Son la tercera fuerza dentro de Podemos. Una de las patas en la fundación del partido. En Vistalegre 2, Anticapitalistas logró el 13,8% de los votos y un puesto en el Consejo de Coordinación, la ejecutiva, de la mano de uno de sus principales dirigentes, Miguel Urbán. Siete meses después, la gestión del conflicto abierto entre la Comisión de Garantías (CdG) y la dirección del partido ha provocado la primera gran discrepancia en la dirección del partido, precisamente en la primera crisis que no se puede leer en clave de familias.
Los disensos han ido creciendo en las últimas semanas y se han puesto en evidencia en la primera reunión de la ejecutiva tras las vacaciones celebrada este lunes, tal y como había adelantado eldiario.es. Aunque de puertas afuera se guarda silencio, distintas fuentes del Consejo de Coordinación confirman a este medio que se ha producido un duro debate sobre la forma en la que se ha desarrollado el conflicto y cómo se le ha dejado crecer a lo largo del mes de agosto.
El enfrentamiento entre el poder judicial y el poder ejecutivo está marcando la agenda del partido en el inicio de un curso político muy agitado, con la cuestión catalana como primer horizonte.
Los miembros del Consejo de Coordinación sí han coincidido “por unanimidad” en “defender la independencia y soberanía de garantías”, según las mismas fuentes. El problema radica precisamente en que ahora mismo dentro de Podemos hay un choque de legitimidades tal que dos personas se disputan la Presidencia de la CdG. Y ni siquiera hay coincidencia en cuántas personas forman el pleno de dicho órgano.
En la dirección de Podemos no solo hay diferencias sobre las “formas”. También sobre el fondo. El secretario de Organización, que está protagonizando el caso, aseguraba en la rueda de prensa del lunes: “Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas bien, ajustadas al reglamento y como mandató Vistalegre 2”. Y añadía: “Si en algún momento la CdG dijera que hay que cambiar los estatutos, los cambiaríamos”.
La cuestión de la Comisión de Garantías ha sido el último punto del orden del día de la reunión. La habitual rueda de prensa que ofrecen el secretario de Organización, Pablo Echenique, y la portavoz, Noelia Vera, se ha hecho antes de que la dirección abordara el conflicto, tal y como ha explicado el propio Echenique. Ante los medios, el número dos orgánico del partido lanzaba un aviso a navegantes. “La solución es que hablen los órganos”, aseguraba. “Cualquier cargo debe dejar trabajar a los órganos”, añadía. Y zanjaba: “Es el resultado esperable en cualquier organización democrática”.
El mensaje iba dirigido a los promotores y firmantes de un manifiesto que exige una rectificación al Consejo de Coordinación tanto sobre los nuevos estatutos como sobre el expediente sancionador abierto contra la presidenta de la Comisión de Garantías, Olga Jiménez. Un documento que ha logrado algo más de un millar de apoyos, aunque la seguridad es nula por lo que entre los firmantes podría haber gente que realmente no lo ha hecho, como efectivamente ocurrió con la diputada nacional Sara Carreño. Muchos de los firmantes están relacionados con Anticapitalistas.
Pero no solo iba dirigido contra ellos. El movimiento que, cuando menos, rechaza los modos con los que se ha gestionado el conflicto, crece. Este mismo lunes el Consejo de Coordinación de Andalucía, que lidera la anticapitalista Teresa Rodríguez, tenía sobre su mensa un informe de la CdG autonómica sobre el choque de legitimidades abierto entre los órganos estatales.
De momento, las conclusiones del informe andaluz son secretas. No así las de la reunión que convocó la semana pasada la presidenta de la CdG, Olga Jiménez, con distintas comisiones autonómicas. Una mayoría se alineó con las posiciones de Jiménez.