- Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es tipificarían la actuación de León de la Riva como delitos de prevaricación y falsedad documental, ya que la controvertida carta asumía como efectuadas acciones que nunca se llevaron a cabo
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente (PSOE), lo advirtió hace meses. El exalcalde del Partido Popular Javier León de la Riva, actualmente inhabilitado por desobediencia judicial, tendrá que asumir una denuncia del Ayuntamiento que gobernó por una comfort letter, un documento en el que una empresa o institución admite una garantía para recibir un crédito, firmada en enero de 2011 y en la que se comprometió a avalar el crédito de 400 millones de euros para el soterramiento de las vías del tren.
La consecuencia directa, cinco años después, es que el Ayuntamiento tiene que hacer frente al 25% de ese préstamo y que asciende a 100 millones de euros. La operación asumida sería irregular, ya que Javier León de la Riva firmó esa carta de conformidad sin llevar la decisión al Pleno municipal y sin un informe de la asesoría jurídica que avalase tal decisión.
Puente anunció este martes que denunciará la situación a los juzgados, porque “no hay otra salida”, ya que la deuda asumida por su antecesor en el cargo compromete el presupuesto municipal. La decisión se someterá al acuerdo de la Junta de Gobierno este miércoles. Aunque la situación se conoció en el mes de diciembre, el Ayuntamiento ha intentado durante los últimos meses renegociar con los bancos que otorgaron el crédito a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad.
Mientras tanto, explicó Puente, el pasado 14 de abril el portavoz de los populares, José Antonio Martínez Bermejo, comparó la firma para la novación del préstamo con la carta de conformidad firmada por León de la Riva. Para el alcalde, Martínez Bermejo actúa como “un bombero pirómano”.
“A partir de ahora, sin contemplaciones, por todas las vías posibles”, anunció Puente que, a pesar de todo, lamentó las consecuencias que ello puede traer para León de la Riva, fuera de la política por sentencia judicial y que está “lógicamente preocupado”.
Sería la segunda vez que se sienta en el banquillo, después de que el año pasado se le condenase por desobediencia al no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afectaba al céntrico edificio donde vive. La condena, de 13 meses de inhabilitación, llegó en plena campaña electoral. Sin embargo, el contar con antecedentes no influiría si se produjese un nuevo fallo en su contra, ya que los hechos a enjuiciar datan de 2011, mientras que la sentencia de inhabilitación adquirió firmeza en 2015.
Fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es tipificarían la actuación de León de la Riva como delitos de prevaricación y falsedad documental, ya que la carta asumía como efectuadas acciones que nunca se llevaron a cabo.
Puente precisó que el equipo de Gobierno –el tripartito formado por PSOE, Valladolid Toma La Palabra y Valladolid Sí Se Puede– intentó evitar esta medida: “Me debo a la ciudad de Valladolid, a defender la economía de este Ayuntamiento. Lo siento enormemente, no pueden saber hasta qué extremo, porque por encima de mi relación con Javier León de la Riva, está el interés público, y no estamos hablando de cuatro pesetas, sino de 100 millones de euros”.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento aconsejan anular la carta de conformidad en el ámbito administrativo y acudir a los tribunales porque “es imprescindible como refuerzo ante las entidades de crédito”. El regidor explicó en que tiene que quedar claro que el documento que firmó León de la Riva “no es una decisión meramente ilegal, sino que es algo más”, y añadió que “el asunto no es bonito”.
La documentación no pasará por Fiscalía sino que se formulará denuncia directamente en el juzgado con la aportación de un informe de la asesoría jurídica municipal, “sin apuntar responsables”, aunque la única firma de la comfort letter es la de León de la Riva.