La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre se ha desvinculado este viernes en su declaración como imputada en la Audiencia Nacional de todas las cuestiones de los ámbitos económico, administrativo y contractual del PP regional, organización que dirigió durante 12 años, entre 2004 y 2016. “Nunca he hecho, ni he consentido, ni he conocido ni he dejado de ejercer la diligencia necesaria para evitar ningún hecho que fuera una irregularidad y, mucho menos, una ilegalidad en el supuesto de que se hubieran cometido”, ha señalado a la salida en una declaración en la que no ha aceptado preguntas.
Ante el instructor de Púnica, Manuel García Castellón, la expresidenta ha descargado toda la responsabilidad en el que fuera gerente del partido, Beltrán Gutiérrez, con el que ha asegurado que “nunca” despachó y al que no daba instrucciones, aseguran fuentes jurídicas presentes en la declaración. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción sobre el pendrive que la Guardia Civil encontró en casa del exgerente durante un registro con supuestas pruebas de esa financiación irregular, Aguirre ha asegurado que es “imposible” que hubiera una caja B en el partido. “Es mentira”, ha insistido. A Gutiérrez, que está imputado en el marco de los casos Púnica y Lezo, se le atribuyen los cobros de las donaciones que varios empresarios hicieron a Fundescam y que acabaron presuntamente sufragando campañas de Aguirre.
La responsabilidad de nombrar al guardián de la caja fuerte del PP madrileño era, ha dicho Aguirre ante el juez, del PP nacional. El mismo que presidía Mariano Rajoy. Al expresidente del Gobierno, la imputada Aguirre lo ha mencionado en, al menos, otro momento de su declaración, al asegurar que consultaba con él los nombramientos de sus consejeros. La cuestión no es menor si se atiende a que el Gobierno autonómico de Aguirre está plagado de investigados e incluso condenados, empezando por los dos que ejercieron como su mano derecha, Ignacio González y Francisco Granados, o el viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo, en prisión por Gürtel.
Durante el interrogatorio, la expresidenta regional ha mantenido algunos encontronazos con las fiscales del caso, Carmen García y Teresa Gálvez, a las que ha acusado de empeñarse en que “Fundescam era el Watergate”. El sumario de Púnica contiene indicios de que esa fundación adscrita al PP regional y que Aguirre presidió hasta 2010 fue utilizada como herramienta de desvío de fondos públicos hacia el partido.
Aguirre también se ha negado a responder a cuestiones formuladas por las representantes de Anticorrupción sobre el tamayazo o sobre por qué se volvió a contratar en el PP de Madrid con el mismo sueldo al exgerente Beltrán Gutiérrez después de que dimitiera tras ser condenado por el uso indebido de la tarjeta de crédito de Caja Madrid cuando fue consejero de la entidad financiera.
La expresidenta madrileña también ha provocado las suspicacias del juez García Castellón. Ha sido al abordar uno de los indicios que existen contra ella, la reunión de principios de 2004 en la que presuntamente se dieron instrucciones para conceder adjudicaciones a Horacio Mercado, uno de los empresarios que habría financiado irregularmente al PP. Ella ha dicho que no fue una reunión, que se produjo “de noche” y que solo tuvo por fin que el empresario mostrara el logo que había diseñado para la campaña “Madrid, la suma de todos”.
García Castellón, sorprendido por que describiera como casi una improvisación una reunión con todos los consejeros de la Comunidad de Madrid y su presidenta, ha dicho a la investigada si se imaginaba que el presidente estadounidense, Donald Trump, “salvando las distancias”, se dedicara a recibir proveedores de la administración, informan fuentes presentes en la declaración.
En otro momento de la declaración, la expresidenta también ha negado haber despachado con Francisco Granados sobre la sociedad pública de gestión de suelo Arpegio y las obras del Plan Prisma, un plan ideado bajo su Gobierno para hacer infraestructuras en los municipios madrileños y que contó entre 2006 y 2011 con un presupuesto de 1.000 millones de euros. La Audiencia Nacional investiga si este plan encubrió el pago de mordidas.
En un momento dado, y preguntada por otra empresa pública bajo la lupa de la supuesta financiación irregular, Aguirre ha dicho que estaba “mosca” con el coste de las estaciones de Metro, una de las banderas de su primera época en el Ejecutivo autonómico. Las fiscales han replicado rápidamente y le han preguntado qué quería decir con “mosca”. Aguirre ha reculado y ha dicho que lo retirara, momento en el que el juez García Castellón le ha dicho que eso no es posible y que su declaración estaba siendo grabada.
Aguirre, supuesta “supervisora”
El sumario del caso Púnica la sitúa indiciariamente al frente de la trama de financiación irregular del PP madrileño y de los cuatro mecanismos utilizados para inyectar al partido fondos ajenos al circuito legal: las partidas de publicidad de las consejerías para lo que se llegó incluso a cambiar la ley, los contratos del departamento de Transportes y Presidencia de Francisco Granados, las subvenciones a Fundescam y las licitaciones de las empresas públicas ICM y Canal de Isabel II pilotadas por Ignacio González. Ese dinero habría servido al PP regional para ir dopado a las autonómicas de 2007 y 2011, en las que arrasó con mayoría absoluta. El mismo modus operandi se reproduciría a nivel local en las generales de 2008.
El juez García Castellón describió el presunto rol de Aguirre como jefa de la trama en el auto del pasado 2 de septiembre en el que decretó su imputación. “Desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del PP de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”, señala el magistrado.
Los investigadores sospechan, por tanto, que ella fue la líder de un plan para financiar con fondos públicos campañas electorales que tuvo como “ejecutores” a sus principales colaboradores en sus diferentes gobiernos y en el PP regional: Ignacio González y Francisco Granados. Y también al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, que este lunes la situó ante el juez en la reunión de 2004 en la que se habrían dado instrucciones para favorecer a un empresario vinculado al partido.