Amnistía Internacional (AI) lamenta que la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, la llamada ley mordaza, está “más cerca del maquillaje” de la actual norma que de una derogación de los artículos más polémicos sobre los derechos de reunión y expresión. Para la organización, el borrador planteado sigue suponiendo “una mordaza” a las protestas pacíficas.
En un comunicado, AI alerta de que la reforma de la ley mordaza pactada por PSOE y Unidas Podemos sobre la que próximamente se emprenderán los trabajos de análisis de todas las enmiendas en la ponencia de la Comisión de Interior del Congreso, mantiene “gravemente amenazados” los derechos a la protesta pacífica y la libertad de expresión.
Denuncian que la propuesta mantiene íntegramente las infracciones por desobediencia, resistencia y negativa a identificarse a los agentes, así como las multas por faltas de respeto a los policías, dos artículos, sostiene Amnistía Internacional, que “han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de ciudadanos”.
Y recuerdan que sobre estos dos preceptos ha recaído el 70 por ciento de las sanciones impuestas -200.000- desde la entrada en vigor de la ley en julio de 2015 y hasta 2019, sin que la propuesta de reforma del PNV ni las enmiendas de los socios de Gobierno reduzcan los “poderes discrecionales” para las fuerzas de seguridad.
También cuestionan que la modificación no plantee mecanismos de control ante actuaciones policiales arbitrarias ni atienda a las advertencias de la ONU o las recomendaciones del Consejo de Europa que instó a España a reformar la norma “por su potencial represivo”.
Además de estas cuestiones, critican que no se haya aprovechado esta reforma para eliminar definitivamente la “aparente cobertura legal” de las devoluciones en caliente de inmigrantes o que no se elimine el artículo cuya aplicación supone que las mujeres que ejercen el trabajo sexual se vean obligadas a hacerlo en lugares aislados.
Con todo, Amnistía Internacional reconoce los aspectos positivos planteados en la futura ley como la eliminación de las sanciones en manifestaciones espontáneas por el hecho de no haber sido comunicadas o el desarrollo de protocolos sobre el uso de la fuerza y el material antidisturbios.