Anticorrupción abre una investigación por el contrato de mascarillas del que cobró el hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación por la adjudicación de un contrato de 1,5 millones de euros en plena pandemia a un amigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del que habría obtenido una comisión el hermano de esta, según ha avanzado elDiario.es. La Fiscalía explica en el decreto por el que abre las diligencias de investigación que los hechos denunciados “pudieran llegar a ser constitutivos de delitos”, si bien por ahora carecen de concreción.

En su decreto, el Ministerio Público reconoce que “resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados”. La Fiscalía Anticorrupción alude, además, a la “indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos”, en alusión al momento en el que se adjudicó el contrato, la primavera de 2020, uno de los momentos más duros de la pandemia, con cientos de muertos cada día.

La Fiscalía que dirige Alejandro Luzón también explica que, por el momento, no hay indicios suficientes para llevar el caso ante sus compañeros del Tribunal Supremo, ya que las acusaciones contra Ayuso que plantean los denunciantes -PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos- “no constituyen indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, al menos por el momento.

Anticorrupción abre así unas diligencias de investigación para intentar esclarecer si hay indicios suficientes para la presentación de una querella. Las fuentes consultadas centran estas diligencias de investigación en la adjudicación del contrato, así como en los movimientos bancarios y declaraciones fiscales de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta. En el caso de que esta investigación preliminar encontrara indicios contra Isabel Díaz Ayuso, la querella debería presentarse ante el Supremo, tribunal ante el que está aforada la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El 1 de abril de 2020, en la peor fase de la pandemia, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid cerraba un contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas, un material de protección escaso ante un virus de dimensión mundial. Según desveló elDiario.es en noviembre pasado, ese contrato fue adjudicado a dedo a la empresa de un amigo de la infancia de la presidenta y de su hermano Tomás.

El artículo 5 del Estatuto del Ministerio Fiscal establece que puede activar una investigación pero sin adoptar medidas cautelares contra los investigados. La Fiscalía, además, tiene capacidad para tomar declaración “al sospechoso”, dice este mismo Estatuto, y no es ilimitado: la duración de esta investigación debe ser “proporcionada” y no puede durar más de seis meses aunque se puede prorrogar si es un caso especialmente complejo. 

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto las diligencias de investigación a partir de las denuncias de PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid de la semana pasada. Hasta ese momento, Anticorrupción no había recibido alerta o denuncia sobre las posibles irregularidades en la adjudicación y la comisión del hermano de Ayuso, confirman las fuentes fiscales consultadas. El decreto revelado este martes revela que ayer la Comunidad de Madrid, tal y como había adelantado la presidenta regional, ha remitido numerosa documentación sobre el contrato: desde la oferta hasta los albaranes de entrega, facturas, memoria justificativa e incluso el informe del viceconsejero de asuntos jurídicos, subordinado de Ayuso, esgrimido hace unos días por la presidenta.

La Fiscalía tiene ahora seis meses para tomar declaración a quien considere que está implicado en este caso, desde el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid hasta la empresa que se llevó el contrato pasando por las autoridades que intervinieron en la adjudicación. Una vez terminadas las diligencias, si ve indicios de delito tendrá que presentar una denuncia ante los juzgados o archivar el caso. 

La primera reacción a esta noticia desde el entorno de la presidenta regional ha llegado desde su portavoz parlamentario, Alfonso Serrano, quien se ha mostrado escéptico sobre la investigación abierta por Anticorrupción. “Lo lógico es que cuando a la Fiscalía se le lleva una denuncia es que la Fiscalía investigue, de todas formas nuestra confianza en la Fiscalía es limitada porque, parafraseando al presidente de España, ¿la fiscalía de quien depende?”, ha dicho, informa Fátima Caballero. El diputado regional del PP ha vaticinado el archivo del caso: “Lo que creemos que va a ocurrir es lo que ha pasado con todas las denuncias que ha llevado la izquierda, que se han archivado”.

Terremoto político

El contrato adjudicado a una empresa que tuvo como comisionista al hermano de Isabel Díaz Ayuso, revelado en noviembre por este periódico, se ha traducido en un terremoto político en el seno del Partido Popular. Hace unos días diversas informaciones apuntaban a que el entorno del equipo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, había puesto en marcha maniobras para averiguar las posibles irregularidades del contrato, incluso contactando con una agencia de detectives. Desde la Comunidad de Madrid, la presidenta regional no tardó en denunciar maniobras de espionaje y la primera dimisión se cobró la cabeza de Ángel Carromero.

Las diversas declaraciones públicas de los dirigentes del PP han destapado que el conflicto viene de meses atrás: Pablo Casado, presidente del partido, reveló públicamente la apertura de un expediente a Isabel Díaz Ayuso mientras la presidenta regional le acusaba de manipular la realidad del contrato para perjudicar su posición.

Este conflicto entre Génova y Sol se ha traducido en un cuestionamiento del liderazgo de Pablo Casado por parte de los líderes territoriales. Sus apoyos se han visto reducidos en las últimas horas después de que ayer se negara a dimitir y se abriera a convocar a la Junta Directiva Nacional con la esperanza de conservar la dirección del PP en el próximo congreso. Líderes territoriales como Alberto Núñez Feijoó y Juan Manuel Moreno Bonilla han trasladado la ofensiva de Isabel Díaz Ayuso al núcleo del partido para descabalgar a Casado y convocar un congreso en marzo.