ha concluido que hubo “finalidad terrorista” en la supuesta agresión, al ser un ataque “premeditado y organizado” para impulsar la “expulsión” de la Guardia Civil y otros cuerpos policiales de Navarra y del País Vasco, dado que en su opinión es directamente “la prolongación del terrorismo” de ETA.
En sus conclusiones, los abogados de la acusación han hecho especial hincapié en ese “miedo”. Jaime Zuza, representante de las novias de los guardias civiles, ha hablado directamente de que sus defendidas son “dos personas víctimas del terrorismo” y de la “socialización del odio” hacia las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que a su juicio se ha implantado en Euskadi y Navarra por parte de ETA y de los grupos que la apoyaron. Relacionan los hechos con la organización terrorista a pesar de que, en el momento en el que se produjeron, esta llevaba cinco años sin cometer atentados. Y de que los acusados se hayan desmarcado tanto de sus ideas como de su estrategia.
“Quien calla otorga”
Zuza considera sospechoso que estos encausados solo respondieran a sus abogados durante su declaración en el juicio. “Quien calla otorga”, ha sentenciado este jueves, solicitando al tribunal que considere “una prueba de cargo” esa decisión de los acusados. También ha argumentado que Jokin Unamuno -en prisión provisional y para quien la Fiscalía pide 50 años de cárcel– reconoció indirectamente su participación en los hechos al asegurar que sentía el daño que podía haber causado aquella noche del 15 de octubre de 2016, cuando estaba “muy borracho”.
El letrado ha contrarrestado esos testimonios de los jóvenes que se sientan en el banquillo con los de los guardias civiles y sus parejas que, según ha dicho, no incurrieron en contradicciones y “se ratificaron en todas sus declaraciones” y respondieron a todas las preguntas“. Señala, además, que las víctimas ”nunca tuvieron nada en contra de nadie“ en el pueblo, por lo que ha mostrado su extrañeza porque tras el altercado se les dejara ”de lado“.
En su argumentación para solicitar al tribunal una sentencia condenatoria, Zuza ha hablado de un testigo clave. Así, si bien ha considerado que los testimonios de los testigos presenciales “no tienen la mínima importancia” por tratarse de amigos o conocidos de los acusados que reconocieron haber participado en manifestaciones en su apoyo, sí la tiene la de Paulette, que mantiene amistad tanto con los encausados como con una de las víctimas y que fue el único testigo que reconoció que tanto dentro del bar Koxka como fuera del local el teniente y el sargento de la Guardia Civil y sus parejas fueron agredidas. Cuando declaró Paulette, “se derribó el miro de la mentira” que en su opinión protagonizó gran parte del juicio, porque “corroboró punto por punto el relato de las víctimas” y “se convirtió en un auténtico testigo de cargo”.
“Miedo, humillación y hostigamiento”
También ha juzgado a este testigo como “clave” una de las acusaciones populares, la que ejerce el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Coivite en la persona del abogado Rubén Múgica, que ha considerado que en las sesiones celebradas en la Audiencia Nacional ha quedado acreditado el “ambiente de espesura y de terror” que se sigue respirando en localidades de Euskadi y Navarra y que se ha sumado a la petición de penas formulada tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado.
Mariano Casado, que ejerce también la acusación popular en nombre de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), ha considerado que durante el juicio “se ha acreditado que hubo planificación” de la agresión, y ha denunciado que la sensación de “miedo, humillación y hostigamiento” persiste entre los guardias civiles que siguen trabajando en Alsasua.