Andrea Fernández (Valencia de Don Juan, León, 1992) es, desde hace apenas año y medio, la secretaria de Igualdad del PSOE. Su llegada al cargo, en sustitución de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, se produjo en un momento convulso: la Ley Trans tensionaba fuertemente a su partido y también al Gobierno de coalición. El nombramiento de Fernández supuso un cambio de tono que desembocó, primero, en un acuerdo con el Ministerio de Igualdad para blindar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso y, después, en la aprobación de la norma que consagra la autodeterminación de género.
La nueva ley del aborto está en el Senado y le queda muy poco para salir adelante definitivamente. Y sin embargo, asistimos al intento por parte de Vox en el Gobierno de Castilla y León de aplicar medidas contra el espíritu de esa norma y muy en línea con lo que sucede en países como Hungría, Polonia o algunos estados de EEUU. ¿Teme que haya boicots de algunas comunidades a la aplicación práctica de una ley que precisamente busca quitar trabas al ejercicio del aborto?
Me ha sorprendido particularmente que con las palabras de Juan Gallardo se haya producido esta reacción, como si fuera la primera vez que en Castilla y León se cuestiona el derecho al aborto. En Castilla y León ya era muy complejo ejercer los derechos reproductivos y aplicar la ley de 2010 mucho antes de que Juan Gallardo llegara a la Junta. Sabemos que se han producido distintas estrategias para obstruir la aplicación de la ley y, de hecho, el registro de objetores lleva sin actualizarse diez años. Teniendo en cuenta que en los hospitales públicos no es posible cumplir con la ley, la Junta saca contratos públicos en unas condiciones económicas tan pírricas que las clínicas privadas no concursan. Por lo tanto, tenemos un contrato con una sola clínica para una de las comunidades autónomas más grandes de España.
La nueva ley avanza y ahonda en planteamientos que ya estaban reconocidos en la ley de 2010, que decía que las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo en los plazos marcados y en su hospital de referencia, en el más cercano. Ahora va a ser obligatorio que los centros hospitalarios se encarguen de proveerse de profesionales que puedan hacer esas intervenciones. Es un avance. No obstante, vemos que efectivamente la extrema derecha tiene propuestas para contrarrestar estos avances.
Los registros de objetores son otra de las novedades de la ley. Pero Gallardo deslizaba la idea de que en esa comunidad no sería obligatorio para los médicos apuntarse en esos registros. ¿Cómo puede garantizarse que la regulación de la objeción de conciencia se cumpla?
Las leyes orgánicas son de obligatorio cumplimiento para absolutamente todo el mundo y hemos visto que por suerte actualmente tenemos un Gobierno central que está protegiendo a las mujeres y que está diciéndole en este caso a Castilla y León que no pueden ejecutar lo que están haciendo porque contravienen normas que son comunes. En eso consiste una democracia y en eso consiste ordenar una comunidad política. Con toda la polémica generada hemos visto cómo el propio presidente de Castilla y León, Mañueco, del Partido Popular, ha titubeado porque evidentemente lo que están haciendo tiene una magnitud enorme. Las leyes se tienen que cumplir y ningún territorio puede elegir no hacerlo.
El Partido Popular en Castilla y León lleva boicoteando abiertamente el derecho al aborto desde hace muchísimo tiempo, con lo cual no es que ellos simplemente toleren, ellos están cómodos en esos postulados
¿Hay entonces connivencia del PP?
No es que haya connivencia, es que hay mucha comodidad. El Partido Popular en Castilla y León lleva boicoteando abiertamente el derecho al aborto desde hace muchísimo tiempo, con lo cual no es que ellos simplemente toleren, ellos están cómodos en esos postulados. El problema que han tenido es que han recibido una respuesta social muy contundente. Saben que es un tema que pertenece a los grandes consensos democráticos en este país y que no van a obtener rédito electoral y empiezan a reaccionar.
El final de 2022 y el inicio de 2023 han sido especialmente duros en cuanto a asesinatos machistas, una situación que ha generado mucha alarma. Además, casi la mitad de las mujeres asesinadas en 2022 sí que habían denunciado. ¿Qué está fallando?
Estamos viendo cómo el Ministerio del Interior ha iniciado una investigación y precisamente se ha centrado en hacer ese trabajo, en ver qué ha podido fallar en los casos en que sí había denuncia, en los que el problema no había sido detectar la violencia, sino tratarla. Necesitamos dar un paso más, desde el Partido Socialista llevábamos tiempo diciéndolo y fue nuestro leitmotiv del 25N: violencia cero. En el análisis que veníamos realizando a través de la Secretaría de Igualdad vemos cómo la ley de 2004, el Pacto de Estado, indudablemente han funcionado, han reducido sustancialmente la violencia de género, pero llevamos ya casi cerca de una década viendo cómo esas cifras de asesinadas se van estancando. Tenemos que abrir una reflexión a este respecto. El Ministerio del Interior se ha puesto las pilas, también el Ministerio de Igualdad, todo el Gobierno está trabajando en ello. Vamos a ver qué conclusiones obtenemos de este trabajo. Es muy importante escuchar a profesionales, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los educadores. La violencia de género es un problema estructural.
¿Y cuál es su opinión sobre la propuesta de Interior de avisar a las mujeres que denuncian si su pareja ya ha estado dentro del sistema de vigilancia Viogén, que es una medida que genera cierta controversia?
Es una propuesta en estudio. Tenemos que ver cómo se desarrolla, pero en cualquier caso creo que toda prevención siempre es poca.
Necesitamos tiempo para ver cómo se asienta la Ley de Libertad Sexual, para ver cómo las audiencias provinciales y tribunales van interpretando la nueva propuesta. Necesitamos tiempo para sacar conclusiones a este respecto
Los dos últimos meses también hemos visto cómo se aplicaban varias rebajas de condenas a agresores sexuales que los jueces justificaban con la nueva ley del 'solo sí es sí', una de las normas emblemáticas de esta legislatura. ¿Hubo un error en esa ley?
Respecto a la Ley de Garantía de la Libertad Sexual se ha producido un debate público que en cierta medida es perverso. Ante todo tenemos que ser capaces de transmitir a la ciudadanía que es una buena ley, y lo es porque aborda la violencia sexual desde una perspectiva integral. Es decir, no concibe la violencia sexual como un problema exclusivamente penal o un problema que se tenga que abordar desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sino que nos dice que la violencia sexual es un problema que nos interpela a todos y a todas, porque es una violencia estructural que sufren particularmente las mujeres. Por eso, se ha apostado por los centros 24 horas que se van a instalar en todas las provincias para que una víctima, en cuanto sufra una agresión, pueda acudir a su centro más cercano y reciba atención psicológica, atención jurídica, atención forense. La ley introduce fases de custodia de la prueba que son muy importantes desde la perspectiva penal. Introduce el derecho a la reparación de la víctima. Contiene avances suficientes y supone un cambio de paradigma lo suficientemente importante como para que hagamos un análisis de conjunto.
¿Y desde el punto de vista penal?
El hecho de que saquemos la violencia y la intimidación como eje central a la hora de abordar la violencia sexual desde la perspectiva penal y lo cambiemos por el consentimiento de la víctima es un cambio revolucionario y es muy complejo dentro del Código Penal. Eso hace que necesitemos tiempo para ver cómo se asienta la ley, para ver cómo las distintas audiencias provinciales y tribunales van interpretando la nueva propuesta desde una perspectiva de la política criminal. Necesitamos tiempo para sacar conclusiones a este respecto.
¿Comparte la tesis del Ministerio de Igualdad que apuntaba a que el machismo de los jueces, las resistencias machistas dentro del Poder Judicial, está fomentando un tipo de interpretaciones de la ley que benefician a los condenados?
No lo compartimos y distintos integrantes tanto del Partido Socialista como del Gobierno hemos hablado a este respecto. Hemos tenido la oportunidad de conocer y de hablar con muchísimos jueces y juezas que han colaborado siempre a la hora de elaborar propuestas y el compromiso social, político y judicial en España contra la violencia de género es fuerte y eso es lo que nos ha llevado a donde estamos ahora, que es a ser uno de los países de referencia en materia de lucha contra la violencia de género. Es cierto que del mismo modo también existen ejemplos de integrantes de la carrera judicial que quizás no son los mejores en este sentido. Y es verdad que cuando hablamos de legislación que requiere perspectiva de género nos encontramos con cierta incomprensión o reacciones que no son las más adecuadas. No obstante, no creo que se deba coger la parte por el todo y yo puedo decir que tengo una confianza total en el funcionamiento del Estado de Derecho en nuestro país.
¿Hacía falta una disposición transitoria en esa ley?
Como decía antes, a veces da la sensación de que es necesario tener una opinión a los cinco minutos de que surja la polémica. Son debates lo suficientemente técnicos como para que no pensemos que las soluciones son tan fáciles como decir que hacía falta una disposición transitoria. Esas disposiciones se incluyeron en el Código Penal del 95 porque estábamos ante un cambio completo de la política penal. Hay muchísimo debate con respecto a esta cuestión y debemos ser capaces de hacer un análisis sosegado de las cosas. Es un texto que efectivamente pasó por muchas manos y mucho estudio y eso no significa que todas las personas que vieran el texto dejaran pasar un error sino que precisamente es una ley extraordinariamente compleja.
A finales de diciembre el Congreso aprobaba la Ley Trans y la enviaba al Senado. La norma incluye la autodeterminación de género, que ha sido probablemente el punto que más tensión ha generado en el Partido Socialista, pero también mucha dentro del Gobierno de coalición. En los dos últimos años, el PSOE ha pasado de criticar la autodeterminación de género y de dudar de su seguridad jurídica a aprobar una ley que la consagra. ¿Cómo explica este viraje de su partido?
No comparto algo que enuncias, que el Partido Socialista ha pasado de criticar o de estar en contra a aprobar una ley. La ley LGTBI y Trans es una ley que sale de un Consejo de Ministros formado fundamentalmente por ministros socialistas y es una ley que se aprueba en el Congreso de los Diputados porque el grupo mayoritario de la Cámara, que es el PSOE, vota a favor. Por tanto, el Partido Socialista está a favor de la ley LGTBI y de la Ley Trans. Ha habido más interés en analizar ese ruido interno, esas posibles discrepancias, que lo que realmente han supuesto, porque, como pudimos ver, el desarrollo de la ley se produjo con total normalidad y en el PSOE la trabajamos con mucha profusión a lo largo del trámite parlamentario. Ha sido una ley que además ha sido un camino apasionante. Lo que puedo decir es que el Partido Socialista es uno de los partidos más grandes de este país, con implantación en todo el territorio. Es un partido que tiene una militancia activa y donde los debates corren, se instalan, se mantienen. Y eso lo celebro porque creo que es bueno, nos ayuda a crecer, a avanzar y a tener muy claro cuál es el suelo que pisamos.
La Ley Trans es una buena ley. Es un texto que va a ser positivo y que es un avance del que todos nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas
Pero sí hay varios hechos: en 2017 el Partido Socialista impulsó una proposición de ley muy ambiciosa que incluía la autodeterminación de género, también para los menores, y que era muy parecida al primer borrador que salió del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Sin embargo, en junio de 2020 el PSOE envió una comunicación firmada por sus máximos dirigentes en ese momento en la que se criticaba la autodeterminación de género de manera muy explícita para finalmente apoyar la ley en 2022. Eso es un cambio.
Como digo, el Partido Socialista es un partido donde la complejidad y los matices en las ideas están muy presentes, porque acogemos muchísimas sensibilidades y eso precisamente es una de las grandes fortalezas que tenemos. Hemos andado un camino concreto, particularmente desde hace un año y poquito, en que yo represento a la Secretaría de Igualdad en el PSOE. La dirección es clara, porque quienes nos la marcan son nuestros delegados en los congresos federales y en la ponencia del último congreso federal la posición acerca de este tema que se votó explícitamente es clara y es que nosotros estamos a favor de los derechos LGTBI y trans, como por cierto hemos estado siempre. Hay que recordar que en este país existen derechos LGTBI y trans porque el Partido Socialista los ha impulsado.
¿La Ley Trans es, entonces, una norma con seguridad jurídica?
Sí, es una buena ley. Es un texto que va a ser positivo y que es un avance del que todos nos tenemos que sentir orgullosos y orgullosas.
En cualquier caso, sí parece evidente que hay una fractura, una brecha interna dentro del PSOE a cuenta de este tema. Hay importantes socialistas feministas que han sido y son muy beligerantes contra esta norma y que incluso han impulsado asociaciones al margen del partido. ¿Hasta qué punto llega esa brecha? ¿Hay posibilidad real de cerrarla?
En nuestro partido siempre hay debates abiertos. El feminismo es un movimiento político que está muy vivo y que tiene una presencia y una importancia dentro muy relevante. El debate a las feministas siempre nos ha ayudado a crecer, a entender la complejidad de las posturas, a entender los matices y siempre que esos debates se desarrollen respetando las normas básicas de la conversación y del diálogo, son bienvenidos y son buenos. A mí lo que me gustaría como secretaria de Igualdad es que se naturalizara eso para que aceptáramos que existen distintas posiciones a este respecto y que mientras se expresen con respeto y podamos dialogar nos van a servir para crecer. No obstante, este tema para el PSOE está cerrado, el PSOE está a favor de los derechos LGTBI y trans. Así lo hemos manifestado y quiero insistir en que en este país la Ley LGTBI está aprobada porque el Partido Socialista la ha apoyado. Sin el Partido Socialista no hubiera habido ley LGTBI y trans.
La dirección es clara, porque quienes nos la marcan son nuestros delegados en los congresos federales, y en la ponencia del último congreso la posición acerca de este tema que se votó explícitamente es clara: estamos a favor de los derechos LGTBI y trans
La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo se ha manifestado en contra de esa norma de manera muy clara y de hecho se abstuvo en la votación de la norma en el Congreso. ¿Va a ser sancionada por ello?
Es una decisión que le corresponde tomar a la dirección del grupo parlamentario.
¿Y a día de hoy sabe qué decisión se va a tomar al respecto?
Lo desconozco y no creo que tampoco tenga ninguna relevancia.
Una de las consecuencias de este debate interno ha sido la baja de Carla Antonelli. No sé si ha podido hablar con ella o si incluso intentó frenar una baja que entiendo supone un coste para el partido.
Cuando Carla tomó esa decisión no nos lo comunicó. A mí no me lo comunicó porque de haber sido así desde luego que la hubiera animado a continuar militando en el Partido Socialista. Carla Antonelli es una persona queridísima por el PSOE y es una compañera que ha aportado mucho a este partido.
¿Hay espacio en el PSOE para las nuevas voces y perfiles feministas? Porque en este debate ha habido mucho peso de voces históricas mientras que quizá otras políticas más jóvenes han quedado más silenciadas.
Me sorprende muchísimo la pregunta, porque yo soy la secretaria federal de Igualdad y defendí la ley LGTBI y trans en el pleno del Congreso en mi rol de diputada. Por tanto, por supuestísimo que sí, que todos los perfiles feministas tienen espacio en el PSOE y esta es la casa de todo el feminismo. El feminismo es siempre incluyente.
Carla Antonelli no me comunicó su baja porque de haber sido así desde luego que la hubiera animado a continuar militando en el Partido Socialista. Es una persona queridísima por el PSOE y es una compañera que ha aportado mucho a este partido
¿Qué piensa de que una persona que ha estado históricamente ligada al PSOE como Amelia Valcárcel participara en unas jornadas del Partido Popular que criticaban duramente la Ley Trans?
Es una persona adulta, en pleno ejercicio de sus libertades y por tanto puede participar allá donde considere.
Pero es una persona que claramente ha estado ligada al PSOE y que atrae o tiene la atención de mucha gente y de muchas feministas socialistas.
Eso es una opinión subjetiva. Creo que Amelia ha colaborado puntualmente en algunas ocasiones con el Partido Socialista, pero no tiene ninguna vinculación directa con el PSOE. Por tanto, el PSOE no puede responder por las decisiones que tome Amelia Valcárcel.
Hemos sabido esta semana que el Parlamento Europeo va a sancionar a la eurodiputada socialista Mónica Silvana por acosar psicológicamente a sus tres asistentes. ¿Va a tomar Ferraz alguna medida contra ella?
Lo único que puedo decir es que me adhiero a lo que diga Iratxe García, que es compañera mía en la ejecutiva federal y que está al cargo de este asunto.
Vídeo: Nando Ochando