La jueza Mercedes Alaya ha arremetido duramente hoy contra el poder político, que a su juicio trata de politizar al poder judicial y protagoniza preocupantes injerencias en la Fiscalía, hasta el punto de que “la independencia del poder judicial se está tambaleando de manera extremadamente grave”.
“A medida que más casos de corrupción hay, más cortapisas nos ponen a los jueces para luchar contra ellos” ha dicho la magistrada en una conferencia en el Ateneo de Madrid, en la que se ha mostrado especialmente crítica con el Gobierno y el poder político y en la que ha tachado a la Fiscalía como “el representante del Gobierno”.
Alaya cree que “la mayor injerencia política” en los procedimientos judiciales radica en la elección del fiscal general del Estado y de otros altos cargos judiciales por el Gobierno, que “no son elegidos por criterios objetivos sino porque son más dóciles a los partidos políticos”.
No ha mencionado la magistrada la dimisión del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, aunque sí que se ha cuestionado “cómo es posible que pudiera tener esa sociedad en un paraíso fiscal” cuando los jueces no pueden “tener absolutamente ninguna participación en ninguna sociedad”.
Sí que ha dicho que la actuación de Moix en el caso Lezo, donde se negó a practicar un registro, es prueba de “la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Fiscal” aunque ha valorado positivamente que finalmente se saldase con la “valentía” de los fiscales del caso que discreparon con Moix y convocaron a la junta de fiscales.
Pese a que no ha querido criticar a los representantes del Ministerio Público, se ha mostrado contraria a que se hagan cargo de la instrucción como quiere el Gobierno, algo que solo podría plantearse con “un fiscal absolutamente independiente”.
La jueza de la Audiencia Provincial de Sevilla ha señalado que “se está tratando de politizar absolutamente al poder judicial” y que “los poderes públicos venden a bombo y platillo leyes para agilizar la Justicia, que en realidad lo único que ponen son más cortapisas y amarres a los jueces para luchar contra los delitos contra la Administración y para coartar la independencia judicial”.
Y aunque ha defendido la independencia de los magistrados, Alaya ha apuntado que en estas condiciones “el camino está servido para que el poder político robe al judicial su principal fuente de legitimación (...) que es controlar al poder ejecutivo”.
Por eso, la acusación popular “hace más falta que nunca” porque es la “la única salida para la permanencia y pervivencia de los procedimiento judiciales”.
La magistrada, conocida por haber instruido el caso de los ERE de Andalucía, también ha arremetido contra algunas medidas estrella del Ejecutivo como su voluntad de eliminar el papel en los juzgados, algo que ha tachado de “inútil”, o su intención de suprimir las macrocausas, lo que a su juicio es imposible.
Es necesario, ha reivindicado Alaya, que se dote al poder judicial de independencia presupuestaria para evitar que los altos cargos “tengan que estar al calor de los partidos políticos” o “limosneando fondos”, así como el fin de las puertas giratorias.
También ha propuesto la existencia de un Consejo General del Poder Judicial “despolitizado”, un Ministerio Fiscal “sin injerencias” y un pacto de estado por la Justicia.