José Luis Caro Vinagre (Bilbao, 1970) lleva a la Guardia Civil “bordada en el corazón”. Así lo dijo Francisco Granados, el cabecilla de las 'ranas' de Esperanza Aguirre, desde el banquillo de la Audiencia Nacional en 2017. Para entonces, este antiguo asesor de la Comunidad de Madrid formaba parte del fallido 'caso espías' y ese día era juzgado por participar en el chivatazo que casi da al traste con la operación Púnica contra la corrupción política. Su último encontronazo con los tribunales se ha traducido en una sanción firme de dos años por participar en el soplo que casi consigue que Francisco Granados y sus socios esquivaran a la Justicia. Una actuación que, según el instituto armado, causa “sonrojo y bochorno”.
La relación de Caro Vinagre con Francisco Granados arranca en 2007, cuando coge una excedencia en la Guardia Civil y es nombrado asesor técnico de seguridad en la Comunidad de Madrid a las órdenes del entonces consejero de la todopoderosa presidenta Esperanza Aguirre. Los dos, según la Justicia, estaban “estrechamente unidos”. Por aquel entonces la trama Púnica ya estaba en funcionamiento y David Marjaliza, supuestamente, colaboraba con Granados escondiendo sus ganancias en Suiza.
Los tres volvieron a cruzar sus caminos en septiembre de 2014. Un guardia civil, José Manuel Rodríguez Talamino, se acercó a Francisco Granados en plenas fiestas de Valdemoro y le dijo que él mismo había puesto cámaras y micrófonos en la puerta del despacho de su socio Marjaliza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil les pisaba los talones y Granados, asustado, quiso saber más. Fue Caro Vinagre, amigo de Granados, quien consiguió más información de Talamino y se la trasladó directamente a su antiguo jefe en la Comunidad de Madrid.
El resultado es conocido y ha sido sentenciado en firme. Granados y Marjaliza aprovecharon el chivatazo para intentar borrar pruebas, el empresario quemó un carrito de la compra lleno de documentación comprometida un día de niebla y los investigadores tuvieron que ponerse manos a la obra para evitar que meses de pesquisas se fueran a la basura. Los acusados empezaron a hablar en clave por teléfono, la Guardia Civil tuvo que quitar los dispositivos de grabación fingiendo que necesitaban ir a Alicante a perseguir a un narco que no existía y, al final, se plantearon incluso adelantar las detenciones para evitar males mayores.
El soplo se tradujo en una condena firme de dos años de cárcel para Granados y para su informante Talamino, y otra de año y medio de prisión para José Luis Caro Vinagre, pena confirmada en 2019 por el Tribunal Supremo. Poco después era la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, quien firmaba una sanción de dos años de suspensión de empleo que acaba de ratificar la sala de lo militar del Tribunal Supremo después de pasar por el Tribunal Militar Central y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles.
Los magistrados de la sala de lo militar del Supremo, según ha podido comprobar elDiario.es, acaban de rechazar el último recurso presentado por Caro Vinagre y han declarado firme la sanción, dejando caer que incluso podría haber sido suspendido durante más tiempo. El Supremo confirma que, con su participación en el chivatazo, causó “un grave daño” a la Guardia Civil, incurrió en “un desdoro incompatible con su condición de miembro de la Guardia Civil” y, añade que “se ha generado una más que relevante afección a la Benemérita”.
Fuentes de la Guardia Civil explican a elDiario.es que ninguno de los dos agentes condenados en esta sentencia siguen ejerciendo dentro del cuerpo. Talamino, explican estas fuentes, perdió su condición de guardia civil después de ser condenado a dos años de cárcel y cuatro más de inhabilitación para ejercer un empleo o cargo público. Caro Vinagre también está actualmente fuera de servicio.
“Suscita sonrojo y bochorno”
El expediente del caso revela los términos en los que la Guardia Civil impuso la sanción a este agente en excedencia. La resolución que intentó combatir sin éxito en los tribunales le acusaba, según dice el texto, de desarrollar “una actividad criminal que suscita sonrojo y bochorno, así como evidente escándalo ante la sociedad”. La corrupción, dice la resolución que le sanciona, es un asunto con una “especial sensibilidad social existente hacia este tipo de conductas delictivas relacionadas con asuntos relacionados con la corrupción”.
El Tribunal Militar Central desarrolló estas críticas, recordando en su sentencia ahora confirmada: “Es exigible a los miembros de la Guardia Civil, en atención a la delicada misión que les está encomendada y a la cuota de poder coactivo del Estado que les incumbe, un ”plus“ de moralidad y una ejemplaridad en su actuación social”. Además, de Caro Vinagre recuerdan: “Durante su situación de excedencia, y reiteramos sin haber sido dado de baja en el Cuerpo, ejercía de asesor técnico de seguridad para una administración pública, contratado por la Comunidad de Madrid, esto es, realizaba funciones para la administración autonómica, con lo que su conducta resulta en mayor medida reprochable”.
Púnica, espías y Manuel Moix
El chivatazo no sentó nada bien ni en la Guardia Civil ni en la Fiscalía Anticorrupción. Durante el juicio, el antiguo jefe del agente Talamino no hizo esfuerzos por ocultar la decepción que sentía por la actuación del condenado. Ante el tribunal, lamentó: “Era uno de los míos, era una mancha muy difícil de borrar, nos ha costado mucho”. Una decepción equiparable a la que expresó una de las fiscales del caso durante el interrogatorio a Talamino en fase de instrucción.
La representante del Ministerio Público fue clara durante la comparecencia del agente. Se dirigió directamente al acusado: “¿Es consciente de lo que puede suponer pasar una información, y la decepción para la gente que lleva tantas horas trabajando?”. Talamino bajó la voz y se limitó a reconocer que se trata de “un golpe muy bajo”. Ese día Caro Vinagre desveló cómo fue su conversación con Granados al día siguiente del primer capítulo del chivatazo: “Me llama el señor Granados, y en la puerta de mi casa me comenta que 'Tala' le ha contado que han puesto unas cámaras y unas medidas de seguridad”.
En ese momento, Caro Vinagre tenía dos frentes abiertos con la Justicia. Además de la causa del chivatazo, el guardia civil en excedencia estaba pendiente de juicio por el conocido como 'caso espías' y la acusación de usar medios públicos de la Comunidad de Madrid para espiar a rivales políticos de Esperanza Aguirre: el vicepresidente Alfredo Prada y el vicealcalde Manuel Cobo.
El caso fue archivado y reabierto varias veces con José Luis Caro Vinagre acusado de formar parte de un comando de espías al servicio de la Comunidad de Madrid para vigilar a altos cargos y quedó exonerado de cualquier responsabilidad penal en 2019, mientras era condenado por el soplo de la Púnica. Un jurado popular estableció que no había ni una prueba fiable de que hubiera existido este grupo de asesores de seguridad dedicados al espionaje y fue entonces cuando José Luis Caro Vinagre pasó al ataque.
Primero, tal y como explicó la agencia Europa Press, exigió a la Audiencia Provincial de Madrid que tanto la Comunidad como el PSOE, acusaciones en el caso, fueran condenadas a pagar las costas del proceso después de ser absueltos. Después cargó contra Manuel Moix, en ese momento fiscal jefe de Madrid y posteriormente fiscal jefe Anticorrupción. Se querelló contra él acusándole de falsear datos del caso para favorecer los intereses políticos del PP, pero el Supremo rechazó la denuncia. La acción judicial fallida, incluso, acusaba a Moix de pertenecer a una organización criminal.