Del fraude fiscal con la compraventa de material sanitario a una asesoría especializada en la compraventa de inmuebles en Florida. Es el camino que siguió Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con la sociedad que constituyó en Boca Ratón (Estados Unidos) en octubre de 2022, cuando ya le investigaba la Agencia Tributaria por el fraude fiscal que ha derivado en una denuncia de la Fiscalía. La actividad de esa empresa estadounidense se desconoce, pero numerosos datos apuntalan su relación con el sector inmobiliario.
Esta firma, que sigue activa (su último informe anual se presentó el 15 enero), se denomina Burnet & Brown Investments LLC. En ella figuran como administradores Alberto González Amador y el también español César Nieto Moreno, socio de la pareja de Ayuso en España y Panamá. Pero el representante de Burnet –lo que en Estados Unidos se denomina “agente residente”– es un abogado especializado en inversiones inmobiliarias, Steven Serle.
Serle es propietario de Corporate Title, Inc, un despacho en Boca Ratón que, según su web, “ofrece una amplia gama de servicios para facilitar el cierre fluido y exitoso de transacciones inmobiliarias en Florida”.
“Nuestra agencia desempeña un papel fundamental en el proceso de cierre, garantizando que todos los detalles legales y financieros necesarios se manejen meticulosamente. Una de las principales responsabilidades de Corporate Title, Inc es realizar búsquedas exhaustivas de títulos para identificar posibles problemas o gravámenes sobre el título de propiedad. Esto incluye verificar el historial de propiedad, gravámenes pendientes y otros factores relevantes que podrían afectar la comerciabilidad de la propiedad”.
Corporate Title comparte sede con el domicilio de la empresa de la pareja de Ayuso, el 5820 de N. Federal Highway, Boca Ratón (Palm Beach), cerca de la marina de esta localidad de Florida. Allí está ubicada también una delegación de Re/Max, la mayor red de franquicias inmobiliarias del mundo. Su propietario desde hace 25 años es el propio Steven Serle, según explica en su perfil en LinkedIn.
Este abogado, que ha declinado atender a elDiario.es, es “experto en derecho inmobiliario y comercial”, según la web de su despacho en Boca Ratón. Esta ciudad de la costa suroriental de Florida, muy cerca de Miami, es conocida por sus campos de golf, parques y playas.
El registro de esta empresa en Florida se produjo cuatro meses después del viaje que realizó Isabel Díaz Ayuso a Miami entre el 24 y el 28 de junio de 2022. La presidenta madrileña se desplazó al estado norteamericano para buscar inversores y proyectos para la Comunidad de Madrid. Allí se reunió en el condado de Miami Dade con, entre otros, empresarios de la Cámara de Comercio España-EE UU. Le acompañó Ángel Asensio, presidente de la Cámara de Madrid. Fuentes de la Comunidad de Madrid negaron la semana pasada que viajase junto a más empresarios.
La oposición criticó la nula justificación institucional de esa visita, realizada justo después de que la Fiscalía archivara la denuncia contra el hermano de Ayuso por la comisión en la compra de mascarillas para la Comunidad de Madrid, también en lo peor de la pandemia.
Unos días después de ese viaje a Miami, en julio de 2022, González Amador adquirió uno de los dos pisos de lujo en Madrid en los que reside junto a la presidenta madrileña. La Agencia Tributaria acababa entonces de ampliar la investigación que acabó determinando que defraudó 350.951 euros mediante una trama de facturas falsas y empresas pantalla.
620.000 dólares nada más crearse, según una estimación de Moody's
Un informe de inteligencia financiera sobre Burnet & Brown, la sociedad que Alberto González Amador montó en Florida, apunta a que la empresa tuvo una importante facturación al poco de crearse. La fuente es la base de datos Orbis, una herramienta de la prestigiosa agencia de calificación de riesgos Moody´s que recopila información financiera de más de 489 millones de empresas en todo el mundo. Orbis atribuye a Burnet & Brown unos ingresos anuales de 620.000 dólares para el ejercicio 2022, según un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.
La cifra, no obstante, no deja de ser una estimación, ya que en Estados Unidos las cuentas de las empresas no son públicas salvo que coticen en bolsa y Orbis elabora sus informes en base a encuestas y ratios sectoriales.
Esos 620.000 dólares se aproximan al importe de una de las facturas falsas que utilizó González Amador para defraudar a Hacienda. En concreto, los 620.000 euros que giró a su empresa Maxwell Cremona una sociedad mexicana dedicada a la exportación de alimentos, MKE Manufacturing, incluida en la denuncia de la Fiscalía contra la pareja de Ayuso.
El empresario intentó deducirse esa factura en 2020 tras dar un pelotazo con la venta de mascarillas en lo peor de la pandemia. Para ello utilizó a su principal testaferro, el ciudadano mexicano residente en Madrid Maximiliano Niederer, quien le facturó supuestos servicios prestados para la apertura del mercado sanitario en México. Cuando Hacienda preguntó a González por esta factura, el empresario español acabó asegurando que se había anulado.
La Agencia Tributaria dirigió una consulta a las autoridades mexicanas sobre esa transacción el 25 de octubre de 2022, el día en que la pareja de Ayuso creó Burnet & Brown Investments LLC. Esta sociedad en Florida del novio de Ayuso se une a la firma panameña que Alberto González Amador administró hasta 2022, cuando se liquidó, tras los dos ejercicios fiscales por los que está acusado de fraude tributario y falsedad documental.
La sociedad en Panamá, un paraíso fiscal, fue creada en 2013 por Fernando Camino, actual directivo de Quirón Prevención. Camino es además consejero de Mape, la empresa que compró las mascarillas en la operación que supuso 2 millones de euros de comisión para el novio de Ayuso en 2020. El presidente de Quirón Prevención también creó la sociedad pantalla con la que González Amador canalizó parte del fraude a Hacienda. Quirón es el principal cliente de la pareja de Ayuso, según la información de la Agencia Tributaria incluida en la denuncia de la Fiscalía.
El estado de Florida ha emergido en la investigación al novio de Ayuso, aunque esa sociedad en Boca Ratón no figura en el informe de los inspectores de Hacienda que derivó en la denuncia de la Fiscalía. El empresario aseguró que había ingresado esos casi 2 millones en 2020 por intermediar entre una empresa catalana (FCS) y otra gallega (Mape) en la venta de material sanitario en pandemia por valor de 42 millones.
En dicha intermediación, según explicó, participó una sociedad con sede en Florida, IHD Inteconn, según el relato del propio González Amador a los inspectores. Sin embargo, en el Registro Mercantil de Florida no aparece ninguna empresa con el nombre de IHD Inteconn.
Pisos turísticos en Madrid
La sociedad de Alberto González en Florida fue inscrita en la misma semana en que Hacienda notificó a su abogado la ampliación de la inspección abierta en mayo de ese año. El otro administrador de Burnet & Brown, César Nieto, también dirigió la empresa panameña de la pareja de Ayuso. En España Nieto es su socio en una empresa de alojamiento turístico, October Twelve Accommodation SL, creada en Madrid el 17 de marzo de 2022, dos días después de aprobarse la liquidación de esa sociedad en Panamá.
Con un capital de 210.000 euros, la pareja de Ayuso y César Nieto tienen un 40% cada uno en October Twelve. Esta empresa es dueña de dos locales comerciales en el popular barrio de Usera. Los compró el 28 de abril de 2022 y sobre ellos no pesa ninguna hipoteca. Se adquirieron poco antes de que, en 2022, y tras cometer el supuesto fraude fiscal denunciado por la Fiscalía, González Amador comprase también el piso que tiene a su nombre en Chamberí.
Esta vivienda, valorada en más de un millón de euros y en la que el comisionista reside junto a Isabel Díaz Ayuso, tiene una hipoteca de 500.000 euros, muy inferior a su valor de mercado. Se adquirió en julio de 2022, pero no se inscribió en el Registro de la Propiedad hasta que transcurrió un año, tras las elecciones autonómicas de mayo pasado.
A los dos días de anotarse esa escritura en el Registro de la Propiedad, en julio de 2023, se adquirió el segundo piso del que disfruta la pareja, el ático del edificio. Este inmueble está a nombre de Babia Capital SL, una sociedad cuyos accionistas se desconocen y que administra Javier Gómez, el abogado que representó a Alberto González Amador en la inspección que le abrió la Agencia Tributaria.
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