El agujero de 100 millones en el Campus de la Justicia llega a la mesa de Anticorrupción

El proyecto del Campus de la Justicia se inició en 2004 bajo la presidencia regional de Esperanza Aguirre, aunque las primeras ideas habían surgido ocho años antes, cuando Alberto Ruiz Gallardón planteó unificar las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Una década después de que se colocase la primera piedra el legado de esas aspiraciones megalómanas son un único edifico sin uso y un agujero de 100 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene en su poder un extenso informe elaborado por la oposición de la Asamblea de Madrid que recorre todas las irregularidades y concluye que se han cometidos delitos de administración desleal y apropiación indebida.

El documento consta de 85 páginas y reúne la información que ha podido conseguir la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid en endeudamiento de la región. No ha sido fácil, lamentan los diputados, porque faltan facturas y contratos, y en muchos casos no han logrado obtener el testimonio de los actores principales de este proceso. Aún así, han decidido llevar a la Fiscalía de Madrid las irregularidades que se cometieron durante los últimos años en torno al Campus con el convencimiento de que “un agujero negro de más de 100 millones de euros no puede quedar en la impunidad”. Este informe amplía uno entregado ya en 2016. Además, aún está pendiente de conocerse el análisis de la Cámara de Cuentas sobre el proyecto.

El relato de los parlamentarios comienza con la constitución de la sociedad que iba a gestionar el Campus, que nació “con incertidumbres significativas sobre la viabilidad técnica y económico-financiera”. La financiación del proyecto se condicionó a la venta de las antiguas sedes judiciales, que aportarían 218 millones de euros, lo que provocaba que cualquier “situación imprevista” afectase al desarrollo de las obras.

Se construyó el edificio “más pequeño y barato”

La nueva sociedad se llenó de cargos afines al PP, sin consejeros independientes y con una política de contratación “clientelar”. Con unos gestores sin formación suficiente, pronto se hizo necesario contratar a la consultora Bovis Lend Lease, que actuó como una subcontrata que se ocupaba de la operativa diaria del proyecto. Isabelino Baños, señalado por los parlamentarios como uno de los artífices del fiasco del proyecto, trabajó primero en esa empresa, la contrató ya desde su cargo en el Campus, y regresó a ella cuando en plan de unificar las sedes ya no era viable.

El informe destaca la constante improvisación de los gestores, que no reaccionaron ante los problemas económicos. El director general de la sociedad que gestionaba el Campus, Miguel Giménez de Córdoba, resumió en una frase el funcionamiento caótico del proyecto: “Ante las presiones de iniciar la construcción del Campus, a sabiendas que no tenía futuro, se optó por construir el edificio del Instituto de Medicina Legal, porque era el más pequeño y el más barato”.

El apoderado de la sociedad, Javier Rodríguez Fernández, también apuntó al descontrol en la gestión: “Se aportaban recursos según se iban necesitando y con poca antelación; no había un programa de financiación a corto, medio o largo plazo, ¡solo se funcionaba con la tesorería! Es decir, ¿cuánto tengo en caja? 6 millones; pues vale. ¿Que no? ¡Una ampliación de capital! ¡Venta de un inmueble!”.

Un grupo de personas que actuaba sin control

Giménez de Córdoba se rodeó de cargos afines a PP en cuya contratación no medió concurso público alguno. Tampoco en las primeras contrataciones con empresas, recoge el documento: “En numerosas ocasiones, se prescindió de procedimientos de publicidad y libre concurrencia, recurriéndose a la contratación directa sin mediar concurso de ningún tipo”.

En ocasiones, ni concurso ni siquiera contrato. Los diputados de la oposición se han encontrado con que hay facturas giradas a empresas sin que haya un contrato firmado de por medio. Cuando se hizo concurso, en muchas ocasiones, este estaba condicionado “por un grupo de personas que actuaban sin otro control que el que se impusieran ellos a sí mismos”. Algunos de esos contratos fueron a parar a empresas vinculadas con Púnica y Gürtel.

Las comparecencias de Giménez de Córdoba y otros cargos llevan a la oposición a concluir que “se carecía de una estrategia global sobre cómo debía materializarse ese proyecto, ni sobre cómo organizar el proceso que conduciría a él, ni siquiera sobre su impacto económico”. El documento repasa también las dificultades para encontrar unos terrenos viables, ahora desechados y llenos de socavones.

Abogados de renombre sin mediar concurso

El informe que ya tiene la Fiscalía hace hincapié en los concursos de ideas que se hicieron en 2005, 2006, y 2007 para que el Campus fuese un referente artístico-arquitectónico. Los impulsores del proyecto pensaron en que el sello debía ser la forma circular de los edificios, lo que derivó en “construcciones de mayor coste y menor eficiencia de explotación”.

Así, se organizó un concurso de ideas que daba premios económicos a casi todos los participantes. Al estudio del prestigioso Norman Foster se le contrató sin concurso alguno, recoge el informe, que incide en que “parcelar los concursos” -por un lado diseño, por otro construcción- encareció el proyecto porque hizo prevalecer la función estética sobre la práctica.

El propio Giménez de Córdoba explicó que la entrada de Foster y otros arquitectos de renombre duplicó el coste previsto de los dos edificios que iba a construir: “En la mayoría de los edificios se empezó a barajar la cifra no ya de 1.000 o 1.100 euros metro cuadrado, sino que nos movíamos en el entorno de los 2.000 e incluso superados”. En total, el estudio de Foster recibió 13 millones de euros, estima el informe, sin que se llegase a realizar ninguna obra.

Al encarecimiento del proyecto también ayudó que las primeras sedes judiciales que se pusieron en venta se compraron por mucho más dinero del previsto, en algunos casos un 60%. Los años de auge de la burbuja inmobiliaria aumentaron el precio de esos inmuebles hasta los 450 millones de euros en el caso de los juzgados de Plaza Castilla.

Sueldos de 11.000 euros al mes

Al agujero que supuso el concurso de ideas se sumaron los desorbitados sueldos que la consultora Bovis Lend Lease reclamó para sus cargos. Esta compañía firmó un primer contrato de 943.050 euros, pero acabó percibiendo un total de 4 millones de euros, que en el primer modificado del contrato -año 2007- reclamó sueldos de entre 6.500 euros al mes hasta 11.000 para los perfiles profesionales que requería el proyecto.

Un año más tarde se acordó otro modificado de contrato que reclamaba nuevos sueldos, ahora hasta 12.000 euros al mes. Los parlamentarios también llaman la atención sobre que Bovis Lend Lease se hizo con el contrato de consultoría en una licitación controlada por su exempleado, Isabelino Baños.

Junto a esta asesoría hubo otros contratos con despachos de abogados, siempre prescindiendo de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. KPMG hizo la auditoría mientras era contratada por asesorar a la sociedad, según acreditan varias facturas adjuntadas al informe.

Un liquidador afiliado al PP

La razón de los constantes contratos de asesoría era “la incapacidad de los gestores para resolver cualquier gestión, por pequeña que fuese”, debido a su falta de formación. En algunas ocasiones solo constan las facturas a los diferentes despachos de abogados, algunos vinculados a cargos del PP, y no los contratos. Algunos pagos se hicieron cuando la sociedad ya no tenía actividad.

El documento reserva también algunos capítulos para el enorme gasto en publicidad, sobre todo en compra de espacios en medios, y para el agujero que supusieron los contratos de seguridad, que han continuado generando gastos durante los últimos años. El desmán acabó con la liquidación de la empresa por parte de Miguel Ángel Fernández Campos, quien “resultó ser un militante del Partido Popular sin cualificación ninguna para semejante cometido”.

La oposición concluye que, a pesar de las dificultades para recabar información y de que aún hay pagos pendientes que no han podido cuantificar, el agujero asciende a más de 100 millones de euros. Eso contando con que la valoración del único edifico construido “presenta incertidumbres importantes, derivadas de su situación actual de abandono, de estar inacabado”.

“Hay un edificio construido, pero sin uso, hay unas obras de urbanización sin concluir, un espacio urbanístico sin desarrollar, una empresa de seguridad a la que se sigue pagando por vigilar en recinto, y, como hemos señalado, parece que aún están vivas algunas reclamaciones de diferentes empresas y profesionales”, resume la oposición, que insiste en que deben depurarse responsabilidades penales