- Dos de los asistentes a la protesta que bloqueó el acto, y que se saldó con una agresión a la presidenta de las Cortes de Aragón, interponen una demanda
La primera demanda por los altercados ocurridos durante la asamblea de diputados y alcaldes convocada por Unidos Podemos para pedir un diálogo entre los gobiernos de Catalunya y España tiene como objetivo a las personas que fueron bloqueadas, insultadas e incluso agredidas. Un juzgado de Zaragoza ha admitido a trámite una demanda interpuesta por dos de los asistentes contra, entre otros, Alberto Garzón y Pablo Echenique por usar el apelativo de “nazis” contra los manifestantes.
Ambos han sido citados a un acto de conciliación el próximo 17 de noviembre, según avanza El Periódico de Aragón y ha confirmado eldiario.es. Además del coordinador federal de IU y del secretario de Organización de Podemos la demanda se extiende contra la diputada autonómica de este mismo partido, María Teresa Arévalo; la periodista y candidata en las elecciones generales del 26 de junio por Zaragoza, Rosa María Artal; el dirigente de Ezker Anitza (IU en Euskadi), Xabier Pombo; y el catedrático Francisco Javier Lucas.
En declaraciones a eldiario.es, Garzón se ha mostrado sorprendido por la citación: “Así que no solo nos rodean, nos insultan y nos encierran sino que además nos denuncian. Qué bien”.
Echenique, por su parte, ha confirmado a eldiario.es que no tiene intención de retractarse, tal y como exigen los demandantes. El secretario de Organización de Podemos recuerda que la concentración fue convocada “por un grupúsculo local de ideología fascista” y que en ella se corearon consignas como “contra la traición, ejecución”.
Echenique considera que sus declaraciones “describen adecuadamente” la “concentración violenta como una concentración de ultraderecha y en ningún momento hacen referencia a personas individuales”.
El juzgado de Primera Instancia número 17 de Zaragoza ha admitido a trámite la demanda y ha convocado un acto de conciliación que se producirá el próximo 17 de noviembre. El tribunal lo preside el juez José Julián Nieto Avellaned, miembro de la minoritaria Asociación Foro Judicial Independiente.
Los demandantes están asistidos por la abogada Irene Romea, según el diario aragonés. Romea, quien en 2014 fuera candidata de UPyD para las elecciones europeas, alega en su escrito que “han sido acusados de nazis y de neonazis a sabiendas de que es falso”.
Los demandantes quieren que Garzón, Echenique y el resto de demandados se retracten o, si no, interpondrán una querella por injurias y calumnias. En su escrito, la abogada pide que los diputados y el catedrático reconozcan que durante la protesta no se exhibieron símbolos nazis como la cruz gamada.
Echenique concluye: “Es nuestra obligación señalar públicamente los elementos violentos y reaccionarios que pretenden intimidar a los que defienden de manera pacífica sus ideas. Por eso no nos cansaremos de denunciar a los fascistas y de decirles que no les tenemos miedo. Para ser demócrata, hay que ser antifascista”.
Encerrados sin protección policial
La asamblea de diputados y alcaldes se celebró el pasado 24 de septiembre en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza. Convocada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea, reunió a cargos electos de partidos como PNV, ERC, PDeCAT, además de alcaldes como los de A Coruña o Santiago.
Las decenas de asistentes al acto fueron increpados e insultados durante su entrada al recinto municipal ante la pasividad de la Policía Nacional, cuyo despliegue para proteger a las autoridades que acudieron a la convocatoria fue insuficiente.
Uno de los manifestantes arrojó una botella de plástico contra la presidenta de las Cortes de Aragón, la dirigente de Podemos Violeta Barba.
Desde de la organización aseguraron que la Policía Naciona les había explicado que no tenían efectivos suficientes para garantizar la seguridad de quienes abandonan el recinto porque muchos estaban en Catalunya. En este sentido se pronunció el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y Jaume Ciurana, portavoz del Grupo Municipal del PDeCat en Barcelona.
Los diputados presentes tuvieron que llamar directamente al Gobierno de Mariano Rajoy para protestar por la ausencia de policías. Minutos después de la llamada, un grupo de efectivos llegó para reforzar el dispositivo y se pudo desalojar a los cargos bloqueados.