Alberto Casero, el 'fontanero' del PP investigado por corrupción que se ha equivocado al votar la reforma laboral

Alberto Casero (Cáceres, 1978) era hasta ahora un diputado de la tercera fila de la bancada del PP, no muy conocido fuera de Extremadura, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera política. Uno de esos políticos que se mueve fuera de los focos, en labores de fontanería política, en su caso tratando de controlar los cambios en los liderazgos territoriales del partido. Este jueves se ha convertido en el diputado más buscado del Congreso después de que su error al votar la reforma laboral del Gobierno haya permitido que salga adelante por un solo voto, después de que los parlamentarios de UPN cambiasen su posición y votaran que no.

Casero, licenciado en derecho, es diputado desde 2019, el mismo año en el que ascendió a la dirección del PP nacional. Es secretario de Organización del partido y trabaja mano a mano con Teodoro García Egea. Algunas informaciones le han situado dentro de las maniobras del partido para captar a desencantados de Ciudadanos y atraerlos al PP con la ayuda de Fran Hervías. Desde el pasado noviembre comanda los trabajos del partido con los presidentes provinciales para definir la estrategia electoral y también ha estado implicado en las decisiones internas del partido para elegir líderes en distintos territorios. Entre sus últimas labores estuvo la de anular las cenas de navidad del PP, una decisión que volvió a enfrentar a Isabel Díaz Ayuso con la dirección del partido.

Sus orígenes políticos están en Trujillo. Se afilió a las juventudes populares del municipio en 1997 y solo cuatro años más tarde tenía ya un puesto en el comité ejecutivo provincial del PP de Cáceres y ascendió a vicesecretario en 2004. Con 33 años, en 2011, se convirtió en alcalde de Trujillo, y permaneció en el puesto hasta 2019. Ese año decidió dar el salto a la política nacional y encabezó la lista del PP por Cáceres en las elecciones nacionales; en las municipales, su partido perdió tres concejales en Trujillo y la Alcaldía pasó a manos del PSOE.

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento desembocó con una investigación contra Casero. Según publicó El Plural el pasado mes de noviembre, el juzgado de instrucción número 2 de Trujillo tiene una investigación abierta por un posible delito de prevaricación continuada contra él. Al ser aforado, el juzgado está aún recabando información y documentos antes de decidir si eleva la causa al Tribunal Supremo. La corporación del PSOE ya había denunciado ante el Tribunal de Cuentas una serie de reclamaciones de pagos que habían hecho algunas empresas, y que el nuevo alcalde dudaba de su legalidad.

Quienes han coincidido con él en política dicen que Casero nunca ha destacado por ser un parlamentario brillante, sino más bien el encargado de difundir los argumentarios del partido delante de un micrófono, agarrado siempre a los argumentos políticos que se dictaban desde la dirección del partido.

En Extremadura está enfrentado a José Antonio Monago, porque está encuadrado en el bando del presidente provincial del PP de Cáceres, Laureano León. Algunas fuentes afirman que su cercanía a Génova le ha llevado a impulsar la candidatura de una concejala de Cáceres, María Guardiola, para ser el relevo de Monago y enfrentarse al alcalde de Plasencia, que es el único que ha anunciado su intención de presentarse para liderar el PP de Extremadura, informa Santiago Machado.

Error al votar la reforma laboral

Casero se ha convertido en el protagonista involuntario de la votación de la reforma laboral al equivocarse con el voto telemático. La versión del PP, sin embargo, es que no hay error humano ninguno, y que todo se debe a un fallo informático: sostienen que su diputado pulsó el botón correcto, pero que un fallo en la aplicación informática ha cambiado el sentido de su voto. Cuando se ha percatado, se ha presentado en el Congreso para intentar votar, según el PP.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha salido a explicar lo sucedido ante los medios de comunicación, aunque no ha aportado ninguna prueba que confirme la versión del diputado. Según ha relatado, el grupo parlamentario y la vicepresidenta segunda de la Mesa, Ana Pastor, “han puesto en conocimiento de la presidenta [Batet] -antes del inicio de las votaciones- que había una anomalía y que, por tanto, el sentido del voto que ese diputado había emitido no era el que constaba en el certificado”.

“Cuando se ha producido la votación se ha contabilizado un voto que, previamente, se había puesto en conocimiento que ese no era el sentido de su voto”, ha señalado. Además, Gamarra ha lamentado que la Mesa del Congreso no haya abordado este asunto. Desde el PP solicitan que “se rectifique” esta actuación. “La convalidación de ese Real Decreto solo es posible teniendo en cuenta un voto que se ha emitido con sentido diferente al contabilizado por parte de la Presidencia de la Cámara”, ha planteado.

Las fuentes oficiales de la Cámara Baja consultadas por este diario descartan, sin embargo, que pudiera producirse una situación como la descrita por el PP porque existe un sistema de doble verificación de los votos telemáticos. Y recuerdan que, una vez emitido el voto telemático, este no se puede suspender para votar de forma presencial, ni se puede cambiar. Miembros del grupo parlamentario se han reunido con Batet para abordar este asunto, desde el PP aseguran que llegarán “hasta el final en las reclamaciones pertinentes para que se haga justicia”.