El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes su intención de reducir en un máximo de 60 días el número de aforados en España. Para esta tarea, el Ejecutivo socialista deberá recabar el apoyo de tres quintos del Congreso para cambiar la Constitución y acabar con esta protección jurídica de la que gozan miles de cargos públicos y funcionarios.
Tener la condición de aforado implica que, en caso de ser juzgado, esa persona lo será por un tribunal superior, distinto al que le correspondería sin ese estatus. El argumento de quienes justifican la existencia de los aforamientos es que esos tribunales superiores están menos sujetos a las presiones políticas. En el caso de los miembros del Gobierno, cuyo aforamiento recoge la Constitución, esta protección “actúa como instrumento para la salvaguarda de la independencia institucional del Gobierno, evitando las presiones de las que en otro caso podrían ser objeto sus miembros”, según recoge la web del Congreso.
En España hay miles de personas que, por su trabajo, tienen la condición de aforados. La mayoría -232.000- son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y unos 17.600 son políticos, jueces, fiscales y miembros de distintas instituciones como el Tribunal de Cuentas, el Consejo de Estado o los defensores del pueblo. También están aforados los miembros de la familia real, a excepción del rey, que tiene inviolabilidad.
En el ámbito político, tienen reconocido el aforamiento el presidente del Gobierno y los ministros, que serán juzgados por el Tribunal Supremo; los presidentes autonómicos y los consejeros de los ejecutivos de la Comunidades Autónomas, que tienen que ser juzgados por el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia, en función de lo que determinen sus Estatutos de Autonomía. También en el ámbito político son aforados los presidentes del Congreso y del Senado, los diputados y senadores, los presidentes de comunidades autónomas y los parlamentarios regionales. Aunque no hay un listado oficial, algunos expertos consideran que el número de políticos aforados ronda los 2.000.
El actual presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, defendió el aforamientos de policías, jueces y fiscales porque es una garantía para el ejercicio de funciones públicas destinadas a la protección de los derechos fundamentales y que “esa garantía se podría alcanzar mediante otros mecanismos distintos al aforamiento, pero siempre teniendo en cuenta que tal garantía es necesaria”. En el caso de los políticos, argumentó que el aforamiento protegía a los cargos públicos de los “posibles excesos” de la acusación popular.
Un cambio de la Constitución
Modificar los aforamientos implica cambiar varias leyes, entre ellas la Constitución. Esta norma recoge la protección jurídica de los miembros del Gobierno, diputados y senadores. El aforamiento de jueces y fiscales viene recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y los estatutos de comunidades autónomas son los que recogen este derecho para los parlamentarios autonómicos.
Para modificar la Ley General del Poder Judicial el Ejecutivo necesita una mayoría absoluta a la que puede llegar sin los votos del PP, pero para modificar la Constitución se necesita otra mayoría. Ese capítulo de la carta magna solo puede cambiarse con el voto de tres quintos del Congreso, 210 diputados.
Antes de que llegue ese trámite, el Ejecutivo debe plantear los detalles de su reforma de los aforamientos. El pasado 14 de septiembre el Ministerio de Justicia informó de que había encargado a la Comisión General de Codificación -un órgano asesor compuestos por expertos juristas- que estudiase “la regulación del aforamiento en España, al objeto de mantener solo aquellos que, de manera excepcional, sean indispensables”. Puso como fecha límite para entregar un informe al respecto el 30 de noviembre.
Un proyecto frustrado de Gallardón
Alberto Ruiz Gallardón plateó una reforma de los aforamientos durante su etapa como ministro de Justicia. Según defendió, aunque no los consideraba un privilegio, entendía que esta figura jurídica no era “un instrumento necesario” para el funcionamiento de las instituciones.
Su proyecto consistía en pasar de los más de 17.000 aforados a solo 22. Solo deberían gozar de ese estatus, defendió, la familia real, el presidente del Gobierno, los presidente del Congreso y Senado, el presidente del Constitucional y del Supremo, y los presidente de los parlamentos autonómicos.
Gallardón ya planteó en ese momento a dificultad de acometer esta reforma por la exigencia de cambiar la Constitución. De hecho, el proyecto no se concretó más allá de las declaraciones públicas del entonces ministro, que dimitió días después de anunciar esta propuesta por la imposibilidad de sacar adelante otra reforma, la del aborto.
Este mismo martes se debate en el Congreso una iniciativa de Ciudadanos en este sentido. El texto que se votará tiene dos puntos. El primero persigue que el Gobierno se comprometa a proceder “en el plazo máximo de tres meses a la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objeto de promover la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno”.
El segundo se refiere a los parlamentarios autonómicos para lo que Ciudadanos aspira a que el Congreso emplace a los Parlamentos regionales en los que todavía no se ha acordado esta medida a cambiar sus Estatutos de Autonomía para dar ese paso.