La decisión del juez Pablo Ruz de no sentar en el banquillo a ningún dirigente del Partido Popular por los 'papeles de Bárcenas' ha causado un profundo descontento entre las acusaciones populares, que han presentado sus recursos hasta la mañana de este viernes, cuando finalizaba el plazo. Uno de esos recursos solicita directamente la nulidad del auto de transformación en procedimiento abreviado porque “ni los hechos están total y adecuadamente investigados, ni los razonamientos jurídicos se corresponden con una adecuada interpretación y aplicación de las normas penales”.
Observatori Desc considera que el magistrado ha incumplido el artículo 780 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) al no haber acompañado su auto de una diligencia de ordenación que pusiera a disposición de las partes copia de todas las actuaciones que se han realizado durante tres años en el marco de la pieza separada. Sin esa información, razona la acusación popular, no puede presentar sus alegaciones y redactar el escrito de acusación, por lo que queda en situación de indefensión jurídica.
“Llevamos más de tres días sin que este Juzgado haya cumplido con lo previsto y preceptuado en el precitado artículo 780 de la LeCrim, con la consiguiente pérdida de tiempo para instruirnos y solicitar, si fuese necesario y con carácter excepcional, las diligencias que resulten necesarias para la tipificación de los hechos, así como la determinación de los posibles responsables”, dice el recurso, al que ha tenido acceso eldiario.es.
La acusación popular pide que se suspenda el plazo de calificación de los hechos hasta que no se ponga toda la causa a disposición de las partes. De fondo está la salida del juez Ruz de la Audiencia Nacional, que podría producirse a la vuelta de Semana Santa. De estimarse esta decisión, el juez José de la Mata, sustituto de Ruz, tendría aún margen para intervenir en la causa. En cualquier caso, al tratarse de un recurso de reforma, es el propio Ruz el que debe decidir antes de que la decisión corresponda a la Sala de lo Penal.
Por otra parte, Observatori Desc rebate la prescripción de los delitos que menciona Ruz en su auto. Respecto al de falsedad contable, dice que queda consumido en otro más grave, el cometido contra la Hacienda Pública. Ambos delitos están conectados, razona, porque el dinero que fue escamoteado al fisco procede de una falsedad contable, esto es, la existencia de una caja B. Así, el plazo de prescripción aplicable no debe ser el de tres años sino el del cometido contra la Hacienda Pública, que aún no ha prescrito.
“El tesorero no tiene el poder absoluto”
Respecto a la imputación de Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez como responsables de los delitos cometidos por el PP, Observatori Desc discrepa: “Los máximos responsables tienen que ser, de acuerdo con la norma organizadora, los secretarios generales de la organización política, toda vez que el cargo de tesorero y/o gerente no tiene el absoluto poder de dirección y de control”.
La acusación también reprocha al juez que no haya investigado la “cooperación” de los empresarios donantes que llegaron a estar imputados. “El auto recurrido cierra la instrucción de manera incompleta sin haberse realizado una investigación del todo, del conjunto de la trama criminal y de la participación de todos sus integrantes en el único plan preordenado y preconcebido que se muestra en una conjunción de acciones que integran la acción ilícita global”, se queja Observatori Desc.
El descontento de la acusación con el cierre de la instrucción por parte del juez se deja entrever cuando se refiere al punto del auto en el que el juez “lamenta” que la financiación ilegal no haya sido tipificada aún como delito. “De lo que sí cabe lamentarse es de este indebido cierre de la fase de instrucción, decimos 'indebido' porque se dejan hechos sin investigar, se dejan presuntos responsables sin imputar y se declaran prescritos delitos que no lo están; de eso y no de otra cosa hay que lamentarse”, afirma la acusación. Y añade: “La impunidad es el peor de los caminos que puede seguir la Justicia si quiere seguir llamándose así”.