Las acusaciones populares denuncian el “decisivo impulso” del PP al juez que redactará la sentencia de su caja B
Las cuatro acusaciones populares en el caso de la caja B del Partido Popular coinciden en el argumento de que Juan Pablo González, con independencia de su calidad jurídica, debe ser apartado del tribunal porque su carrera ha recibido un “decisivo impulso” por parte del partido cuya financiación irregular va a juzgar.
IU, Adade, Observatori Desc y los socialistas valencianos han presentado ya sus escritos de recusación. Lo hacen después de haber recurrido igualmente la modificación que se ha producido de forma inesperada en la composición del tribunal de la caja B.
Con esta modificación se ha acabado con la mayoría de dos jueces a uno que acordaron citar a declarar a Mariano Rajoy como testigo en otra pieza de Gürtel, la conocida como Primera Época. Las acusaciones también quieren que el presidente del Gobierno comparezca en el juicio de la caja B de su partido.
Las acciones populares han repasado la carrera de Juan Pablo González. De 2001 a 2008, el magistrado fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo propuso la asociación mayoritaria y conservadora APM, pero resultó elegido con el apoyo del Partido Popular en una votación celebrada en el Senado.
En esa votación participaron “destacados miembros” del Partido Popular, responsable civil en el caso de los papeles de Bárcenas o caja B, que además tienen distintas vinculaciones con el caso Gürtel, recupera Adade. Son Jesús Sepúlveda, imputado en la pieza principal. O Esperanza Aguirre, testigo en ese caso. Y Pío García Escudero y Luis Fraga Egusquiaguirre, ambos receptores confesos de fondos recogidos en la contabilidad paralela de Luis Bárcenas. También Tomás Burgos le votó, marido de una exdiputada fallecida y que estuvo imputada.
Según destaca esta misma acusación popular, en la votación, y con los mismos apoyos, resultó también resultó elegido vocal del CGPJ Enrique López, uno de los dos primeros jueces apartados de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. La otra magistrada apartada fue Concepción Espejel, ahora presidenta de la Sala de lo Penal y, como tal, participante en el proceso de modificación del tribunal de Gürtel para hacer cumplir la prerrogativa de la nueva presidenta de la Sección Segunda, María José Rodríguez Duplá, de presidir todos los juicios.
“Existen dudas más que razonables sobre la parcialidad de este Magistrado en cuanto adeuda gran parte de su carrera profesional al apoyo expreso del partido político”, concluye IU respecto de Juan Pablo González.
En los últimos años, González ha seguido recibiendo una estimable ayuda del PP, en este caso ya desde el Gobierno. Entre 2012 y 2015, González desempeñó el puesto de magistrado de enlace en París. Un destino que llevó la firma de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, apunta la acusación de los socialistas valencianos.
Observatori Desc, por su parte, razona que el destino fue concedido a González “cuando ETA había cesado su actividad criminal y, prácticamente, la labor era jurídico-administrativa, un cargo de prestigio, muy bien remunerado y, por ende, codiciado”. “Se podría considerar un precio a su destacada labor como jurista, cuya calidad y méritos ni siquiera se pone aquí en duda”, añade esta acusación popular.
Su aterrizaje posterior en la Audiencia Nacional también está teñido de la influencia del PP. Su nombramiento para la Sala de lo Penal, así como las seis prórrogas en comisión de servicio son fruto de la mayoría de vocales a propuesta del partido en el Gobierno.
Adade: “La última prórroga ha expirado”
Adade va más lejos y asegura que González está en la Audiencia Nacional de forma irregular, ya que “ha excedido el plazo” para estar en comisión de servicios, habiendo expirado la última prórroga el 8 de diciembre pasado, según la normativa vigente. “Carece en este momento de habilitación para mantener sus funciones en el citado tribunal, debiendo cesar y reincorporarse al órgano de origen, pudiendo, en otro caso, incurrir en responsabilidades de diversa intensidad”, destaca Adade.
Todas las acusaciones populares coinciden en destacar la participación del juez González en cuatro seminarios de Faes, la fundación próxima al PP. Los socialistas valencianos recuerdan que una de esas charlas fue impartida junto a Carlos Clemente, viceconsejero de la Comunidad Autónoma de Madrid para el que la Fiscalía pide ocho años de cárcel en la pieza principal de Gürtel. “No es aventurado suponer que su participación en dichos cursos fue remunerada”, añade Adade.
Esta acusación popular también recupera los artículos escritos por el juez González en La Razón, “periódico conocido por su clara afinidad con el Partido Popular” y la representación de los socialistas valencianos remata que su hermano Miguel es abogado y exdiputado del PP por Segovia.
