Alvise dice ahora que no declarará en la Audiencia Nacional sobre si se financió ilegalmente con 100.000 euros

El eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez ha comunicado a la Audiencia Nacional que “finalmente” no “prestará declaración” ante el juez que le investiga por financiación ilegal después después de que un empresario de criptomonedas confesara que le había pagado 100.000 euros en metálico en plena campaña de las elecciones europeas. 

Tras admitir la denuncia, el juez José Luis Calama ofreció al eurodiputado, dada su condición de aforado, la posibilidad de declarar de forma voluntaria. Le citó en un primer momento para el pasado 20 de noviembre, si bien no acudió a la Audiencia Nacional.

Su abogado, que acudió a la declaración del empresario prevista para ese mismo día, comunicó la voluntad de su cliente de comparecer ante el juez y anunció que ofrecería otras fechas para que pudiera acudir “la semana próxima o la siguiente”. Este hecho motivó que el juez se dirigiera a él el pasado 22 de noviembre para que transmitiera la “disponibilidad” del eurodiputado “parar declarar voluntariamente”. 

Finalmente, la representación de Alvise ha respondido al magistrado que “si bien comunicó que era intención” del eurodiputado “acudir a declarar en los próximos días, finalmente” se tomó la decisión de que Pérez no acudiese a dicha declaración.

Álvaro Romillo, el empresario investigado en la supuesta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC), reconoció el pasado 20 de noviembre ante el juez que había pagado esos 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez ante la expectativa de que éste le hiciera “favores futuros”. Romillo estaba citado a comparecer en una investigación abierta por financiación ilegal después de que confesara en un escrito presentado a la Fiscalía haber pagado esa cantidad al entonces candidato y ahora miembro del Parlamento Europeo. 

Tal y como desveló elDiario.es, el agitador ultra desarrolló una relación con Romillo, líder de un club financiero de inversiones y empresario del sector de las criptomonedas, hasta el punto que el entonces aspirante a eurodiputado participó en un acto de promoción de su plataforma —hoy desaparecida— Madeira Investment Club.

El intercambio de mensajes aportados a la causa revelan que Alvise comentó sus necesidades de financiación y Romillo acabó ofreciéndole cobrar 100.000 euros en mano, en metálico y en negro a través de Sentinel, una firma dedicada a facilitar intercambios de dinero bajo una promesa de total confidencialidad que manejaba 5.000 cajas de seguridad en una fortificación blindada en pleno centro de Madrid. Un dinero que, según dijo Alvise, necesitaba para afrontar gastos electorales, indemnizaciones por juicios y que sobre todo debía escapar al control del Tribunal de Cuentas. 

Tras saltar el escándalo, Alvise admitió que había cobrado ese dinero pero atribuyó el pago a un trabajo que hizo como “autónomo”, que no ha especificado y que no figura en las conversaciones con el empresario. Ante el juez, Romillo ha reconocido que en realidad Alvise “no hizo nada”, pero que él le pagó ese dinero a la espera de “favores futuros” que le otorgaran una rentabilidad y que estaban “por definir”, pero entre los que ha citado posibles acciones “en el Sentinel” o “actividades comerciales”.