El juez Fernando Andreu ha concluido la instrucción de la causa de las tarjetas 'black' y mantiene las acusaciones contra los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato, así como contra otros 64 usuarios de los plásticos. En su auto concluye que los hechos investigados podrían constituir los delitos de administración desleal, respecto de aquellos imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades, o de apropiación indebida en el resto de supuestos.
Según el juez, de la actuación de los 66 se desprenden indicios racionales y fundados de criminalidad contra los miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control y ejecutivos de Caja de Madrid y Bankia que recibieron de las citadas entidades unas tarjetas de crédito tituladas a su nombre, emitidas sin respaldo contractual alguno, que usaron para gastos personales y propios.
Andreu resume en un párrafo del auto en qué consistió la “actividad criminal”. Afirma que “en un principio” (1994) las tarjetas tenían por objeto “hacer frente a los gastos de representación o relacionados con actividades profesionales”, pero que se terminaron entregando los plásticos a miembros del Consejo de Administración, la Comisión de Control y la alta dirección “con unos fines completamente distintos” a los citados gastos de representación. En total, la investigación ha podido identificar el gasto de 15,2 millones de euros con las tarjetas de forma irregular.
Además, las tarjetas se aprobaron en consejos de administración, lo que convritió su entrega “en una remuneración irregular”. “Se podía disponer de su saldo libremente, sin necesidad de justificar el concepto por el que se disponía de cada tarjeta, y todo ello teniendo en cuenta que, según se informa por Bankia, junto a estas tarjetas, los consejeros o ejecutivos disponían de otra tarjeta de empresa”, describe el magistrado. Los plásticos, continúa, no tenían “soporte contractual, ni previsión estatutaria”.
En su resolución, Fernando Andreu rechaza las peticiones de sobreseimiento de las actuaciones formuladas por Jorge Rábago Juan Aracil, Mariano Pérez Calver, Ramón Martínez Vilches, Enrique de la Torre Martínez, José María Buenaventura Zabala y Cándido Cerón Escudero.
Del mismo modo, afirma que la instrucción, que se ha realizado de forma profusa y profunda, debe darse por conclusa, al haberse practicado todas las diligencias esenciales para determinar la naturaleza y las circunstancias de comisión de los hechos, por lo que no considera necesario la práctica de nuevas diligencias solicitadas por los abogados de Estanislao Rodríguez Ponga y Pedro Bedia Pérez. Estos son algunos de los imputados que llevan meses inundando el juzgado con peticiones que siempre son rechazadas, pero que han logrado dilatar el proceso.
El titular del juzgado central de instrucción número 4 ha dado traslado al fiscal, y a las acusaciones personadas, para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa. Será entonces cuando se conozcan las peticiones de condena para cada uno de los directivos y consejeros de Caja Madrid y Bankia.