La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), personada como acusación popular en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) ha remitido un escrito al tribunal en el que se opone a la petición realizada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que su declaración como testigo en este procedimiento se realice por videoconferencia y señala los días 26 y 27 del próximo mes de julio como los más adecuados para este trámite. La acción popular califica las posibilidades ofrecidas al tribunal para realizar esta testifical de “no acreditadas y ridículas”.
Sobre las razones de Rajoy, que señaló que su presencia en el juicio implicaría un despliegue importante de recursos públicos, ADADE señala que dicho despliegue también se precisa cuando el presidente del Gobierno acude a actos políticos de su partido o a actos institucionales, por lo que supone un “vano pretexto” argumentarlo y coloca además a una citación judicial “en una posición inferior” respecto de dichas actividades.
Añaden que de realizarse el interrogatorio en su despacho oficial de Moncloa se “excluiría automáticamente” el gasto público y rechazan también que puedan argumentarse razones de seguridad por los mismos motivos. Se oponen igualmente que se apueste por la videoconferencia por cuestiones de agenda porque ello coloca igualmente al acto procesal “en una posición subordinada respecto a la actividad pública del testigo”.
Límites a la desigualdad de trato
El escrito, que tiene fecha de este lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, señala que “los límites a la desigualdad de trato de las personas deben de ser contemplados muy restrictivamente y sólo cuando se den acreditadas circunstancias que los justifiquen”, máxime como un poder del Estado como es el Poder Judicial “se coloca en trance de ceder a genéricas manifestaciones de otro poder del Estado, el Poder Ejecutivo”.
Sobre las fechas planteadas por Rajoy, ADADE se pregunta si la agenda del presidente es tan complicada que le impida “cumplir con su deber con tamaña inflexibilidad”, tanto por su lejanía en el tiempo como por suponer una “auténtica burla al cumplimiento del acto procesal” al tratarse de un “ridículo” abanico de posibilidades -dos días de finales de julio- el ofrecido por Moncloa.
Por considerar “esperpéntico” el abanico de posibilidades ofrecidas, ADADE pide al tribunal que inste a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno a elegir un abanico de fechas “lo suficientemente amplio de las que considere plausibles el tribunal” o que se le ofrezca a Rajoy como única alternativa acudir a la vista o ser interrogado en su despacho oficial.
La petición para que el testimonio no sea presencial sino mediante una videoconferencia desde Moncloa, que podrá verse en la Sala de juicio, fue también defendida por escrito el pasado día 10 por el Partido Popular, acusado en este juicio como partícipe a título lucrativo.
La declaración por videoconferencia esta prevista en el artículo 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, de manera específica para el proceso penal, en el artículo 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que dice concretamente que “el tribunal de oficio o a instancia de parte (...) podrá acordar que su actuación se realice a través de videoconferencia u otro sistema similar que permita la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y el sonido”.
La elección realizada por el presidente del Gobierno, de ser aprobada por el tribunal, cumple por lo tanto con estas prevenciones y también con las incluidas en el artículo 703 de la LeCrim, dirigidas a que la práctica de la prueba no afecte al “adecuado ejercicio de su cargo”.