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La manifestación que tuvo lugar hace unos días en Madrid contra el Toro de la Vega y la posterior entrega de 85.000 firmas en el Congreso pidiendo acabar con este cruel festejo, han señalado la creciente sensibilización ciudadana que hay sobre el maltrato animal. Ambas iniciativas fueron impulsadas por varios de los numerosos colectivos animalistas que proliferan en España, que llevan luchando años para que nuestros gobernantes tomen conciencia del problema. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna ley integral que a nivel nacional proteja el derecho de los animales a tener una vida digna y que castigue con suficiente dureza su maltrato. Los activistas reconocen los avances sociales pero creen que en el terreno legislativo queda aún mucho camino por recorrer.
Pese a todas las protestas, Vulcano murió cruelmente lanceado en Tordesillas (Valladolid) – cuyo alcalde es del PSOE-, mientras en las redes sociales se extendía la crítica contra de una de las muchas fiestas que existen en España en las que los toros y otros animales son objeto de la diversión. Silvia Barquero, vicepresidenta del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), promotores de las firmas para la abolición del Toro de la Vega, no se desanima porque cree que tarde o temprano conseguirán su abolición. “Hay algunas causas que, por su crueldad, se defienden en sí mismas”, opina.
Este partido defensor de los animales y de su bienestar lleva más de una década intentando tener representación en las instituciones. En las últimas elecciones generales logró 102.144 votos para el Congreso y 374.483 para el Senado, todo un “hito histórico”, según sus militantes, “sobre todo si tenemos en cuenta que superamos los que alcanzaron algunos partidos que están ahora sentados en el Grupo Mixto”, dice Barquero. En las próximas convocatorias volverán a intentarlo -europeas, locales y autonómicas- con la vista puesta en las generales, convencidos de que esta vez lograrán representación parlamentaria “para poder ser la voz de los animales”.
La PACMA, como casi todos los colectivos que trabajan con este fin, no recibe ayudas públicas ni subvenciones de ningún tipo. Se nutre de las pequeñas cuotas de sus afiliados y de las aportaciones que realizan los simpatizantes, que no pueden exceder de los 600 euros anuales, según la ley de financiación de partidos.
En España existen cientos de asociaciones y grupos defensores de los derechos de los animales, sin embargo, su número exacto es imposible de conocer a través del Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior por sus diferentes naturalezas jurídicas, a pesar de que los fines son muy similares. Y aún así, no dan abasto. “Aunque avanzamos, aquí hay muy poca cultura sobre el respeto a los animales”, afirma Marina, una de las muchas personas que presta voluntariado en protectoras de animales.
Uno de los colectivos más activos es Igualdad Animal, una organización de carácter internacional que trabaja en Alemania, India, Italia, México, Reino Unido, Venezuela y también en España. Sus impactantes campañas de denuncias sobre maltrato animal han dado la vuelta al mundo y no dejan indiferente a nadie. Como las sobrecogedoras imágenes tomadas en mercados y mataderos de perros y gatos en China que han logrado movilizar miles de firmas ciudadanas para acabar con este inhumano comercio, o las denuncias contra las granjas de engorde o de cría animal para fabricar pieles. Algunas de sus acciones se han saldado con la detención de varios activistas. “Están intentando criminalizarnos”, lamenta su portavoz en España, Javier Moreno, en alusión a las acusaciones que recibieron de ser los autores de una de las sueltas masivas de visones.
Moreno cree que nuestros políticos - y los lobbies que los presionan- “van a tener que estar más receptivos a estas denuncias. Saben que si no lo hacen perderán cada vez más apoyo social”. Sin embargo, aclara que dentro de las aspiraciones de la organización no está presentarse a unas elecciones.
Precisamente, el próximo miércoles se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso una proposición no de ley presentada por la Izquierda Plural encaminada a que desaparezcan en España los festejos con animales, empezando por el Toro de la Vega. La iniciativa será tumbada por la mayoría del PP que se niega a acabar con este tipo de espectáculos amparándose en que son “tradiciones” de tipo “cultural”, muy arraigadas en nuestro país. Pero al menos servirá para que los demás partidos se retraten y se vuelva a debatir un asunto que escuece la conciencia de muchos diputados, empezando por los del propio PSOE, partido en el que conviven taurinos y antitaurinos casi a partes iguales. Prueba de ello es que en Andalucía la nueva presidenta de la Junta, Susana Díez, apoya que en su comunidad siga habiendo toros. O que en julio de 2010 cuando en el Parlamento catalán se debatió la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que se pedía prohibir las corridas de toros, el PSC tuvo que dar libertad de voto a sus diputados que se decantaron mayoritariamente por la abstención o por el ‘no’. A pesar de todo, se ganó la batalla y la prohibición entró en vigor el 1 de enero de 2012.
Los abolicionistas celebraron aquel éxito como algo realmente ‘histórico’, como explica Leonardo Anselmi, Director para España de la Fundación Franz Weber (FFW), responsable legal de aquella iniciativa popular catalana. A diferencia del resto, esta Fundación, con sede matriz en Suiza, trabaja en otro campo, el de la asesoría estrategia y marketing. “Asesoramos a las organizaciones ecologistas, ONGs y asociaciones que luchan por la defensa de los derechos de los animales sobre cómo llevar campañas efectivas”, explica Anselmo, que ve entre nuestros políticos “una gran miopía” en esos asuntos. “Deberían tener mucho más interés por influir durante la educación infantil sobre el maltrato animal porque España no puede ser una isla en este mundo global”.
Ahora el PP quiere blindar los toros para que no pase igual en otras comunidades autónomas y se ha apresurado a dar luz verde en el Congreso a una ILP respaldada por 590.000 firmas para declarar las corridas Bien de Interés Cultural (BIC). Si como se espera sale adelante, Cataluña tendría que dar marcha atrás de nuevo.
Lo cierto es que ni el PSOE ni el PP han estado, ni parecen estar, dispuestos a aprobar una ley integral contra el maltrato animal ante el temor a que ello abra la puerta a la posible prohibición de la Fiesta Nacional, los toros, un negocio que mueve muchísimo dinero, recibe sustanciosas subvenciones y que cuenta con millones de entusiastas y seguidores. Tampoco UPyD ha dado muestras de querer avanzar es ese terreno. Todo lo contrario. En sus filas de la formación magenta milita el profesor Miguel Ángel Quintana, autor de un Manifiesto a favor del Toro de la Vega -como cuenta en su artículo del diario.es Ruth Toledano- y también el actor Tony Cantó, quien, no solo reconoció en una de sus intervenciones parlamentarias que UPyD estaba a favor de que continuaran las corridas de toros, sino que llegó a decir que “ni los toros ni el resto de los animales tienen dos derechos fundamentales: el de la libertad y el de la vida”, opinión que provocó una avalancha de airadas criticas en Twitter.
Aunque las CCCAA tienen sus propios reglamentos, por el momento, solo el Código Penal contempla el maltrato como delito. El artículo 337 dice: “Los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales”. Y se destaca lo de “animales domésticos” con lo que se excluye al toro de lidia.
No obstante, y ante este 'triste' panorama, la exministra de Medio Ambiente y miembro de la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Animales, Cristina Narbona, rompe una lanza a favor de la gestión que ella hizo cuando gobernaba su partido. “Me siento especialmente satisfecha de haber impulsado la norma por la que en 2006 se creo la Fiscalía Especial para los delitos contra el urbanismo y el medio ambiente ( donde se incluye el maltrato animal), ya que desde entonces han aumentado las denuncias y las condenas” .
También valora “positivamente” el hecho de que la actual reforma del Código Penal contemple en esta materia un endurecimiento de las penas, pero lamenta que todavía no se haya materializado “el compromiso, asumido en el programa electoral del PSOE de 2008 de establecer una ley básica de protección animal, para la que sin embargo existe ya un trabajo muy extenso, desarrollado por numerosos expertos que demuestra ampliamente la oportunidad y la viabilidad de dicha ley, en términos análogos a las de países de nuestro entorno”, concluye Narbona.
La exministra aprovecha para criticar “el empeño” del actual Gobierno del PP para que las corridas se consideren Bien de Interés Cultural: “es una manifestación más de lo lejos que está Gobierno de la sensibilidad de una gran mayoría de los ciudadanos”, opina.