Alfredo Sáenz fue condenado por interponer una denuncia falsa para cobrar una deuda

La continuidad de Alfredo Sáenz como primer ejecutivo del Banco Santander se ha convertido en una cuestión de Estado. El Gobierno de Mariano Rajoy ha decidido modificar la ley para que la última decisión que tomó su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, se cumpla en contra, incluso, de una sentencia del Tribunal Supremo.

Todo comenzó en 1994 cuando se utilizaron datos falsos para poner a un grupo de empresarios en manos de la más siniestra red de corrupción judicial descubierta hasta el momento en España, la que dirigían en Barcelona el juez Lluís Pascual Estevill y el abogado penalista Juan Piqué Vidal. Los empresarios fueron encarcelados injustamente y, algunos de ellos, extorsionados por Estevill.

PP y PSOE se han conjurado para que ni el marco legal que regula el gobierno de las entidades de crédito ni el Poder Judicial puedan apartar a Sáenz de su cargo. De hecho, Sáenz ya debería haber sido destituido después de que el Tribunal Supremo le condenara a tres meses de arresto y tres de inhabilitación para el ejercicio de la banca por un delito de acusación y denuncia falsa. Así, sin especificar que las víctimas de los delitos de Sáenz acabaron en manos de Estevill.

El Tribunal Supremo confirmó parcialmente la sentencia emitida un año antes por la Audiencia de Barcelona, que condenó a Sáenz a seis meses de prisión y seis de inhabilitación. El procedimiento se inició por una querella presentada por los empresarios afectados: Pedro Olabarría, los hermanos Juan Ignacio y Luis Fernando Romero y el hombre de confianza del grupo, Modesto González Mestres.

La Fiscalía Anticorrupción, que desarticuló la trama de Estevill y de Piqué, se personó como acusación contra Sáenz y sus subordinados de Barcelona, que fueron los encargados de presentar la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría y los hermanos Romero. En ese procedimiento, el representante de la Fiscalía Anticorrupción fue el fallecido David Martínez Madero, que más tarde sería nombrado por el Parlament de Catalunya primer director de la Oficina Antifrau.

Ambos fallos también consideraban que los principales instigadores de la denuncia falsa contra el grupo de Olabarría fueron el entonces director general de Banesto para Cataluña y Baleares, Miguel Ángel Calama, y el abogado del banco, Rafael Jiménez de Parga, amigo del juez Pascual Estevill.

Intervención de Banesto

Una de las empresas de la órbita del grupo de Olabarría y los Romero, Harry Walker, había suspendido pagos dejando a deber a Banesto más de 600 millones de pesetas. Banesto pretendía recuperar el dinero de las cuentas personales de los empresarios. Sáenz fue nombrado presidente de Banesto el 28 de diciembre de 1993, tras la intervención de la entidad y la destitución del hasta entonces hombre fuerte de la entidad, Mario Conde.

El gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, se decidió a intervenir Banesto y destituir a Conde después de que los servicios de inspección del regulador constataran un agujero patrimonial en el banco de al menos 300.000 millones de pesetas. Una cifra que, a día de hoy, tras el dinero público destinado al rescate de la banca, puede parecer menos alarmante de lo que parecía en aquel momento. Sin embargo, sin Unión Monetaria y sin el euro, la cifra ponía realmente en peligro el sistema de pagos español.

Aunque, en buena medida, el colapso de Banesto se debió a las prácticas corruptas de Conde, especialmente en relación con la creación de la corporación industrial del banco, la práctica desaparición de los sistemas de control de riesgo puesta en práctica por el hoy tertuliano de Intereconomía contribuyeron en gran medida al desequilibrio patrimonial del banco. Por esa razón, Sáenz dio órdenes en cuanto se hizo cargo de la presidencia de recuperar los créditos impagados.

La sentencia considera que los instigadores de la denuncia falsa contra Olabarría y los Romero fueron Calama y Jiménez de Parga. El papel de Sáenz fue fundamental. No sólo autorizó la operación, sino que pretendía que los empresarios respondieran de la deuda de Harry Walker con su patrimonio personal, a pesar de que la estructura societaria lo impedía. El nuevo presidente de Banesto conocía el estado de cuentas de los empresarios por el cargo que ocupaba antes de ser elegido por el Banco de España para rescatar el banco presidido por Conde.

El rescate de Banesto no fue el primero que tuvo que afrontar en su vida Alfredo Sáenz. En 1982, cuando Banca Catalana suspendió pagos, el propio Sáenz fue el encargado de reflotar la entidad, que más tarde acabaría en manos del Banco de Vizcaya. Fue gracias a su cargo en Catalana que tuvo noticia de las cuentas de Olabarría y los hermanos Romero, información que, en ningún caso podía utilizar en Banesto.

Durante el juicio, algunos testigos dejaron claro que Banesto contaba con que la instrucción de la querella falsa cayera en manos del juez Estevill con el único fin de amedrentar al grupo de empresarios. Estevill no sólo encarceló a Olabarría, Luis Fernando Romero y Modesto González, sino que cambió la condición de uno de los testigos, el fallecido empresario Lorenzo Rosal, a imputado para que le pagara 25 millones de pesetas en concepto de soborno a cambio de no ingresar en prisión.

La reacción del Supremo

Aunque Sáenz fue condenado sólo por acusación y denuncia falsa, ha quedado claro que es un hombre realmente importante para su patrón, el presidente y principal accionista de la entidad, Emilio Botín. Tanto es así, que Botín logró que el último Consejo de Ministros presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero le indultara por la condena.

El año pasado le pagó un salario de 8,2 millones de euros, el doble del que cobró él mismo como presidente del consejo de administración. Y eso que Sáenz se había rebajado sus emolumentos en un 29%, porque en 2011 cobró en concepto de salario 9,2 millones de euros.

Es el banquero mejor pagado de España y el quinto del mundo. El próximo 21 de noviembre, Sáenz cumplirá 71 años. Y, aun así, su patrón le considera imprescindible para el banco.

El Supremo considera que el Gobierno de Zapatero se extralimitó y anuló parcialmente el indulto. Y acaba de iniciar los trámites para la inhabilitación de Sáenz que, si la ley se mantuviera como hasta ahora, no podría reincorporarse al cargo, porque el Banco de España impide que los ejecutivos bancarios tengan antecedentes penales. Y el Supremo ya ha dado instrucciones para que el nombre de Sáenz sea incluido en el Registro Central de Penados y Rebeldes. Por eso, el Gobierno de Mariano Rajoy ha convertido en una prioridad absoluta reformar la ley financiera para que la condición de honorabilidad de los ejecutivos bancarios sea discrecional del Banco de España y no dependa de los antecedentes penales. Una ley elaborada a la medida de Alfredo Sáenz.