“Confiamos y creemos en sus palabras cuando dice que no tenía ni conocimiento ni responsabilidad en estos casos”. Pablo Casado fue de los pocos dirigentes del PP que salió públicamente a defender a Esperanza Aguirre cuando estalló el caso Lezo. La entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid dimitió dos días después por tercera y definitiva vez. Desde entonces, la Audiencia Nacional ha avanzado en la investigación de los casos de corrupción bajo su Gobierno, desmontando la imagen de la buena gestión bajo la que se ocultaban los amaños y mordidas y estrechando el cerco sobre la expresidenta regional.
Aguirre dimitió tras la detención de Ignacio González por el caso Lezo. Después de declarar como testigo en el juicio de Gürtel, la expresidenta madrileña apenas tenía voz para referirse a quien había sido su número dos, heredero de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. “A lo largo de toda mi vida he buscado la mejor utilización del dinero del contribuyente y jamás nadie ha podido acusarme de haber nada incorrecto. Lo de Ignacio González sería muy lamentable”, afirmó entre lágrimas.
Sin embargo, la investigación que se inició contra su vicepresidente puede costarle algo más que la dimisión y dar al traste con la imagen que ella misma se construyó, en la que solo cabe la autocrítica de haberse equivocado en algunos fichajes. Anticorrupción ahonda en la investigación del amaño para construir un campo de golf en los terrenos del Canal de Isabel II, una operación en la que, según la UCO, González y su entorno se embolsaron una comisión pagada por ACS.
El anterior fiscal del caso, Carlos Yáñez, sopesó pedir su imputación y hora esa decisión está en manos de la fiscal Ana Cuenca. Según la investigación, Aguirre podría haber cometido un delito de prevaricación que ya había prescrito, así que la Fiscalía estudia ahora si se la puede acusar de otro delito, en calidad de colaboradora de González.
Los trabajos de reputación de Púnica
En la trama Púnica avanza otra rama de la investigación que afecta directamente a la presidenta. Los investigadores ahondan en los encargos al empresario Alejandro de Pedro para mejorar la imagen de políticos del PP, que pagaban esos trabajos con dinero público. El último informe de la UCO sostiene que el empresario ingresó 82.000 euros por trabajos para mejorar la imagen de Aguirre y González, unos trabajos que se realizaron en 2012 y que, según la Guardia Civil, se abonaron mediante facturas falsas.
Los investigadores hacen constar en ese informe que hasta el momento “no consta el conocimiento que pudiera tener” Aguirre de esos hechos. La expresidenta tiene en esta pieza imputada a otra persona de su máxima confianza, la exconsejera de Educación Lucía Figar, quien no pudo aguantarse las lágrimas cuando Aguirre anunció su primera dimisión. La ex presidenta dejó pública constancia de su cercanía a Figar cuando dijo que tenía “plena confianza” en que no había cometido ningún delito.
No piensan lo mismo el juez y las dos fiscales del caso. En un escrito reciente al que ha tenido acceso eldiario.es, rechazan dejar fuera de la investigación a un subordinado de Figar en la Consejería porque sostienen que está acreditado que hubo un fraccionamiento de contratos para pagar a De Pedro por sus trabajos. Quienes estaban por debajo de Figar “se concertaron” para saltarse la ley y poder pagar con dinero público al empresario, que realizó campañas al servicio de la consejera y contra la Marea Verde.
La contabilidad 'ad hoc' del PP de Aguirre
La Audiencia Nacional también avanza en la investigación sobre la financiación ilegal del PP de Madrid en tiempos de Aguirre. El juez de Púnica ha unificado esa causa, dividida entre Púnica y Lezo, al considerar que se dieron siempre los mismos métodos pero solo cambiaron los actores, ambos subordinados de Aguirre: primero Granados, luego González.
El juez Manuel García Castellón sigue investigando a las empresas que pagaban actos del PP de Madrid a cambio de ventajas en contratos públicos. En uno de sus últimos escrito sostiene que la formación que dirigía Aguirre diseñó una contabilidad 'ad hoc' para ocultar las partidas electorales que se cargaban a empresas y los pagos en negro.
Además, nombre de Aguirre ha vuelto a sonar estos días en una sala de declaraciones de la Audiencia Nacional. David Marjaliza, el empresario de Púnica, se sentaba de nuevo ante el juez, en este caso para hablar de la caja que hizo la trama con las ampliaciones de Metro. Según la documentación que entregó al juez, el empresario se repartió con Francisco Granados, entonces consejero de Transportes de Aguirre, y con Javier López Madrid, una comisión de 3,6 millones de euros por esas obras.
Explicó que Granados, que luego fue consejero de Presidencia y secretario general del PP, era quien decidía el reparto de las comisiones y exigía que su parte, a diferencia de la de López Madrid, se le entregase en metálico en un sobre. Marjaliza dijo desconocer si Aguirre estaba enterada de este u otros amaños de su consejero, como las comisiones que se llevaba por las adjudicaciones de viviendas públicas.
Marjaliza también explicó la versión de Granados de por qué había dejado de ser consejero de Transportes. Según explicó el político en una cena tras su cese en ese puesto, Florentino Pérez había acudido en persona a quejar a Aguirre por su gestión de los contratos públicos, en los que había dado entrada a empresas medianas, dificultando que compañías como ACS se llevasen las licitaciones. Aguirre apartó a Granados, que apenas llevaba un año en ese cargo.
Las investigaciones avanzan, pero, como durante todos estos años, no han llegado todavía a alcanzar a Aguirre. La ex presidenta madrileña asiste desde su retiro a las nuevas revelaciones sobre la corrupción en sus años de Gobierno sin más molestia que ver su nombre en los titulares. Pero los flecos de Lezo y Púnica pueden llevarla por primera vez como imputada a una sala de declaraciones de la Audiencia Nacional.