El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha recibido un correo firmado por alguien que dice ser San Chin Choon, el empresario malayo que vendió el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid a través de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, en el que asegura que ninguno de los dos españoles investigados adulteró el precio de las mascarillas, los guantes y los test.
En el correo, al que ha tenido acceso elDiario.es, el empresario malayo reconoce a Medina y Luceño como “agentes exclusivos” para comercializar sus productos y añade que el precio del material hubiera sido el mismo sin su intervención, pero que los necesitaba para cerrar el negocio con el Consistorio madrileño.
Anticorrupción remitió a Malasia, a través del Ministerio de Justicia, 19 preguntas sobre el caso. La número 10 se interesaba por cuál habría sido el precio de las mascarillas para el Ayuntamiento de Madrid “una vez descontadas las comisiones” de Luceño y Medina. “El precio de los productos habría sido el mismo. Tú no vendes a un precio más alto porque tengas agentes. Sin ellos no habría habido operación”, responde ahora la persona que se identifica como San Chin Choon.
A la pregunta de Anticorrupción de cómo se fijaron las comisiones, el presunto San Chin Choon distingue entre Luceño y Medina. Sobre el hermano del duque de Feria asegura: “Hablo con el señor Alberto Luceño para reconocerle un margen fijo aproximado por operación, como se hace habitualmente en estos casos a un mediador”.
En la respuesta sobre Luceño se recrea y afirma: “No sé, hasta que se firma un contrato y el 50% del pago está hecho, qué margen puedo tener. En este caso, los precios de materiales, transportes... se incrementaban a cada momento. Así que todos los días los precios cambiaban mucho. Estábamos en una situación muy cambiante y volátil. Era una gran responsabilidad fabricar en ese momento, porque cada país del mundo quería comprar en las mismas fábricas. Había una gran desproporción entre la oferta y la demanda (...) Solo cuando el vendedor [fabricante] aceptó mis precios firmamos el contrato voluntariamente [Luceño y él]. Y cuando el primer pago por el 50% estaba hecho es cuando le dije a mi agente, el señor Luceño, qué comisión reservaba para él”.
El mensaje desmiente a las autoridades malayas, que formalmente habían informado de la negativa de San Chin Choon a colaborar y del derecho que le asistía a ello, según la legislación malaya. El firmante del correo, que ofrece su número de pasaporte para identificarse, afirma que Alberto Luceño le informó de la investigación contra él en España y que se prestó desde un primer momento a colaborar, respondiendo a las 19 preguntas que envió por comisión rogatoria el fiscal español. Cuando Luceño se ha vuelto a poner en contacto informándole de que Malasia aseguraba que no había colaborado, San Chin Choon ha decidido, dice, tomar la iniciativa de enviar las respuestas que ya había ofrecido, según él, a las autoridades de su país para que fueran remitidas a España.
Estas explicaciones aparecen al principio, y a diferencia del resto del correo, aparecen en inglés pero también perfectamente traducidas al castellano, al contrario de lo que ocurre con las respuestas, que solo aparecen en el idioma extranjero. El juez Carretero ha dictado una providencia informando de la recepción del correo enviado, “al parecer”, por San Chin Choon, y de que lo ha enviado al servicio de traducción de los juzgados.
Medina y Luceño están imputados por un delito de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y alzamiento de bienes. Las afirmaciones de la persona que se identifica como San Chin Choon cuestionarían el principal de estos delitos, la estafa, al contradecir la acusación de la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares, asumidas provisionalmente por el juez, de que los dos españoles adulteraron el precio de los productos.
El fiscal Luis Rodríguez Sol llegaba a decir en su querella que los comisionistas fijaron el precio de espaldas al empresario malayo. Respecto a las mascarillas, Rodríguez Sol escribió: “A pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas”.
El Ayuntamiento de Madrid pagó alrededor de 16 millones de euros por el material de San Chin Choon y luego éste entregó 6 millones de euros en comisiones a Luceño y Medina, una cantidad desorbitada para este tipo de transacciones. La Fiscalía calcula que a Madrid llegaron material defectuoso por al menos cuatro millones de euros.
El fiscal se interesaba también por la presunta falsificación de firmas y documentos que aprecia entre el material aportado a la causa. Rodríguez Sol preguntaba cómo era posible que en pleno confinamiento, tanto San Chin Choon como Medina y Luceño firmaran en el mismo día un mismo documento. El empresario malayo contesta que hay documentos firmados con anterioridad, debido a su relación comercial con Luceño, que se remonta a 2018 y que la presencia de la firma de Medina responde a “un error en las fechas”. “En lo relativo en el acuerdo de agente y NCNDA con Luis Medina, como nosotros trabajamos con borradores y son siempre los mismos, había un error en las fechas”, se lee en la respuesta.
A otro error adjudica el supuesto San Chin Choon la fecha en la que reconoce a Luis Medina como “agente exclusivo”. El empresario explica en sus respuestas que trabaja en esa categoría con Luceño desde 2018, pero en acuerdos para la exportación de carne y otros productos alimenticios. Con Medina asegura que le reconoció como agente “pero no en las fechas que aparecen [en los documentos].
“Cuando usamos un borrador, olvidados actualizar la fecha. Autoricé a Luceño a incorporar la firma del señor Luis Medina”, afirma en la respuesta número ocho el supuesto San Chin Choon. El juez y el fiscal creen que la firma de Medina está falsificada y que él nunca la estampó en el documento aludido.
El correo electrónico, procedente de una supuesta dirección corporativa de la empresa Leno, propiedad de San Chin Choon, está fechado el 22 de julio pasado, nueve días después de que el juez Carretero firmara un auto con su decisión de no insistir en pedir colaboración a Malasia, alegando que es un país que había pedido a España reciprocidad en la cooperación por un delito de estafa.
De acuerdo con la Fiscalía, Carretero aseguraba que no requeriría más colaboración a las autoridades de un país que podría flagelar a un nacional español que, en virtud de ese acuerdo, fuera entregado por un delito de estafa cometido en Malasia, entre otras razones. El juez recordaba que Malasia ya había informado de que San Chin Choon no quería cooperar.
De la policía política, al caso mascarillas o el contrato del hermano de Ayuso. Todos fueron desvelados por elDiario.es. ¿Has pensado cuántas informaciones no conocerías si elDiario.es no existiera? Si crees que nuestro trabajo importa y quieres que sigamos investigando, ayúdanos.