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Nigrán es un pequeño municipio gallego al sur de Vigo, “un sitio muy costero, con playas grandes y surferas de las más importantes de Galicia”, resume su alcalde, Juan González (PSOE), que manda allí desde 2015. “En verano triplicamos la población y el gasto en la limpieza de playas. Viene turismo de Galicia, Madrid, País Vasco… pero compensa, estamos encantados. Hace calorcito y la gente está feliz”.
Hasta hace un verano, Nigrán contaba con tres banderas azules como tres soles en sus tres playas más conocidas: América, Patos y Panxón. Sin embargo, este año ha sido noticia por todo lo contrario: el alcalde no quiso solicitarlas y se enfrascó en una guerra pre-electoral que terminó con la oposición (el PP) plantando banderas azules en la arena como acto final de campaña. “Y fíjate si influye que yo tenía siete concejales y he pasado a trece. Y el PP ha bajado de seis a cuatro”, añade el candidato socialista que esta semana se preparaba para revalidar el bastón de mando: “Eso significa que la bandera azul no vale para nada”.
¿Qué llevó a González a renunciar a un distintivo con aparente prestigio y del que presumen tantos alcaldes y concejales de turismo? “Llevábamos tres años dándole vueltas. Las condiciones para obtenerla no son complicadas, pero la ADEAC [Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, que las otorga en nuestro país] nos hacía sufrir mucho cada verano. Nos empezamos a cansar: las inspecciones no son rigurosas, cada inspector dice lo que quiere y ponen pegas poco importantes”, continúa. “Si hay un tiburón, es lógico que la retiren. Pero a veces un letrero no marcaba la misma temperatura que el agua, o un socorrista había ido al baño, y nos amenazaban con quitarla. Te ponen de los nervios por cosas que no afectan a la calidad de la playa”.
Siguiendo el ejemplo de otros ayuntamientos, Nigrán no pidió bandera azul este verano. “Tuvimos que dar muchas explicaciones. Pero el turismo ni sube ni baja”, concluye. “Y los colectivos medioambientalistas y protección civil nos felicitaron”.
Nigrán no es el primer municipio que dice adiós a la bandera azul. No son pioneros, insisten, porque O Grove, Valdoviño o Llanes, en Asturias, llevan años igual. En el País Vasco ya es difícil encontrar playas con ella: ni una en Guipúzcoa y solo dos en Vizcaya y tres en Álava.
“Si la solicitáramos, nos la darían porque tenemos la playa lo mejor posible”, dicen desde el municipio guipuzcoano de Deba. “Pero no sé quién va a ir a una playa porque tenga bandera azul. No estamos en el Mediterráneo, donde hay competencia”. En su caso, cuenta, usan el certificado ISO 14.000, un sistema de “mejora continua” más eficaz. La historia en Hondarribia es similar. “La playa no ha tenido banderas azules ni las ha solicitado: lo que sí hemos tenido durante años son banderas AENOR, que certifican la calidad y el respeto por el medio ambiente”, indican. “Y en los últimos años no hemos intentado obtener estos certificados, porque la playa ya tiene buena aceptación y priorizamos otras iniciativas”.
Pepe Palacios es vicepresidente de ADEAC, la asociación que ostenta el mando de las banderas azules en España. Recita de memoria la lista de municipios rebeldes según levanta el teléfono. “Nigrán, O Grove, Ribeira... Hay cinco o seis sitios en Galicia a los que no les gustó perderla. Solo les gusta cuando se las damos. Seré educado aunque no lo merezcan, porque no quiero que interpreten que vamos de chulos. Pero me gustaría recordar que la bandera es voluntaria, gratuita y que España es el único país que no cobra cientos de euros”. Acto seguido, recuerda que llevan 33 años, que quieren mantener su “prestigio y honradez” y que no se dejarán llevar por “el desánimo que producen las críticas destructivas”.
“Nuestros enemigos no entienden cómo es posible que después de tantos años esto siga creciendo y no nos enriquezcamos”, añade. “Es un proyecto que sale bien en muchos sitios”. ¿Y cómo es?
ADEAC nació en 1982 y es miembro fundacional de la Fundación Europea de Educación Ambiental, que a su vez está apoyada por la Organización Mundial del Turismo. Es una fundación privada y la bandera no es un distintivo institucional ni oficial. Tiene en cuenta 28 criterios, que van de la calidad del agua y la gestión ambiental (que no miden ellos, sino que toman prestado de las consejerías que lo hacen) a la seguridad y los servicios (accesos, baño...). Aunque la procedencia de financiación depende del país, en España el esquema es fácil de entender.
ADEAC no cobra a los municipios, pero recibe 35.000 euros cada año de la Secretaría de Estado de Turismo. Eso supone el 25% de presupuesto anual. El resto, hasta llegar a 140.000 euros, lo ponen varias comunidades. En los últimos años, por ejemplo, Catalunya le ha dado 26.000 euros. Con ese dinero, la asociación mantiene una estructura de 19 personas, de las cuales -según Palacios- solo cobran diez. El resto del equipo lo completan voluntarios que ayudan en las inspecciones veraniegas. “Casi todo son universitarios en sus ratos libres”, indica el vicepresidente. “Hay incluso un jubilado”.
Los trabajadores elaboran documentación en invierno y los voluntarios se incorporan en verano para hacer inspecciones y decidir si la bandera se mantiene o no. Cada año, ADEAC concede bandera a unas 700 playas (este año han sido 669). La temporada de verano son tres meses (90 días), lo que supone unas siete inspecciones diarias. “A cada playa le dedicas como mucho una hora, así que son 669 horas”, continúa Palacios. “Lo organizamos bien. Los desplazamientos son cortos y ahorramos yendo a hoteles baratos”. La inspección no mira todo, solo “lo que se puede ver”. Si algo está mal, hacen una foto y retiran la bandera.
“Que te quiten la bandera es portada de periódico”, reconoce el alcalde de Nigrán. “La gente cree que te la quitaron porque está contaminada y a lo mejor es que había un cartel mal colocado. La mala imagen se la lleva el Ayuntamiento”.
La “poca profesionalidad de las inspecciones” es una de las principales quejas de los municipios que no quieren saber nada de la bandera azul. “No me parecen muy correctas”, considera el alcalde de Valdoviño, Alberto González. “La última vez vinieron voluntarios sin conocimiento de las playas que evaluaban ni sus condiciones. Nos decían que teníamos que regenerar, poner aparcamientos duros y que pudiera ir más gente a la playa. Pongo el ejemplo del cine: cuando están todas las entradas vendidas, no entra nadie más. Pues en la playa igual: no puedes colapsarla o generarás una alteración”.
Valdoviño, en la comarca de Ferrol con arenales muy apreciados por los surferos, dejó de pedir la bandera y lleva dos años sin ella. “No nos afecta. Fue necesario para que los ayuntamientos nos pusiéramos a trabajar y mejorar las playas. Pero las cosas han cambiado y la gente ya no busca bandera azul”.
Además de los municipios, la ADEAC cuenta entre sus detractores con las asociaciones ecologistas, que consideran que el objetivo de su bandera es estrictamente turístico y que es mala idea relacionarla con la gestión ambiental. De hecho, apuntan a que en los últimos años se ha producido el efecto contrario: por querer tener bandera azul, muchos municipios se han lanzado a urbanizar playas.
“Las de Benidorm son las típicas que me chirrían, porque no tienen entornos naturales”, indica Clara Mejías, de Ecologistas en Acción. “La Comunidad Valenciana es la que más banderas azules tiene y la que más ha destrozado el litoral, no solo con el urbanismo sino con la mala depuración”. La organización da cada año sus 'banderas negras' para llamar la atención sobre la contaminación y mala gestión de las costas.
“No nos oponemos a las banderas azules, sino a la confusión entre un producto turístico con una marca de calidad ambiental”, añade Fins Eirexas, secretario técnico de ADEGA (Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia). “La confusión no es casual: fue promovida por la propia Fundación Europea de Educación Ambiental para que los ayuntamientos la identificaran con un galardón de la Unión Europea. Esto provocó una carrera loca de municipios intentando hacerse con uno de estos distintivos, invirtiendo mucho para cumplir los criterios”.
Es un ejemplo anterior, pero un caso llamativo de bandera azul es la playa artificial de Ostende, en Castro Urdiales (Cantabria), construida en 1986 destrozando el litoral. Otro son los puertos deportivos. “Es una prueba de que no se puede relacionar bandera azul con sostenibilidad. Los puertos son la artificialización de tramos de costa”, continúa Eirexas. “En el Mediterráneo hay zonas muy poco sostenibles que acaban con la bandera azul colgada de un palo”.
“¿Distintivo turístico?”, se preguntan en AEDAC. “La bandera se usa para demostrar que tu sitio es el mejor. El turismo quiere calidad y nuestra idea es equilibrar su riqueza económica con la riqueza natural que atrae al turismo”. Palacios defiende que la gente tiene derecho a a ir a playas limpias, seguras y accesibles y que su organización defiende esos derechos. “Un inspector comprueba tu trabajo. La bandera es un símbolo y si no cumples lo que dijiste que cumplías, te la retiramos”, zanja.
Aunque algunos municipios hayan salido del sistema -“supone un problema político, pero hay que tomar decisiones”, dicen en Valdoviño- otros quieren seguir porque les sirve para exigir mejoras. Es el caso de Zahara de los Atunes, a quien le ha sido denegada por no cumplir la directiva europea de depuración y gestión de residuos. “Lo único que incumplimos es algo que no es nuestra competencia. Seguiremos pidiendo la bandera para presionar a las administraciones [la Junta de Andalucía] y que arreglen la depuradora”, dice el alcalde, Javier Rodríguez.
Con o sin bandera, su playa sigue siendo popular. “No tuvo repercusión, ni supuso nada en materia económica. No afecta en nada”, reflexiona. “Es que la gente ni se entera”.
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