El exdiputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, a quien el Congreso le retiró el escaño el pasado 22 de octubre a raíz de su condena por pegar a un policía en 2014, mantiene su pugna con la Justicia para tratar de recuperar su condición de parlamentario. La lucha por volver al Congreso está centrada en la presentación de recursos ante los tribunales al margen ya de la formación confederal que Rodríguez abandonó tras su polémica salida de la Cámara Baja, y se ha fortalecido más de un mes después de que se conociera el fallo del Tribunal Supremo, que le condenó a 45 días de prisión, sustituida por una multa de 540 euros, y la prohibición de ejercer el sufragio pasivo.
El miércoles, el exparlamentario interpuso en el Supremo un incidente de nulidad tratando de que el Alto Tribunal anule su condena, que aún no ha recibido respuesta. Los abogados de Rodríguez entienden, entre otras cosas, que su condena ha vulnerado su derecho de representación política y que igualmente se ha visto afectado su derecho de reunión y manifestación.
El incidente de nulidad es un movimiento pensado para aquellas ocasiones en las que el condenado considera que una sentencia ha vulnerado sus derechos fundamentales en algún aspecto que no ha podido ser denunciado antes de recaer sentencia firme sobre el caso. La sentencia contra la que se interpone, como en este caso, no debe ser recurrible por la vía ordinaria. Y el incidente de nulidad es considerado, además, como un requisito previo para poder interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la vía a la que pretenden recurrir los abogados el exparlamentario.
Estos letrados consideran que se ha vulnerado el derecho fundamental de Rodríguez “a la presunción de inocencia, al juez imparcial, a la tutela judicial efectiva, a un proceso con las debidas garantías, a la libertad de reunión y de manifestación, a la representación política, al principio de legalidad y el principio de proporcionalidad como principio rector que debe informar el derecho penal”.
El escrito presentado por Rodríguez esta semana carga, en primer lugar, contra el testimonio del agente agredido, única prueba que motivó la condena. “La declaración del agente no solo fue parca, sino que incurrió en evidentes contradicciones”, sostiene en el texto registrado en el Supremo. Además, su defensa entiende que en este caso “se ha construido artificialmente un caso de 'testimonio único', por cuanto había una multitud de personas, numerosas imágenes grabadas y de entre las personas que allí había, sin duda, estaban todos los componentes del dispositivo policial”. El exdiputado cuestiona también la imparcialidad de los magistrados que dictaron sentencia y denuncia que sus derechos políticos se han visto vulnerados por partida doble: por haberse quedado sin escaño y por la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo.
Críticas de la defensa a Meritxell Batet
Los abogados de Rodríguez también cargaron de nuevo contra la actuación de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que fue la que finalmente decidió su suspensión como diputado el 22 de octubre. La interpretación de esa sentencia provocó el pasado mes un inédito choque entre el Supremo y la Presidencia del Congreso. En realidad, juristas de todas las sensibilidades habían cuestionado no solo la sentencia, que contó con varios votos particulares y se basó fundamentalmente en el testimonio del agente; sino también las consecuencias de esta. Un mes después, siguen sin ponerse de acuerdo acerca del alcance de su inhabilitación y varios expertos en derecho sostienen que hubiese bastado con apartar al parlamentario durante mes y medio.
De hecho, los propios letrados del Congreso aseguraron inicialmente en un informe fechado el 18 de octubre que Rodríguez podía mantener el escaño, al considerar que la privación del derecho al sufragio pasivo dictada por el Alto Tribunal en la sentencia no afecta a la condición de diputado, que fue adquirida con carácter previo. Dos días después, sin embargo, el Supremo emitió un informe ambiguo instando a la suspensión. Entre medias, el caso de Rodríguez se convirtió en una arma arrojadiza de la batalla política que se escenificó en dos tensas reuniones de la Mesa, el órgano de gobierno de la Cámara. Mientras la minoría de derechas de PP y Vox defendió que el exdirigente de Podemos debía ser suspendido, la mayoría de PSOE y Unidas Podemos reivindicó su permanencia en base a ese escrito de los letrados.
Fue en la segunda reunión del máximo órgano de la Cámara Baja para abordar el caso, la del 21 de octubre, en la que la presidenta del Congreso se manifestó más favorable a retirarle el acta a raíz de las presiones tanto del Supremo como de las derechas. Pero ante las dudas manifestadas por los letrados, Batet promovió una votación en la que la mayoría de PSOE y Unidas Podemos acordó solicitar al Supremo más explicaciones. El viernes 22, y tras haber recibido otro escrito del Alto Tribunal recordándole que Rodríguez había sido condenado a pena de cárcel e inhabilitación de sufragio pasivo y, tras consultar al secretario general del Congreso y letrado mayor, Batet decidió retirarle el escaño.
Esa misma noche, Unidas Podemos envió un breve comunicado a la prensa anunciando que presentarían una denuncia por prevaricación contra Batet. Ese anuncio de querella provocó un cisma interno en la formación confederal ya que desconocían la decisión tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como el ministro de Consumo, Alberto Garzón, e incluso el propio Rodríguez, que al día siguiente decidió darse de baja de Podemos e iniciar su propia batalla judicial para recuperar el escaño.
Escritos sin respuesta
El letrado mayor del Congreso avaló por escrito la decisión de Batet de suspender al ya exdiputado de la formación confederal, pero las críticas de todos –menos el PSOE– contra la presidenta de la Cámara baja se multiplicaron y Podemos llegó a pedir formalmente su dimisión. El entorno de la presidenta explicó que en todo lo relacionado con la condena de Rodríguez ha mantenido una “posición institucional” siguiendo “el procedimiento con celeridad” y escuchando siempre a los servicios jurídicos de la Cámara, así como que el caso de Rodríguez es un asunto “estrictamente técnico jurídico” y “no es un problema de índole política”.
El exparlamentario también decidió abordar su defensa desde el plano jurídico dejando Podemos y contratando como abogados a Isabel Elbal y Gonzalo Boye. Además del incidente de nulidad registrado esta semana, los letrados presentaron otro escrito ante el Supremo apenas unos días después de que a su cliente se le retirara el escaño solicitando la suspensión temporal de la condena, sin que de momento hayan recibido respuesta alguna por parte del Alto Tribunal.
El pasado día 5 la defensa de Rodríguez también se dirigió a la Junta Electoral Central para pedirle explicaciones sobre cuándo habrá cumplido su condena de mes y medio de inhabilitación. La defensa del exparlamentario pidió al organismo que emitiera “certificación sobre las fechas de cumplimiento de la pena según tenga calculado esta Junta Electoral Central” sobre su condena de 45 días de inhabilitación para ejercer el sufragio pasivo, sin que tampoco haya recibido respuesta del organismo que ejerce de árbitro de los procesos electorales.