Alberto Casero reconoce ante el Supremo irregularidades en los contratos por los que está imputado pero niega haber delinquido

Alberto Casero, diputado del Partido Popular y exalcalde de la localidad extremeña de Trujillo, ha comparecido este lunes como imputado en el Tribunal Supremo por diversos contratos adjudicados de forma supuestamente irregular en su etapa como regidor del municipio. Una comparecencia en la que, según fuentes jurídicas, ha reconocido la posibilidad de que existieran irregularidades en la tramitación de estos contratos pero en ningún caso una actuación delictiva y prevaricadora, sino un asunto de carácter administrativo.

El diputado del Partido Popular está siendo investigado por la adjudicación supuestamente irregular de cinco contratos por un valor total de 94.000 euros entre 2017 y 2018. Contratos para contar con un psicólogo especializado en violencia de género, un tour de gastronomía peruana, una entrega de premios culturales y la organización de la Feria del Queso de la localidad dos años consecutivos.

Casero no ha ofrecido detalles a los medios de comunicación nada más finalizar su declaración. Ante los micrófonos, el exalcalde de Trujillo y diputado ha asegurado que su comparecencia “ha ido bien, con normalidad” y que ahora esperará “la decisión de la Justicia” sobre si debe ser o no juzgado. “No he dicho nada durante el resto del proceso y lo mejor es seguir así hasta que los jueces no hablen”, ha añadido.

Ha comparecido voluntariamente tras ser llamado por el juez instructor, Andrés Palomo, porque considera que “no hay nada que ocultar” así como para “aportar cuestiones nuevas y aclarar algunas dudas”. El juez y la Fiscalía le atribuyen, por el momento, un delito de prevaricación administrativa al entender que se saltó múltiples procedimientos de contratación para adjudicar estos contratos.

Alberto Casero fue el diputado del PP que protagonizó el error a la hora de votar que facilitó la aprobación de la reforma laboral del Gobierno. El parlamentario, que votaba de forma telemática, votó por error a favor de la reforma laboral a la que su partido se oponía. Su voto, después del cambio de parecer de los diputados de Unión del Pueblo Navarro, fue clave para sacar adelante la norma.

La causa por la que ahora está imputado arrancó en un juzgado de la localidad, que terminó enviando a la sala segunda del Tribunal Supremo cuando encontró indicios suficientes contra él. Los investigadores dicen sobre uno de los contratos investigados que Casero “no informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito ni se instruyó expediente de contratación ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto”. Se refieren al psicólogo contratado por el consistorio cuyos servicios no constan a la Justicia.