El aborto es ahora cosa de Ana Mato, pero será el grupo parlamentario el encargado de buscar el consenso prometido por el Gobierno para superar el fiasco de la ley que ha acabado con la carrera de Alberto Ruiz-Gallardón. La renuncia de Mariano Rajoy a sacar adelante la reforma del aborto que gestionaba el ministerio de Justicia ha hecho que el asunto pase a ser del área de la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad.
A pesar de que la consigna es que no hay prisa para modificar la ley en cuanto al consentimiento familiar en el caso de las menores, a Mato le ha faltado tiempo para anunciar que se hará “inmediatamente”. Para venderlo mejor, el Ministerio ha anunciado también un plan de ayudas a la familia, que se tramitará por separado, incluirá ayudas para las adolescentes y estará listo antes de Navidad.
El equipo de Rajoy quiere desligar al Gobierno de la polémica instalada en torno a la reforma del aborto y hará que el peso recaiga sobre el grupo de diputados que dirige Alfonso Alonso. Los conservadores buscarán ahora acuerdos con CiU y PNV con el objetivo de enmendar los proyectos de ley que afectan al plan para la infancia y la adolescencia que ya se están tramitando en el Congreso.
Durante el último año y medio, la ministra ha permanecido casi al margen de la reforma del aborto ya que era misión de Ruiz-Gallardón. Pero la renuncia del ministro ha hecho que Moncloa se plantee trasladar el asunto de cartera y tratar así de rebajar la polémica. Aunque los partidos de izquierda recuerdan que la ley vigente ya contempla que uno de los padres o tutores sean informados y sólo deja fuera de este requisito a las menores en riesgo de sufrir violencia familiar, Gobierno y PP la siguen considerando demasiado laxa.
Además de “informar” a los padres, el Gobierno quiere que sea obligatorio el “consentimiento expreso” para que las menores “puedan estar acompañadas de sus padres en una situación tan delicada”. Ese es el argumento que se defendía en el recurso que el PP presentó ante el Tribunal Constitucional, que se priva a los progenitores de un “derecho”.
El recurso que capitaneó Federico Trillo en 2010 señalaba que de esa forma “se disminuye las garantías de la menor gestante, se impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, les impide también que le presten la asistencia y el apoyo familiar ante un hecho de gran trascendencia y se aminoran las garantías de la vida del nasciturus”.
El entonces diputado y responsable de la estrategia jurídica del PP concluía que la ley socialista suponía “una flagrante violación de los derechos de los padres a que sus hijos reciban una formación conforme a sus propias convicciones e ignora las responsabilidades que les son inherentes en el ejercicio de la patria potestad”. Al registrar el recurso, Trillo aseguró que su partido “derogaría la ley” presentada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero si llegaba a gobernar.