Ana Millán: la alcaldesa acólita de Ayuso que ya tiene su caso de corrupción

Las tramas de corrupción comienzan siendo un ruido insoportable para quienes las viven de cerca y tan solo un rumor lejano para el resto. Incluso después de la primera denuncia, los casos crecen en una dimensión secreta que apenas emite señales. Hasta que un día, un grupo de policías irrumpe en un despacho, puede que en un domicilio, con una orden judicial de registro, en ocasiones de arresto. El pasado 25 de enero, unos guardias civiles se presentaron en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, en el suroeste de Madrid, y pidieron ver a la alcaldesa, Ana Millán, del PP, estrecha colaboradora de Isabel Díaz Ayuso. El zumbido que arrancó en 2004 acababa de convertirse en una señal audible. La Unidad Central Operativa llamaba a la puerta con un auto del juzgado. 

El nombre de Ana Millán Arroyo apareció en 2016 por primera vez en el sumario del caso Púnica, la gran trama de corrupción en torno al PP de Madrid. El nuevo Gobierno municipal que accedió a la Alcaldía aquel año descubrió al equipo saliente de la Concejalía de Juventud intentando deshacerse de documentación que habían metido en tres bolsas de basura. Con lo que pudieron recuperar, el nuevo concejal de Hacienda José Vicente Gil Suárez, de Ciudadanos, firmó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. 

Entre la documentación recuperada había intercambios de correos y extractos bancarios que demostraban la relación entre un empresario, Francisco Vicente Roselló, propietario de la empresa Neverland, y la que había sido responsable de JuventudJ, y por tanto de los festejos de la localidad, Ana Millán. La firma de Roselló, según la denuncia ante Anticorrupción, facturó más de 700.000 euros entre 2004 y 2011 al Ayuntamiento de Arroyomolinos. A su vez, la alcaldesa era propietaria de un ático en la localidad y la empresa estuvo pagando 900 euros de alquiler mensual a Millán por un supuesto alquiler. Millán declaró en 2016 a la Cadena SER que alquiló su vivienda de “buena fe” y que desconocía quién vivía o para qué se usaba. 

El próximo 22 de abril, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero tomará declaración en calidad de investigados a Ana Millán y al empresario Roselló, según un auto dictado el 9 de marzo, más de dos meses después de la irrupción de la UCO en el Ayuntamiento de Arroyomolinos. Fuentes jurídicas han informado a elDiario.es que la causa, cuyo secreto se levantó ese mismo 9 de marzo, investiga hechos que serían constitutivos de los delitos de prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y fraude a la Administración, un catálogo propio de los casos de corrupción política y administrativa. 

Para entender cómo llegó el caso de la antigua concejala de Juventud de Arroyomolinos a un juzgado de Navalcarnero hay que viajar al corazón del caso Púnica. Si algo llamaba mucho más la atención que la relación de Millán y Rosellón en los papeles de aquellas bolsas de basura eran las anotaciones que revelaban la relación de la hoy alcaldesa con un nombre familiar en la macrocausa de corrupción: José Luis Huerta Valbuena. 

Dueño de una empresa de eventos, Waiter Music, Huerta no paró durante años de ser contratado por los Ayuntamientos de Madrid gobernados por el Partido Popular. Huerta Valbuena, fallecido en septiembre de 2020, jugaba en aquella época con una carta ganadora: era amigo de Francisco Granados, el secretario general del partido, mano derecha de Esperanza Aguirre. 

Pero el empresario no descuidaba ningún flanco del poder político en la Comunidad de Madrid. Así queda de manifiesto en la agenda que el equipo de Gobierno de Arroyomolinos encontró en la Concejalía de Juventud, entre las bolsas de basura, y donde se encuentran numerosas citas entre su anterior responsable, Ana Millán, y el empresario que aumentaba su cuenta de resultados a costa de los contratos municipales. En total, 602.308,55 euros en una década.

La relación entre Waiter Music y el ayuntamiento de Arroyomolinos se remonta al lejano 2004. Después de un par de servicios por valor de casi 8.000 euros, coincidiendo con las fiestas de la localidad, aparece la primera cita entre Millán y Huertas, el 10 de noviembre. A partir de ese momento la relación entre empresa y consistorio se multiplica. Conciertos de grupos nacionales de moda, fiestas de fin de año, eventos…

El 10 de septiembre de 2020, el juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, exponía conclusiones de los investigadores a partir de la denuncia presentada por el propio Consistorio: “Los hechos que de forma expresa se refieren a Waiter Music derivan de toda una serie de adjudicaciones directas, aparentemente a través de la figura del contrato menor de servicios, si bien con la particularidad de que ni tan siquiera estaba prevista la retención del crédito con anterioridad a su contratación. Y es especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huertas Valbuena”.

El magistrado continúa: “Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”. Pero a continuación, García Castellón explicaba que los hechos estarían prescritos, ya que arrancaban en la contratación para la celebración de la fiesta de Nochevieja en 2004 y finalizan en un expediente de 2008.

Es el siguiente párrafo siguiente del auto el que convierte ya en un zumbido de entidad el presunto caso de corrupción en Arroyomolinos. Dice el juez: “Cuestión diferente se produce en relación a los hechos relativos al concejal Ana Millán y su relación con la empresa Neverland que, si bien ofrecen indicios no guardan relación con la presente pieza, procedería a la inhibición al juzgado de instrucción competente”.

Incondicional de Isabel Díaz Ayuso, la alcaldesa Ana Millán ha tenido la virtud de huir del foco de atención de la primera línea política durante sus años que mezclan municipalismo y política de pasillos. Su adhesión a la presidenta madrileña ha quedado reflejada en sus manifestaciones públicas, especialmente significativas cuando se acentuó la fractura entre la dirección nacional de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Por el momento continúa como alcaldesa de Arroyomolinos y vicesecretaria Sectorial del PP de Madrid y, por tanto, miembro de su comité ejecutivo.