Más allá del ruido, las protestas y el fuego cruzado, los hechos. La letra impresa a veces sirve para entender lo que esconden las arengas, los eslóganes y los discursos de parte. Ya hay fumata blanca. Tras semanas de dimes y diretes, especulaciones y llamadas a las barricadas por parte de las derechas, PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para investir a Pedro Sánchez la próxima semana. Miércoles y jueves. Habrá, como era de sobra sabido, una ley de amnistía, pero no un referéndum sobre el futuro político de Catalunya. Tampoco se ceden todos los tributos a la Generalitat a modo del cupo vasco. No se rompe España y la caja común seguirá tan intacta como la reacción hiperbólica de las derechas al comparar el pacto con el 23F y los asesinatos de ETA (Feijóo, dixit) o pontifica, como Ayuso, que “España ha entrado ya en una dictadura”. El uno llama a todos los demócratas a seguir protestando en las calles contra “un ataque a la democracia sin precedentes” y la otra invoca al Rey, a las Fuerzas de Seguridad y al Ejército.
En efecto, Pedro Sánchez ha pasado de negar la amnistía antes del 23J a aceptarla para todos los procesados por el 1-O entre 2012 y 2023, pero el independentismo ya reconoce la Constitución española y apela su artículo 92 para negociar una consulta legal y acordada. No hay rastro de la unilateralidad. De hecho, este mismo jueves tanto ERC como Junts se dieron mus en el Parlament durante la votación de una moción impulsada por la CUP para aprobar un referéndum de autodeterminación unilateral.
La clave del acuerdo, más allá de la amnistía y la certeza de que habrá investidura, es poco más que el reconocimiento del otro y de su legitimidad para lograr, por los cauces constitucionales, sus objetivos políticos. Todo lo demás forma parte de los relatos con los que cada cual quiere sacar pecho antes sus respectivas parroquias. Porque, en realidad, lo que el PSOE y Junts han alcanzado este jueves en Bruselas es un acuerdo sobre sus desacuerdos históricos además de ese reconocimiento de la legitimidad a sus objetivos. De ahí que todo quede supeditado a una negociación futura. No es mucho pero tampoco es poco teniendo en cuenta de dónde se venía y a dónde se ha llegado. Por el PSOE, su secretario de Organización, Santos Cerdán lo califica de “oportunidad histórica para resolver un conflicto que sólo desde la política puede y debe resolverse” y por Junts, Puigdemont dice que es “una forma de devolver a la política lo que es de la política”. Palabras casi idénticas en comparecencias consecutivas desde Bruselas.
Ambos se comprometen también a “abrir una nueva etapa y contribuir a resolver el conflicto histórico sobre el futuro político de Catalunya” desde puntos divergentes. Por eso se recoge que “Junts considera legítimo el resultado y el mandato” del 1-O y la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017 que se aprobó en el preámbulo de una resolución del Parlament, pero se añade a la vez que “el PSOE niega toda legalidad y validez al referéndum y la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral”.
El instrumento para dirimir discrepancias durante la futura negociación será que haya un mecanismo “internacional” cuya función sea la de “acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue”, algo a lo que los socialistas se negaban en rotundo hace años.
Ahora, socialistas y ex convergentes defienden que, “a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto” que los exconvergentes plantearán bajo el paraguas del artículo 92 de la Constitución y los socialistas, “a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut del 2006 y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Catalunya”.
La divergencia se mantiene también en el ámbito económico, ya que Junts reclama para la Generalitat la capacidad de recaudar el 100% de los impuesto y los socialistas, por su parte, que en ese futuro compartido de normalidad institucional se negocie “sobre el impacto del actual modelo de financiación sobre Catalunya” y desde el respeto a la “autonomía financiera”.
Fiscalizar el trabajo de los jueces en el Congreso
En lo que ya no hay disenso, después del quiebro de Pedro Sánchez, es en que la ley de amnistía es posible. Y en el documento acordado se explica que el objetivo de la misma es “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar el futuro inmediato”. Eso sí, el perdón “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”.
Se añade además que el Congreso de los Diputados podrá crear “comisiones de investigación” para fiscalizar la labor de los jueces y determinar cuándo hubo lawfare o persecución judicial contra los responsables del procés, algo con lo que a buen seguro los togados pondrán el grito en el cielo porque ciertamente no hay precedente alguno de que el legislativo investigue el trabajo del poder judicial. Claro que hasta la llegada de Pedro Sánchez al gobierno tampoco los jueces habían tratado de interferir en la labor del Parlamento, como ha ocurrido en varias ocasiones y se ha explicitado con el último comunicado sobre la futura ley de amnistía del Consejo General del Poder Judicial. En todo caso, desde el PSOE y ante la respuesta unánime de todas las asociaciones judiciales se vieron obligados a aclarar, horas después de que se conociera el acuerdo, que no se prevé la creación de comisiones de investigación para detectar casos de supuesta judicialización de la política y que el Parlamento no revisará ninguna sentencia o resolución judicial.
El acuerdo dice literalmente que “las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Y así es como Sánchez ya podrá afrontar, casi a las puertas de que expire el plazo constitucional para una repetición de las elecciones generales, la investidura para la que le propuso Felipe VI, después del fracaso de la de Feijóo, y de acuerdo al artículo 99 de la Constitución. La votación será el próximo jueves y saldrá en primera votación, si nada se tuerce. El siguiente sábado ya habrá nuevo gobierno y la XV legislatura podrá echar a andar, no sin pocos sobresaltos. La estabilidad de la misma dependerá, eso sí, del cumplimiento de “los acuerdos que resulten de las negociaciones futuras entre ambas formaciones”... y del tiempo que las derechas sean capaces de mantener esta tensión insoportable en las instituciones y en la calle.