El alcalde de Alcorcón prohíbe por decreto a los partidos hablar con empresarios antes de una recalificación masiva
El Ayuntamiento de Alcorcón –donde gobierna el PP con 10 de los 27 concejales y el apoyo puntual de otros cuatro de Ciudadanos– prevé prohibir a los ediles de la corporación municipal y a los funcionarios reunirse con empresarios, mantener conversaciones con ellos e incluso enviarles correos electrónicos, sin que esté presente un trabajador público y sin que se le comunique a la Secretaría del Pleno de este municipio de 170.000 habitantes situado al sur de Madrid.
Para que un representante público de Alcorcón pueda siquiera acercarse a un empresario deberá obtener la autorización del Gobierno municipal y un funcionario levantará acta en 24 horas sobre el contenido de la conversación. Así lo planteó el alcalde, David Pérez, en un documento que se aprobó el pasado marzo con los únicos votos de su partido en la Junta de Gobierno Local. La decisión aquel día fue la de iniciar el procedimiento para convertirlo en ordenanza. El proyecto sigue adelante, según el propio Pérez aseguró este martes a eldiario.es
Esa prohibición para evitar que ediles y empresarios se reúnan llega en vísperas de la gran recalificación de suelo que el Ayuntamiento prevé realizar a través de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana. En las mentes de los integrantes de la corporación municipal están los 12,3 millones de metros cuadrados, equivalentes al 40% de la superficie del municipio en el distrito norte, donde en los últimos años ya se frustró la instalación del polémico proyecto de Eurovegas y otras operaciones inmobiliarias como la construcción de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid.
Fuentes municipales apuntan que todo forma parte de una guerra por intereses inmobiliarios, donde el PP y Ciudadanos mantienen posiciones enfrentadas.
Las polémicas urbanísticas en este municipio al sur de Madrid vienen de lejos. El Tribunal Supremo ya anuló en noviembre de 2014 el cambio de uso de esas gigantescas parcelas –que ocupan el 40% de la superficie en Alcorcón– a suelo urbanizable, planteado en 2008 por el anterior Gobierno socialista y que contó con el respaldo de la Comunidad de Madrid, entonces en poder de Esperanza Aguirre. La sentencia del Supremo dio la razón a Ecologistas en Acción, que impugnó el plan entonces y ahora denuncia una nueva “operación especulativa”.
Los primeros trámites para modificar el Plan General –cuyos últimos cambios datan de 1991– llegaron el pasado octubre de la mano de Ciudadanos que propuso iniciar la revisión del planeamiento. Su moción se aprobó en el Pleno con el respaldo de sus cuatro ediles y la abstención del resto de partidos (PP, PSOE, Ganar Alcorcón e Izquierda Unida, 23 concejales en total).
La normativa impulsada ahora por el PP en la Junta de Gobierno Local, que algunos ediles califican en privado como “ley nazi”, establece en su primer punto: “Queda prohibido mantener reuniones o contactos con cualquier tipo de empresas a todos aquellos que las representen sin que se comunique previamente a la Secretaría del Pleno y sin la presencia de un funcionario. El funcionario presente en la reunión autorizada elevará informe antes de 24 horas al secretario general del Pleno sobre el mencionado contacto, quien custodiará dicha información y dará cuenta de las mismas al titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno Local”.
El segundo mandamiento de la orden municipal evidencia que detrás de la ordenanza está el urbanismo: “Esta prohibición se extiende a cualquier contacto, correo, conversación o reunión con propietarios de suelo, promotores inmobiliarios, constructores u otro tipo de empresario con interés en la actividad municipal. De igual manera, se extiende a los despachos, estudios o gestorías profesionales y mediadores de todo tipo que de una manera u otra les representen, y que afecte a decisiones urbanísticas, expropiaciones, calificaciones, licencias […]”.
Y en el tercer punto el Ayuntamiento de Alcorcón prohíbe algo que ya castiga el Código Penal: “Que cualquier responsable municipal, sea político o funcionario, mediar ante otros funcionarios o políticos a favor de intereses privados de todo tipo, incluyendo la concesión de licencias, la presentación de productos o servicios”.
La lista sigue y obliga a los funcionarios a establecer un control de cada fotocopia que se hace sobre la documentación municipal. En el punto ocho la orden amenaza con “expedientes disciplinarios” a los funcionarios que contravengan las normas o con “exigencia de responsabilidades” si son concejales.
“Apuesta por la transparencia”
El alcalde, David Pérez, sostiene que su plan es un paso más en la “transparencia” de la institución y alude a “reuniones impropias que algún partido de la oposición estaba manteniendo con constructores y terratenientes”. “Para quien primero rige es para mí y para mis concejales. El otro día nos reunimos con una empresa que venía a instalarse aquí y le pedimos que los contratos se hiciesen a gente de Alcorcón. De todo eso se ha levantado acta. No voy a referirme a ningún partido pero no entiendo que esta medida de transparencia se tome como una forma de control a la oposición. Qué hace la oposición reuniéndose con constructores y promotores”, defiende el regidor en conversación telefónica.
La ordenanza ha causado perplejidad e indignación sobre todo en Ciudadanos, que hasta ahora ha prestado apoyos puntuales al Gobierno del PP y ha abierto una brecha entre estos dos partidos. Su portavoz, Alfonso Reina, considera que la prohibición señala directamente a su partido. “Va contra el derecho de reunión, es casi inconstitucional. Y me recuerda a esa época en la que yo no había nacido hace cuarenta años. Hay un montón de empresarios con problemas, Alcorcón se está desindustrializando y nosotros vamos a hablar con ellos. La normativa es desconfianza en parte de los propios del PP y total en el resto. Yo no voy a pedir el epígrafe del impuesto de actividades económicas a un ciudadano para hablar con él”.
A quienes alertan de que hay una disputa entre Ciudadanos y el PP por los intereses de distintos grupos inmobiliarios, Reina advierte: “Ciudadanos no tiene intereses inmobiliarios. Queremos que Alcorcón tenga empresas y genere empleo. Hay que revitalizarlo y tener empresas del siglo XXI. La gente solo piensa en el distrito norte. Lo importante son los polígonos y el uso del suelo empresarial”.
El PSOE en Alcorcón sostiene que “se ha confundido la transparencia con el control de la oposición”. Su portavoz, Natalia de Andrés, defiende que “a día de hoy se trata de un código que está planteando para publicitarlo y que ni siquiera se ha explicado cómo se va a gestionar. Entiendo que se están buscando titulares”. “Si me reúno con los comerciantes cuando cierran las tiendas para hablar de sus problemas, ¿qué funcionario va a venir? ¿Vamos a pagar horas extras? Hemos solicitado las actas de las reuniones del alcalde con el Atlético de Madrid y nos las niegan. Quien debe ser transparente es quién está gobernando”.
El portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, tacha “de desfachatez que un partido investigado por recibir sobres y sobornos ahora se dedique a prohibir reuniones a la oposición y a hacer oposición a la oposición”. “En Ganar Alcorcón ya tenemos un código ético muy estricto en nuestras relaciones con los poderes económicos, pero esto es otra cosa”, se queja su portavoz.
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