IU pide al juez de la caja B que investigue al empresario Vicente Cotino
Izquierda Unida, que ejerce la acusación popular en el caso de la caja B, ha presentado este jueves un escrito en el que reclama al juez José de la Mata que investigue al empresario Vicente Cotino. Sobrino de Juan Cotino, expresidente valenciano, Vicente Cotino fue detenido este martes en la Operación Erial contra una trama de mordidas a cambio de adjudicaciones que tiene en su cumbre a Eduardo Zaplana. Además, el partido reclama al juez de Púnica que impute a Esperanza Aguirre por su responsabilidad en la financiación ilegal del PP de Madrid.
El escrito recuerda que Vicente Cotino está al frente de Sedesa, “que aparece entre las empresas que habría aportado dinero al Partido Popular según lo reflejado en la contabilidad B que llevaba el Sr. Bárcenas”. El propio Cotino integra la lista de los empresarios que admitieron haber financiado ilegalmente al PP. IU también incluye una referencia a la conversación que mantuvieron Cotino y el también empresario Enrique Ortiz en la que aludían a tratos con el entonces conseller de Bienestar Social. En esa época ese cargo lo ocupaba Juan Cotino, hermano de Vicente. Los dos han sido detenidos en la Operación Erial.
Fruto de las investigaciones, añade el escrito, se ha podido determinar “un modus operandi continuado perpetrado por los ex tesoreros del Partido Popular e investigados en esta causa, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, en el que a la vez que han ido recibiendo una serie de entregas de dinero en efectivo para nutrir de fondos las arcas opacas del PP, habrían estado realizando diversas maniobras con otros miembros del PP, con responsabilidades en la administración pública, con objeto de facilitar la adjudicación de obra publica”.
Consideran los abogados de IU que durante la instrucción se han reunido suficientes indicios para afirmar que “de la conducta de los investigados Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, ex tesoreros del Partido Popular, se puede inferir fundadamente que los mismos se habrían concertado para delinquir, siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración, organización y coordinación para el cohecho y el tráfico de influencias, estando por otra parte por determinar sí también otros dirigentes del PP se habrían concertado en la cúspide del partido para desarrollar su plan criminal”.
Declaración y acuerdo con la Fiscalía
Por eso, sostiene que hay que seguir profundizando en la investigación. Así, piden al juez que reclame el vídeo y la transcripción de las declaraciones de Vicente Cotino en el juicio de Gürtel valencia, “así como la documentación referida a los acuerdos alcanzados entre este último y la Fiscalía en el citado procedimiento”.
Además, esta acusación sostiene que también debe profundizarse en las revelaciones de Vicente Moro sobre la empresa Constructora Hispánica. Por ello, reclaman que se cite como testigos a su director general entre 2006 y 2007, José Luis Montesinos, y el exdirector financiero de esa empresa. Moro sitúa a ambos, recuerda el escrito, como las personas que conocían las relaciones entre el investigado Alfonso García Pozuelo, antiguo dueño de la constructora, con Lapuerta y Bárcenas.
También quieren que testifiquen los periodistas relacionados con la supuesta extorsión a Rajoy con un vídeo que revelaba pagos en B. Reclaman además que declare la exdiputada Carmen Rodríguez Flores por sus advertencias al exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega sobre las consecuencias de no colaborar con Lapuerta.
Imputación de Aguirre y el propio PP
En paralelo a este escrito, IU ha presentado otro ante el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, el que investiga el caso Púnica. Reclaman personarse en la pieza sobre la financiación ilegal del PP y pide que se impute a Esperanza Aguirre, como ya pidieron en el caso Lezo. La parte de la investigación sobre la financiación del PP pasó de Lezo a Púnica cuando el juez constató que se trataba de una misma operativa llevada a cabo en años distintos.
“Esta parte entiende que existía un perfecto conocimiento de la mayoría de las actuaciones supuestamente delictivas objeto de investigación en esta pieza separada y que consistían en desvíos de fondos hacia el PP para financiación del mismo u otros fines”, recoge el escrito, que recuerda además las distintas responsabilidades que ostentó en el PP de Madrid.
También reclaman la imputación del propio PP: “De los hechos objeto de investigación en esta causa se desprende de forma indubitada que en el trasfondo de las actividades criminales que realizaba la organización criminal que comandaba Ignacio González, secretario General del PP de Madrid, se encontraba el propio Partido Popular, quien aparece beneficiario directo de las actividades de la trama”.
