“El 82% de los 68.285 concejales españoles no podrán recibir remuneración”, ha anunciado el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, arropado por declaraciones de la vicepresidenta Santamaría sobre las bondades de la política gratuita y voluntaria en ciudades y pueblos españoles. Según Montoro, solo “12.188 concejales” cobrarán.
En la rueda de prensa tras el consejo de Ministros, Montoro ha puesto dos ejemplos: “Madrid tiene 57 concejales y quedarían 45 con remuneración. Barcelona tiene 41 y 32 cobrarían”.
En todo caso, Montoro ha expuesto un ahorro derivado de 145 millones entre 2013 y 2015 entre eventuales y cargos electos. Sin embargo, en declaraciones a eldiario.es tras la rueda de prensa, ha confesado no saber cuántos concejales trabajan sin cobrar a día de hoy, y por tanto, cuál es la diferencia real entre la situación actual y la que vivirán los ayuntamientos a partir de ahora.
Es más, según la web Politikon, esto ya ocurre: “En casi todos los municipios de menos de 10.000 habitantes la regla es que los concejales no cobren nada (en algunos tampoco el Alcalde, que sigue compatibilizando el cargo con su trabajo). Pues bien, esto afecta a un total de 7.364 municipios, alrededor del 90% de los pueblos, y toca a un total aproximado de 52.960 concejales. Es decir, que el 77% de los regidores no cobran un sueldo por desempeñar su labor. En los municipios de entre 10.000 y 20.001 personas suele haber en torno a dos-tres personas liberadas en los ayuntamientos. Si asumimos tres, esto eleva al 81% los concejales que no cobran nada por sus funciones municipales. Es decir, aproximadamente ocho de cada diez concejales desarrolla sus funciones por un compromiso personal, no económico”.
El Consejo de Ministros ha remitido al Consejo de Estado la reforma de la administración local. “Tras la aprobación del proyecto de ley de unidad de mercado, ahora acometemos la clarificación de competencias, la sostenibilidad de sus cuentas y la profesionalización de la función local”, afirmó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
En total, el Gobierno prevé con esta reforma un ahorro potencial de “7.129 millones en el perido 2013-2015”. 5.500 de los cuales serán fruto de la clarificación de competencias y de la eliminación de duplicidades (2.232 más 3.282), es decir, de evitar que dos administraciones presenten un servicio. Además de las citadas cifras, se calcula un ahorro de 73 millones por la desaparición de mancomunidades y entidades locales menores, aquellas que no cumplan unos mínimos de eficiencia y calidad. Otros 145 millones de ahorro procederán de la reducción de personal eventual (asesores) y de cargos locales y otros 1.397 millones, por la limitación del sector público local.
El informe del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local pone en manos del Gobierno importantes herramientas para vaciar de competencias a los Ayuntamientos endeudados. El anteproyecto de Ley irá al Consejo de Estado y luego volverá al Consejo de Ministros: “Los principios son la estabilidad financiera y la mejora de los servicios, así como la no duplicidad de competencias con competencias estatales y autonómicas”.
Según el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, se trata de “una de las reformas más ambiciosas que se ha hecho en nuestro país”. La reforma permitirá a las comunidades autónomas rescatar servicios que ahora delegan, o bien cedérselos a los Ayuntamientos a través de un convenio en el que se determine su coste. Eso sí, lo que no ha hecho el Gobierno ha sido reducir 20.000 concejales como prometió el jefe del Ejecutivo.
El Gobierno buscó el acuerdo con el principal partido de la oposición para pactar una ley con el apoyo de ambas formaciones. El acuerdo no se pudo cerrar porque los socialistas acusan al gobierno de usar esta reforma para vaciar a los ayuntamientos de sentido y abrir la mano a la privatización de servicios públicos básicos.
Montoro, sin embargo, aseguró que no se “limitan las competencias de los ayuntamientos”, sino todo lo contrario: “Es una reforma municipalista”. Sin embargo, las Diputaciones salen reforzadas y unas mil mancomunidades desaparecen.
En ciudades de más de 500.000 habitantes tendrán “la referencia del secretario de Estado para su salario, nómina que irá bajando por tramos de población hasta los municipios de mil a dos mil vecinos, cuyo alcalde cobrará un 20% de esa cantidad. Los alcaldes de municipios de menos de 1.000 habitantes no cobrarán. Cada año la ley de presupuestos establecerá el límite máximo y mínimo para los empleados públicos locales. Hay unas diferencias salariales inadmisibles de todo punto”.
Además se aprueba el regreso de interventores y secretarios al cuerpo de funcionarios estatales, lo que concederá independencia a la gestión financiera municipal, según el Gobierno.
Por otro lado, todas las entidades locales y sus empresas y organismos deberán cumplir unos estándares de calidad y de eficiencia, y rendir cuentas en tiempo y forma. Las que no cumplan estos parámetros, o desaparecerán (mancomunidades y sociedades municipales) o deberán ceder sus competencias a las diputaciones (para los municipios de menos de 20.000 habitantes).