Junta de Andalucía evita más de 3.200 desahucios en el primer año del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda

Así lo ha explicado en el Parlamento, donde ha hecho balance de los primeros doce meses de funcionamiento de este servicio público y gratuito prestado a través de oficinas de prevención, intermediación y protección puestas en funcionamiento por su departamento en octubre del año pasado. “El Programa ha cumplido sus objetivos partiendo de la base de que, entre las familias empobrecidas por la crisis y las entidades financieras, el Gobierno andaluz debía romper la neutralidad y ponerse de parte de las víctimas”, ha afirmado Cortés.

Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de las oficinas, y el 30 de septiembre del presente año el Programa ha abierto un total de 4.460 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 692 personas, el 15,5 por ciento del total. La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones.

Cortés ha explicado que la parte “fundamental” del Programa es la intermediación. Un total de 3.261 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,1 por ciento. “Son hombres y mujeres que ya están en mora con la entidad financiera. Que quieren pagar, pero no pueden. Gracias a la intermediación de la Consejería, siguen en sus casas. Hemos evitado su desahucio”, ha dicho Cortés.

De estas 3.261 familias, 1.157 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. Las oficinas les han prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

En esta misma fase de intermediación, 2.104 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

En la fase de protección se han abierto 507 expedientes, un 11,4 por ciento del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o “en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda”. Se evalúa si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar solicitud de viviendas en los registros de demandantes municipales, median ante las entidades financieras o con los juzgados para intentar dilatar los desalojos y colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

Cortés ha destacado el “espaldarazo” que ha supuesto para la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. Además la consejera ha reiterado su petición al Gobierno central, ya formulada oficialmente, de que ceda al Programa las viviendas andaluzas del 'banco malo'. “Las viviendas vacías en la comunidad deben tener un fin social, jamás un propósito especulativo”, ha remarcado.

HERRAMIENTA “PALIATIVA”

“Estos resultados reivindican la utilidad social de la política puesta al servicio de las clases populares”, ha afirmado Cortés, que ha añadido, no obstante, que “no hay triunfalismo”. “Las oficinas prestan una atención paliativa. Los problemas de fondo de muchas de estas familias no están resueltos y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo soporta no legisle a su favor. La situación de alerta persiste”, ha advertido.

Cortés ha explicado que “la herramienta verdadera y profundamente transformadora” de la que dispone la Consejería de Fomento y Vivienda es la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz el mes pasado. “Con esa herramienta sí incidimos en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda vacía existente en Andalucía”, ha señalado la consejera.

BLOQUE INSTITUCIONAL

Un total de 229 ayuntamientos andaluces, un 30 por ciento del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, estando previsto firmar próximamente el respectivo convenio de adhesión con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Famsi).

“El Programa ha servido también para abrir brecha en el debate social sobre el problema de la vivienda y para articular un bloque institucional contra los desahucios en Andalucía”, ha destacado Cortés, que ha instado a las entidades financieras a que se sumen también a este Programa con la firma de los respectivos convenios. “La importancia del papel que desempeñan las entidades financieras en la sociedad andaluza es proporcional a la urgencia de que asuman sus responsabilidades y se adhieran a nuestros protocolos en defensa de la vivienda”, ha concluido Cortés.

PP, PSOE E IU

Por su parte, la diputada por el PP-A Alicia Martínez ha calificado de “contradictoria y desleal” la intervención de la consejera y ha señalado que las 3.261 no desahuciados en Andalucía se han beneficiado del código de buenas prácticas de las entidades financieras firmaron con el Gobierno central, frente a “la Consejería no ha alcanzado un acuerdo con los bancos”.

“Ha dicho medias verdades y es el código de buenas prácticas la que permite que estén en su casa estas familias”, ha subrayado Martínez, quien, si bien, ha pedido que se aumenten las acciones en la parte de protección de este programa

Por último, ha calificado a IU como “cómplice” de las políticas que han llevado a la situación de la vivienda actual “al soportar un gobierno andaluz con el PSOE”.

Por su parte, el diputado por PSOE-A Enrique Javier Benítez ha resaltado “el coste cero” de este programa para la Administración Pública, basado en la reordenación de los recursos. También ha pedido que “no se bajen los brazos ante los desahucios”, donde Andalucía ocupa el cuarto lugar después de Cataluña, Valencia y Madrid.

Asimismo, ha llamado la atención sobre lo rápido que el Ejecutivo central planteó el recurso ante el Tribunal Constitucional ante el conocido decreto 'antidesahucios', mientras que “se lo está estudiando” ante la Ley de la función social de la vivienda. Al mismo tiempo, también ha exigido al PP-A que “deje de tener secuestrado la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y la dejen decidir sobre si se adhiere a este programa”.

Por su parte, la diputada por IULV-CA Inmaculada Nieto ha advertido de que el contexto que se dibujó para poner en marcha este programa “aún continúa e incluso ha empeorado” para “un muy amplio segmento social”, por lo que ha instado a seguir con este programa que “sigue siendo oportuno”.

Tras recordar las críticas que recibió este programa, que llegaron a verlo como “un instrumento de propagando o un ataque a intereses”, Nieto ha señalado que se necesita una modificación del marco estatal.