Un tribunal de El Salvador admitió hoy el testimonio del expresidente Mauricio Funes (2009-2014) como prueba de descargo para el juicio que afrontarán 18 operadores de una polémica tregua entre las pandillas (2012-2014) y que contó con la venia del Gobierno.
Funes, el primer presidente en llegar al poder de la mano de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), actualmente afronta un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito y está asilado en Nicaragua.
La jueza del Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, Ana Fuentes, decretó este miércoles la apertura a juicio por los beneficios que recibieron los pandilleros encarcelados y también aceptó como testigo a favor de los imputados al actual vicepresidente, Óscar Ortiz, que era alcalde de un municipio “santuario” durante el armisticio.
De igual forma podrán ser llamados a declarar el entonces ministro de Seguridad y actual titular de la Defensa, David Munguía Payés, y el Adam Blackwell, exsubsecretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La jueza dijo durante la lectura de la resolución que admitió las pruebas y testigos ofrecidos por la defensa para que los imputados no quedarán en “indefensión”, luego de criticar el trabajo de los abogados.
Entre los años 2012 y 2014 las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) hicieron un pacto de no agresión para disminuir las cifras de los asesinatos, y que, además del apoyo gubernamental, fue acompañado por la OEA.
“La tregua fue un plan fallido, ya que las estructuras de pandillas nunca dejaron de delinquir” y “no es posible que bajo la bandera de la reducción de homicidios se ampararan ilícitos”, sostuvo la juez Fuentes.
Señaló que entre las pruebas presentadas por la Fiscalía, y que fueron admitidas en su totalidad para el juicio, se encuentra el testimonio de un pandillero que asegura que sus compañeros recibieron diversas prebendas por acceder a la tregua.
Entre estos destacan la entrega pública de armas, de la que en una ocasión fue testigo el exsecretario de la OEA José Miguel Insulza, a cambio introducir teléfonos celulares a las cárceles.
También la inclusión de pandilleros sin tatuajes visibles en el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (Pati), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), con el que recibían entre 100 y 150 dólares mensuales.
El articulo 185 del Código Procesal Penal de El Salvador establece que “toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto sepa y le sea preguntado sobre los hechos que se investigan”.