Dos años de García Castellón contra Podemos: nueve sospechosos, ningún imputado

El resultado de las dos investigaciones que ha emprendido Manuel García Castellón contra Podemos desde 2020, el caso Dina y el de la supuesta financiación irregular, han derivado en el archivo tras practicar instrucciones que han arrojado impactantes titulares en los medios, revocaciones y advertencias por parte de la instancia superior de la Audiencia Nacional y han finalizado sin que el juez logre atribuir la condición de imputado a ninguno de los nueve miembros de la formación a los que situó como sospechosos en uno y otro caso. 

El último de los autos de la Sala de lo Penal, en el que se ordena a García Castellón archivar la causa por los supuestos pagos de Venezuela, habla de invasión de derechos fundamentales en una investigación “prospectiva”, advertencia que ya se le había hecho al magistrado en un auto anterior y que este ha intentado burlar ampliando “artificiosamente” la investigación, según la resolución de la Sección Tercera, que preside Alfonso Guevara. 

El magistrado había ordenado a la Policía que rastreara cuentas bancarias de personas físicas y jurídicas que ni siquiera tenían la condición de investigadas, en busca de un delito de financiación ilegal que no existía cuando se produjeron los hechos. El origen del caso es, además, un dosier de la brigada política del PP, confeccionado en 2016, cuyo contenido despreció el Tribunal Supremo y que cinco años después ha sido aderezado con unas “narraciones de terceros” del exmilitar Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Según los jueces de la Sala de lo Penal, el antiguo jefe de la Inteligencia militar de Hugo Chávez solo pretendían “retrasar” su extradición a Estados Unidos. 

La causa arrancó en octubre de 2021, en secreto, aunque varios medios de comunicación pusieron nombre a los sospechosos que rastreaba García Castellón. Todos ellos fundadores de Podemos y vinculados a su vez a unas sociedades a través de las que se habrían percibido fondos del régimen chavista. Esos nombres eran Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez. De Monedero se solicitaba también rastrear sus viajes a Latinoamérica. Ninguno de los mencionados ha llegado a figurar como investigado –la fórmula que sustituyó a imputado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del Gobierno del PP–, ni han sido llamados a declarar y no han tenido ni tienen posibilidad de acceder a las actuaciones en las que se les ha mencionado recurrentemente. 

Del 'caso Dina' al 'caso Pablo Iglesias'

La instrucción de García Castellón ha sido breve si se compara con el tiempo que el magistrado persiguió la imputación de Pablo Iglesias, mientras el hoy comentarista político era vicepresidente del Gobierno. La pieza destinada a investigar la presunta participación de Villarejo en la difusión del material del teléfono robado a la excolaboradora del político fue reconvertida por el magistrado en un momento dado en el ‘caso Pablo Iglesias’. 

Durante dos años, el juez ordenó todo tipo de diligencias, sin consultar a la Fiscalía, entre las que figuró una comisión rogatoria internacional por un delito de daños informáticos. El juez, confirman fuentes de la Audiencia Nacional, llegó a plantearse viajar en persona a Gales para interrogar al informático que intentó recuperar el contenido de la tarjeta robada a la ex asesora de Iglesias a petición de la expareja de ésta.

El 27 de marzo de 2019, Pablo Iglesias y Dina Bousselham habían comparecido en secreto ante el juez porque entre el material incautado a Villarejo habían aparecido unas carpetas con copias del teléfono móvil de la excolaboradora del político. Iglesias explicó al juez que ese material había sido publicado en un medio opuesto editorialmente a Podemos para perjudicar al partido, coincidiendo con las frustradas negociaciones de 2016 para formar Gobierno con el PSOE. 

En la respuesta del magistrado puede que se encuentre al menos una parte de la explicación del destacado interés que comenzó a tener tiempo después el propio Manuel García Castellón en todo lo que supusiera atribuir un delito a Iglesias o a otro responsable de Podemos. “Me alegro de que lo haya explicado usted así, tan bien, porque yo lo he entendido. Efectivamente, en el procedimiento que así se sigue, y que usted conocerá por la prensa, respecto al señor Villarejo, aparecen indicaciones del Ministerio del Interior muy serias”. Todo lo que ocurrió después del confinamiento iba dirigido en la dirección contraria: el juez despojó a Iglesias de la condición de perjudicado e intentó por todos los medios que fuera investigado. “Se sintió engañado”, intentan disculparle en su entorno. 

Tras el confinamiento

Al regreso del encierro, y de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, García Castellón consideró a Pablo Iglesias sospechoso de un delito de revelación de secretos y otro de daños informáticos por haber guardado durante meses la tarjeta de móvil que los responsables del Grupo Zeta le habían entregado y que era propiedad de Dina Bousselham, a la que habría devuelto el dispositivo ya inservible. 

Los cambios de versión de Bousselham contribuyeron a ello, aunque quince meses antes, tanto ella como Iglesias ya habían contado al juez que la tarjeta había estado durante meses en poder del político. En cualquier caso, Anticorrupción advirtió de que si la afectada no se sentía perjudicada por Iglesias, la ley no permitía acusar al vicepresidente del Gobierno de ninguno de esos delitos. 

Durante meses, la instrucción de piezas del caso Villarejo tan relevantes como BBVA o Kitchen dejó de ser la prioridad en un juzgado desbordado de trabajo para centrarse en una investigación en la que no aparecía la organización criminal o el cohecho que centra la causa Tándem, sino una supuesta revelación de secretos y otro delito de daños informáticos.

La misma Sección Tercera que acaba de obligar a García Castellón a cerrar la investigación secreta y “prospectiva” por la supuesta financiación irregular de Podemos devolvió la condición de “perjudicado” a Iglesias por la difusión en varios medios de la información en el móvil de Bousselham, cuyas copias se habían encontrado en poder de Villarejo. Cualquier otra investigación que dejara a Villarejo fuera de la maniobra no eran más que “hipótesis alternativas” competencia de juzgados ordinarios, le advirtieron desde la Sala de lo Penal.

Pero el juez siguió adelante hasta redactar una exposición razonada que envió al Tribunal Supremo, ante el que Iglesias estaba todavía aforado como miembro del Gobierno. En ella acusaba al vicepresidente segundo del Gobierno de descubrimiento y revelación de secretos con “agravante de género”, daños informáticos, denuncia falsa y simulación de delito.

Que el juez se había sentido engañado por Iglesias queda de manifiesto en aquella exposición razonada. También se adivina cómo lamenta que su supuesto error fuera utilizado por Iglesias políticamente, al hacer este del “ataque de las cloacas” uno de los vértices de las últimas campañas electorales. En el escrito enviado al Supremo, el juez calificaba de “consciente y planificada actuación falsaria desplegada por el Sr. Iglesias con su personación, fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado, haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente, pocas semanas antes de unas elecciones generales”.

Calvente y 'el Pollo', “rumores” y “narraciones de terceros”

García Castellón había llamado a declarar a un testigo clave para él, José Manuel Calvente, abogado al que Podemos había despedido de forma improcedente. Calvente declaró lo que García Castellón consideró definitivo para acudir al Tribunal Supremo, un detalle “minucioso” del plan de Iglesias para aprovechar electoralmente el caso Dina. Calvente afirmó en sede judicial que el caso Dina fue “un montaje” y que así se lo reconoció una persona de la que se negó a dar el nombre. “Tengo bastante discusión con esta persona, no quiero decir el nombre. Me lo confirman así, me lo dicen claramente [que fue un montaje]”, dijo Calvente en sede judicial.

Manuel García Castellón también pidió la imputación de la responsable de la estrategia jurídica, Gloria Elizo; de los abogados de la formación Raúl Carballedo y Marta Flor; y de Ricardo Sa Ferreira, antigua pareja de Bousselham. Tampoco ninguno de ellos llegó a estar nunca imputado. El Tribunal Supremo rechazó la exposición razonada contra el aforado entonces Pablo Iglesias y, por extensión, contra todos ellos. 

Todo se podía haber evitado si García Castellón hubiera citado a Bousselham para corroborar lo que la ex colaboradora de Iglesias le había puesto por escrito, que no consideraba que Iglesias la hubiera perjudicado en ningún sentido. Así se lo había pedido reiteradamente la Fiscalía. En lugar de eso, el juez ordenó a Bousselham que dejara de compartir abogada con Iglesias. También el Tribunal Supremo incluyó la declaración de Dina Bousselham entre las diligencias que ordenaba dictar a García Castellón, pero el magistrado siguió dilatando lo que habría supuesto el final del ‘caso Pablo Iglesias’.

Las acusaciones de Calvente prosperaron ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, donde el juez Juan José Escalonilla mantiene imputado al propio Podemos, a Juan Carlos Monedero y al responsable de prensa Juanma del Olmo, entre otros miembros y responsables del partido. Descartada judicialmente hace meses la caja B que Calvente aseguró que funcionaba en la formación, también aludiendo a “rumores”, será durante este mes de julio cuando Escalonilla decida si prorroga la instrucción del caso Neurona, procesa a los imputados o archiva la causa. La Fiscalía no aprecia delito en la única de las piezas que sigue abierta de las siete que inició el juez. 

Incluso después de que el Tribunal Supremo rechazara la imputación de Iglesias, García Castellón siguió adelante con su ‘caso Pablo Iglesias’, especialmente después de que ex líder de Podemos dejara el Gobierno y por tanto perdiera su aforamiento. Hasta que la última posibilidad, un informe de la Policía Científica en el que se certificaba que era imposible determinar quién había causado el daño a la tarjeta de móvil, llegó al juzgado el pasado enero.

Restaba todavía por volver a interrogar a Bousselham y al jefe de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, a quien Villarejo confesó que le había entregado una copia del teléfono. Anticorrupción y la Sala de lo Penal habían puesto por escrito al juez que la “principal hipótesis” era que la presunta organización criminal de Villarejo fuera la autora de la difusión de aquella información privada, por mucho que Bousselham hubiera reconocido que ella envió a terceros algunos documentos que tenía guardados en su teléfono. 

Ante la imposibilidad de imputar a Iglesias, García Castellón decidió cerrar la instrucción del denominado caso Dina, dejar imputados a dos periodistas y a Villarejo, e ignorar cualquier investigación que permitiera determinar cómo llegó a varios medios de comunicación información alojada en el teléfono de una colaboradora de Iglesias.