Andrés Gómez Gordo: el uniforme como negocio para el policía de Cospedal

En el catálogo de estampas ocultas que han aflorado con el caso Villarejo hay una sección entera dedicada a los reservados de los restaurantes caros de Madrid y la inquietante pregunta de qué hacía siempre un policía allí. Podía ser el propio Villarejo o cualquiera de los mandos que integran la lista de imputados, ávidos de tomar el ascensor social y olvidarse de atestados, trienios y la dichosa vocación de servicio público. El uniforme y la placa como oportunidad de negocio. Que le pregunten al comisario Andrés Gómez Gordo, al servicio del Partido Popular y de lo que el señor López del Hierro y su esposa, María Dolores de Cospedal, tuvieran oportuno requerir. 

El comisario Andrés Gómez Gordo transitó por el poder del PP en la Comunidad de Madrid y en Castilla-La Mancha disfrutando de excedencias, y en el Gobierno central, de uniforme y en primera línea de la brigada política. La Fiscalía Anticorrupción pide para él seis años de cárcel por los amaños de los contratos de seguridad en el fracasado proyecto de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, otra serie de obras faraónicas que dilapidaron millones y se quedaron en casi nada. En el caso Villarejo está imputado como “controlador” del chófer el extesorero, al que pagaba de los fondos reservados del Ministerio del Interior para sabotear la investigación de la caja B del PP. 

Entre un periodo y otro, el por entonces inspector jefe Gómez Gordo fue fichado por María Dolores de Cospedal como director de Análisis y Documentación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, un subterfugio para ejercer otras funciones al servicio de la entonces presidenta autonómica, de las que solo era visible la organización de su escolta. Aunque en mayo de 2015 nada hacía prever que Cospedal perdería el Gobierno castellano-manchego en las dos semanas siguientes, Gómez Gordo regresó al servicio activo de la Policía. El porqué tardaría tres años en descubrirse. 

Gómez Gordo conocía desde hace años al empresario Ignacio López del Hierro, donante de la caja B del PP, mencionado en varios sumarios, imputado en ninguno. En 2009 logró el puesto de jefe de prensa de la Jefatura Superior de Policía de Madrid en pleno estallido del caso Gürtel. Su cometido era trasladar a los periodistas la actividad del Cuerpo en la Comunidad de Madrid, informar de los sucesos… pero eso no parecía interesarle mucho. Él se las ingeniaba para mercadear con la información, dedicado a conseguir las claves de la plataforma que daban acceso al sumario del caso Gürtel y alertar a López del Hierro si algún periodista intentaba meter las narices en sus negocios. 

Hasta que en 2012 dejó la Policía para ir a Castilla-La Mancha a servir a la esposa del empresario, María Dolores de Cospedal, junto a la que permaneció tres años antes de su regreso triunfal a la Policía en el Gobierno de Mariano Rajoy. De vuelta al Cuerpo, el puesto asignado volvía a ser un pretexto: jefe de la sección de Vigilancias de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Su cometido real: integrar el grupo de policías que el director adjunto operativo Eugenio Pino había reunido para atacar a la oposición y sabotear el caso de la caja B que se instruía contra el Partido Popular. Otro comisario imputado, Enrique García Castaño, ha acusado a Gómez Gordo, primero ante el juez y hace unos días en el Congreso, de participar en la confección del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), el documento apócrifo con el que la brigada política intentó socavar a Podemos, que difundieron varios medios de comunicación y que encalló en los tribunales. 

En el sumario de Kitchen hay evidencias de que participó también en la maniobra de Interior para torpedear el caso de la doctora Pinto y lograr que Villarejo no fuera imputado por apuñalar a la dermatóloga que trataba a personalidades de la élite madrileña. Gómez Gordo firmaba el informe por el que la Dirección de la Policía defenestró profesionalmente al comisario que comenzó a investigar a Villarejo como agresor de la médico a sueldo del empresario Javier López Madrid. De su participación en la maniobra apareció constancia en el teléfono incautado al número dos de Interior Francisco Martínez. “El 16 de julio reconocimiento fotográfico de Pp [Villarejo} en el caso de la loca, llegó el jueves la citación, lo habíamos parado, pero alguien lo ha reactivado… Ya me dices algo. Un saludo”, le dice en un mensaje Gómez Gordo al secretario de Estado de Interior en la primera etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

6.000 euros de sueldo, 100.000 de indemnización

Pero como ha desvelado la pieza 7 del caso Villarejo, el regreso de Gómez Gordo a la Policía escondía otro motivo aún más relevante. Sergio Ríos Esgueva, el chófer que el Partido Popular había puesto a Luis Bárcenas no encajaba con los comisarios que el Ministerio del Interior había puesto a “manipularle”. El chófer prefería a un antiguo amigo suyo, de la época en la que era conductor de Granados. Después de fracasar la Ciudad de la Justicia, donde el policía cobró 6.000 euros mensuales y 100.000 de indemnización como director de seguridad de un proyecto que Esperanza Aguirre presentó en medio mundo pero que no se llegó a inaugurar, Francisco Granados lo había acogido como asesor en la Comunidad de Madrid. Ríos Esgueva era entonces el chófer de Granados y con el policía pasaba los ratos muertos. Era el momento de que Andrés Gómez Gordo entrara en la Operación Kitchen.

A su regreso a Madrid, el policía puso sus habilidades sociales a trabajar. Como ha desvelado el teléfono móvil del entonces número dos de Interior, el policía contó en poco tiempo con el favor de Francisco Martínez. El 22 de julio ambos se intercambian mensajes de Whatsapp. El entonces inspector jefe no repara en atenciones. El inspector jefe invita a comer a Martínez “al Villamagna”, uno de los cinco entrellas más lujosos de Madrid, en el Paseo de La Castellana. “En todo caso invito yo”, le contesta el secretario de Estado. El 30 de agosto vuelven a hablar. Lo hacen con familiaridad sobre una noticia aparecida en los medios. El siempre correcto secretario de Estado, licenciado por la elitista universidad privada de ICADE, comenta al policía sobre una periodista que firma una información: “A ésta te la has ligado… Los uniformes le ponen a las progres también”. En esa época, sus colegas de la brigada política le apodaban “Cospedín”.

No habían pasado seis meses de su regreso procedente de Castilla-La Mancha cuando Gómez Gordo recibió una medalla pensionada en el cuerpo. La Dirección de la Policía nunca informa de los motivos de las condecoraciones, pero el caso Kitchen ha desvelado que el policía tenía en sus manos al confidente más importante para el ministro del Interior en ese momento: el chófer que podía acceder al material escondido por Bárcenas tras entrar en prisión y que podía comprometer a la cúpula del partido y al propio presidente del Gobierno. 

En Gómez Gordo reside uno de los grandes interrogantes de la Operación Kitchen: ¿Robó la brigada política un disco duro con grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy? Los policías se acusan entre ellos. Ninguno reconoce haberlo tenido. En los papeles que el chófer robó a Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas había escrito: “Sergio ha creado a través jefe presidencia Cospedal disco duro. Muertos de miedo”.

“¿Quién le paga el abogado?”

El miércoles pasado, ante la comisión del Congreso que investiga Kitchen, Gómez Gordo apareció con una mascarilla que le tapaba el rostro hasta las pestañas y gafas de leer. Titubeando, el policía se disculpó una y otra vez por no poder contestar a las preguntas de los diputados por consejo de su abogado. La portavoz de Vox, Macarena Olona, reparó en un detalle. El letrado pertenece al despacho del ex juez José Antonio Choclán, letrado de Ronaldo o Corinna Larsen. “Quién le paga el abogado”, preguntó la diputada al policía sin obtener respuesta. Al terminar la comparecencia, Gómez Gordo recuperó repentinamente su desparpajo. Se dirigió uno por uno a los portavoces para chocar puños y dar un toque en el brazo de pretendida familiaridad a alguno de ellos. 

Andrés Gómez Gordo ascendió a comisario en la última etapa del PP en el Gobierno y juró el cargo ya con Grande-Marlaska en el Ministerio. Tiene un hermano policía que ha sido dos veces juzgado y absuelto por sus tratos con la mafia china, a la que estaba encargado de investigar. Ambos siguen en activo. A día de hoy, Andrés Gómez Gordo es jefe de la comisaría madrileña de Villa de Vallecas.