La acusación popular personada en el incidente de tráfico de la política Esperanza Aguirre ha recurrido ante la Audiencia de Madrid la decisión del juez de juzgarla por una falta, ya que considera que su actitud constituyó de forma “patente y clara” un delito de resistencia a la autoridad.
En el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de la asociación Transparencia y Justicia, al que ha tenido acceso Efe, la acusación considera que “por los mismos hechos cualquier otro ciudadano normal hubiese acabado en el calabozo de una comisaría, con los grilletes en las muñecas, para ser inmediatamente citado de comparecencia para la celebración de juicio rápido”.
La asociación recurre la decisión del juez de instrucción número 14 de Madrid de tramitar como juicio de faltas el incidente de tráfico al no apreciar delito de resistencia, tesis apoyada por la Fiscalía, y aporta para ello varias sentencias de diferentes audiencias provinciales con casos que considera similares de personas dándose a la fuga de los agentes.
“La denunciada (Aguirre) -sostiene la acusación- no puede ser tratada con una deferencia jurídica incompatible con el principio de igualdad ante la ley que proclama la Constitución, por muchos cargos públicos que haya ostentado”.
El recurso se refiere así al incidente que ocurrió el pasado 3 de abril cuando Aguirre estacionó su vehículo en el carril bus de la Gran Vía madrileña y dos agentes de movilidad acudieron al lugar para ponerle una multa.
Una vez que la presidenta del PP en Madrid llegó al coche, los agentes le pidieron la documentación para multarla, pero pasados unos minutos Aguirre arrancó el vehículo y comenzó a circular, derribando una de las motos de los agentes, tras lo que fue perseguida hasta su casa por los policías.
Para Transparencia y Justicia, queda clara la actitud de “resistencia activa” de la política del PP, que mostró a su juicio durante el incidente un “total y absoluto desprecio de los agentes de movilidad y policía municipal”.
En el recurso, considera que el juez solo tuvo en cuenta la denuncia inicial para calificar lo ocurrido como falta, pero pide a la Audiencia de Madrid que analice también las declaraciones de los agentes de movilidad y de testigos del suceso.
Estas declaraciones muestran, según el recurso, que Aguirre hizo caso omiso de las reiteradas órdenes de los agentes de detener el vehículo, que uno de los agentes se tuvo que apartar “para evitar ser arrollado” por el coche de la política y que una vez se dio a la fuga volvió a ignorar las órdenes de parar el coche.
En el caso de que el incidente se tramite como falta de desobediencia leve, Aguirre se enfrentaría a una multa de diez a sesenta días, mientras que si se hiciera como delito de resistencia o desobediencia grave a la autoridad podría ser condenada a una pena de seis meses a un año de prisión.