Años de pelea burocrática para borrar el apellido de un padre maltratador: “Ha merecido la pena”

“Quería sentirme desvinculada de ese apellido y lo que significaba”. Después de varios años peleando en el laberinto de la burocracia, María ha conseguido lo que sabía que necesitaba desde muy joven: quitarse el apellido de su padre maltratador. El Registro Civil y el Ministerio de Justicia han certificado que su madre fue víctima de violencia machista a manos de su padre y que eso, especialmente tras la última reforma legal, es suficiente para que pueda cambiar su primer apellido por otro que no simbolice al hombre que ya no significa nada en su vida.

La batalla de esta joven empezó, según explica a elDiario.es, cuando cumplió la mayoría de edad. “En el momento en que cumplí los 18 años decidí que quería desvincularme de cualquier manera de mi padre y todo lo que tuviera que ver con él”, afirma. “Yo no me hablaba con él, no lo veía, lo único que quedaba era su apellido y quería quitarlo”, cuenta.

El deseo estaba claro pero el camino no era fácil. Desde hace casi dos décadas, la normativa que regula los registros civiles permite que una mujer pueda cambiar sus apellidos si, aunque no cumpla con el resto de requisitos pueda demostrar que es víctima de violencia de género. Eso hacía posible que se hiciera por Orden del Ministerio de Justicia. La normativa se cambió de nuevo en 2021 con el objetivo de facilitar los trámites y ampliar este derecho a los hijos de las víctimas: “Cuando se trate de víctimas de violencia de género o de sus descendientes que estén o hayan estado integrados en el núcleo familiar de convivencia, podrá autorizarse el cambio de apellidos sin necesidad de cumplir con los requisitos”.

La ley es clara, pero el tránsito por la burocracia no es tan sencillo. María tuvo que pasar por el Registro Civil, por el Ministerio de Justicia y su caso llegó hasta el Consejo de Estado. “He tenido que ir un montón de veces al Registro Civil y como era más pequeña la gente me trataba mal, con desprecio, y ha sido difícil”, relata. “Me han rechazado un montón de cosas y me lo han puesto todo súper complicado”, cuenta.

Por ejemplo, pidiendo que aportara papeles que no existían, como documentos médicos o académicos con los que quería que fueran sus nuevos apellidos. “Si no tengo el apellido cambiado, no puedo tener ese papel”, explica.

“Ha merecido la pena”

Después de años de pelea administrativa, el Ministerio de Justicia ha dado la razón a María. “Resulta acreditado que la madre de la solicitante sufrió violencia de género y que ella misma estaba integrada, como descendiente, en el núcleo familiar de convivencia, por lo que, asimismo, tiene la condición de víctima”, sostiene la subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil del departamento que dirige Pilar Llop en una Orden Ministerial de Justicia.

“Ha merecido la pena”, cuenta esta joven a elDiario.es. “Estoy muy contenta y muy orgullosa después de haberme dado cuenta de que todo lo que había hecho ha dado sus frutos. Al final se ha llegado al fin que yo quería, que era sentirme desvinculada de ese apellido y lo que significaba”, afirma.

La decisión viene cimentada por la aportación de una sentencia penal condenatoria contra su padre por violencia de género contra su madre. Pero, a lo largo del proceso, los organismos implicados han rechazado la posibilidad de que la violencia económica –no pagar una pensión o desentenderse de un hijo desde el punto de vista económico– pueda cumplir también el requisito de ser considerada una víctima y poder acceder a este cambio de apellidos.

Algunas leyes autonómicas lo reconocen así. Por ejemplo, la norma andaluza que, recuerda esta Orden Ministerial, “reconoce expresamente que la violencia económica es una forma de violencia de género”, por ejemplo cuando un hombre es condenado por no pagar la pensión y por no cumplir con sus obligaciones como progenitor. El Tribunal Supremo ha reconocido este tipo de actitudes como integrantes de la violencia de género y distintos tribunales, como por ejemplo la Audiencia de Madrid, han establecido que haberla sufrido debe ser suficiente para obtener una pensión de víctima de violencia machista.