El alcalde de la localidad coruñesa de Arzúa, José Luis García (BNG), ha explicado, en declaraciones a EFE, que le parece “extraño” haber sido imputado por el presunto delito de prevaricación por el pago de una factura anterior a su mandato que “no tiene informe negativo de la Intervención”, por lo que está tranquilo.
García y su antecesor en el cargo, Xaquín García Couso, han sido imputados en la Operación Pokemon, que instruye la jueza Pilar de Lara desde el juzgado de instrucción número uno de Lugo, por lo que tendrán que declarar ante la Guardia Civil.
El regidor arzuano ha llamado la atención sobre el hecho de que su declaración, en fecha todavía por determinar, no es ante la jueza sino ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona).
Se le imputa la comisión de un presunto delito de prevaricación, y tiene previsto desvelar, la próxima semana, toda la documentación para explicar todo lo que concierne a su etapa en el Gobierno local, que empezó tras las elecciones de 2011.
Todo el proceso pivota “sobre una factura de una obra anterior a las elecciones municipales, que se aprueba en Junta de Gobierno y que no tiene informe negativo de la Intervención”, recuerda.
Cree que no le corresponde a él la responsabilidad “sobre si esa obra no debió haberse hecho así”, pues fue otro quien la licitó, él no la encargó y lo “único” que hizo “fue pagar”.
“Fueron 780.000 euros de facturas de la legislatura anterior que hubo que abonar por la ley del Gobierno central de pago a proveedores de facturas atrasadas”, argumenta.
Está tranquilo porque tiene la documentación que desvelará todo lo que sucedió y que, en su opinión, demostrará que se limitó a cumplir con su función como alcalde de la localidad.
“Es un poco extraño que esto esté relacionado con Pokemon porque es anterior a ese proceso y la empresa concesionaria no es de las implicadas en la operación”, concluye.