La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha acordado enviar a prisión sin fianza a los líderes de la ANC, Jordi Sànchez, y Òmnium Cultura, Jordi Cuixart, según informan fuentes fiscales. Sànchez solo ha contestado a las preguntas de su abogado, mientras que Cuixart, que ya negó la competencia del tribunal para juzgarle por sedición, no ha declarado.
La magistrada señala que las movilizaciones que promovieron “no constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo” con las actuaciones policiales, sino que era “una compleja estrategia” en la que colaboraban Sànchez y Cuixart “en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.
Tras repasar todos los hechos que se le imputan, sacados de los informes que entregaron los agentes de la Guardia Civil, la jueza apunta a que ambos se alzaron como “los principales promotores y directores” de las protestas del 20 y 21 de septiembre -especialmente la de la Consellería de Economía durante los registros-, “manteniéndose al frente de las mismas durante todo el día”. Esa no era una protesta pacífica, sino que buscaba la “protección” de los altos cargos e instituciones catalanes afectados por la operación policial.
En contra de lo que ha argumentado para dejar en libertad a los responsables de los Mossos, Lamela sí que ve riesgo de reiteración delictiva en este caso, porque los investigados “vienen operando dentro de un grupo organizado de personas” llevando a cabo una serie de acciones encaminadas a “lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña frente al resto de España en un proceso que todavía se encuentra en marcha”.
Añade también que hay una “alta probabilidad” de que puedan destruir pruebas, “como se pone de manifiesto a través de la actividad ya protagonizada” por los dos acusados. Lo dice la jueza porque ya han dificultado registros y detenciones, en referencia a los actos en la Consellería de Economía.
No ayudaron a “diluir” las concentraciones
Ahora, en el auto por el que la jueza ha acordado las medidas cautelares sobre el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, también les dedica algunos párrafos. Dice de los líderes ciudadanos que, durante los hechos del 20 y 21 de septiembre, “se erigieron como interlocutores de la concentración”. Así, podían “mover a los miembros de la concentración para sus fines”.
Según la jueza, negociaron con los agentes de la Guardia Civil “al menos cinco veces”, planteándoles “diferentes opciones que les convenían exclusivamente para sus fines políticos, pero nunca aceptando aquellas opciones que los especialistas en seguridad ciudadana proponían para evitar o disminuir los riesgos”.
“Además este control nunca lo utilizaron para desconvocar o diluir una concentración que habían convocado y que estaba coaccionando e impidiendo a los agentes investigadores cumplir las órdenes del juez”, añade la jueza en su auto.
Recuerda además algunos pasajes concretos que la Guardia Civil recogió en su auto sobre los hechos, y que la Fiscalía reprodujo en su denuncia por sedición. Los líderes de ANC y Òmnium se subieron a los coches de los agentes para llamar a “la movilización permanente” a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo.
En el auto por el que les envía a prisión añade que la ANC desmintió en un mensaje que hubiese hecho un cordón de seguridad para facilitar la salida de la comitiva judicial, “como dijo algún medio”.
“Parar a la Guardia Civil”
El relato de los hechos que hace la jueza coincide con lo denunciando por la Fiscalía y lo recogido por los agentes en su atestado, y va en contra de los intereses de Sànchez y Cuixart. Fueron ellos quienes arrastraron a la gente frente a las consellerías en las que se estaban produciendo los registros.
Como prueba de que promovieron esas movilizaciones, la jueza incluye un mensaje de Whatsapp enviado en la mañana del 20 de septiembre a través de la lista de difusión de Òmnium, en el que se indicaba que las concentraciones eran “para parar a la Guardia Civil”.
Lamela, en el auto por el que rechaza deshacerse de la causa, otorgó a Sànchez y Cuixart un papel “esencial” en la sedición. Les acusó de colaborar en una “estrategia compleja” que buscaba “la ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”. Ambos, señaló Lamela, “forman parte de un comité estratégico con unas funciones concretas a ejecutar.
De hecho, el auto explicaba que el papel de estos dos líderes sociales del independentismo “resultaba esencial” tras la aprobación de las leyes de desconexión. Ellos, con su poder de movilización, tenían que “dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con la tesis soberanista”.