La sentencia del procés que ha desembocado en una oleada de protestas, algunas muy violentas en Catalunya, y su hundimiento en las encuestas -son varios los sondeos que sitúan a Ciudadanos por detrás de Vox- ha llevado a Albert Rivera a impulsar un programa electoral para el próximo 10 de noviembre que se resume en más dureza contra el independentismo.
Entre las principales soluciones que incluye el programa que está ultimando el partido y previsiblemente aprobará este lunes, figura, por supuesto, la aplicación del artículo 155 de la Constitución que atribuye al Gobierno central la potestad de cesar al Govern de la Generalitat, según se recoge en el borrador al que ha tenido acceso eldiario.es. y en el que se plantean 250 medidas.
Los de Rivera son más duros incluso que el PP, cuyo secretario general, Teododro García Egea, ha dejado este viernes la puerta abierta a un “mayor autogobierno” “si Catalunya no es desleal con España”, según ha dicho en un desayuno informativo. Ciudadanos tampoco se plantean ninguna solución “dialogada” al conflicto.
Por el contrario, Ciudadanos deja claro en el capítulo 10.1. relativo a “Defender la unidad de España y garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos” que si gobiernan, no esperarán a que los hechos se desborden y aplicarán de inmediato el 155 para suspender la autonomía “hasta asegurar el restablecimiento de la Constitución en Cataluña para garantizar la seguridad y la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales”.
Esto incluye el control de las cuentas autonómicas, que el Estado recupere las competencias penitenciarias y la gestión de las cárceles, ahora en manos de la Generalitat. Además el programa anuncia que reforzarán “los instrumentos de la Ley de Seguridad Nacional” y plantearán que los Mossos pasen a depender del ministerio del Interior. Junto a esto, añaden la reforma de la ley de indultos para que no haya “ningún resquicio de impunidad” para “los condenados por rebelión, sedición, terrorismo y corrupción, delitos que quieren ”actualizar en el Código Penal“.
Según el partido, esos cambios se plantean para “mejorar los instrumentos para proteger a los españoles de los golpes de Estado en el siglo XXI” y sobre todo con el objetivo de que los “huidos de la Justicia” -como Carles Puigdemont y otros exconsellers-, no puedan presentarse a las elecciones y pierdan automáticamente sus derechos y cargos.
Ciudadanos se compromete también a cerrar “las ‘embajadas’ autonómicas que actúan contra el interés general de España”. “Lo haremos -explican-, a través de reforma de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior”, dotando al ministerio de Asuntos Exteriores de competencias para prohibir la apertura o decretar el cierre de embajadas autonómicas que no sean necesarias o que se dediquen a poner en cuestión la política exterior de España“.
Igualmente, el partido de Rivera promete prohibir las subvenciones “a las asociaciones que hacen apología del separatismo o de la violencia o que se dedican a amedrentar y hacer escraches a quienes no piensan como ellos”, para que no se financien “con dinero de todos”.
En cuanto al sistema de financiación autonómica se compromete Ciudadanos a que no haya “privilegios” y a reformar el llamado 'cupo vasco' “opaco y politizado”, para garantizar “la solidaridad territorial en las mismas condiciones” que el resto de comunidades.
Los de Rivera piden que haya una asignatura sobre la Constitución obligatoria y evaluable en toda España, garantizar el castellano como idioma oficial y evitar que las lenguas cooficiales “nunca sean una barrera” para poder acceder a un puesto de trabajo.
Debido al pacto que firmaron con UPN y el PP, han sacado del programa las alusiones al régimen especial económico foral de Navarra, pero mantienen su compromiso de suprimir la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna que contempla la posibilidad de anexión de Navarra por el País Vasco.
El programa vuelve a incidir en la necesidad de una reforma electoral para que, entre otras cosas, los partidos nacionalistas necesiten un mínimo del 3% del apoyo nacional para entrar en el Congreso con el fin de que “España no dependa de los que quieran romperla”. La reforma eleva este umbral hasta el 6% para las coaliciones electorales. También insisten en que los debates electorales sean obligatorios.
El resto del texto, en general, no cambia mucho respecto al elaborado para las anteriores elecciones del 28A. No obstante, el de la nueva convocatoria incluye las propuestas que ha ido ampliando estas semanas Albert Rivera en sus actos de precampaña, como un Pacto de Estado contra la España Despoblada, ayudas para el mundo rural o para las familias con bajadas de impuestos.
En el capítulo 10.2 referente a “Defender la memoria de las víctimas del terrorismo”, Ciudadanos se compromete a “perseguir a quienes promuevan actos de enaltecimiento del terrorismo y humillen a las víctimas. Multaremos a los responsables y prohibiremos que las administraciones que respalden dichos actos accedan a contratos y subvenciones”, sin especificar a qué grupos se refiere la medida.
No obstante, en el punto 228 de ese capítulo, se especifica que impulsarán “el esclarecimiento de los 379 casos de ETA que todavía siguen sin resolver” Instaremos a la persecución penal internacional de las docenas de miembros de ETA todavía huidos y que nunca han llegado a ser enjuiciados ni dentro ni fuera de España por los crímenes cometidos.