Anticorrupción acusa a los comisionistas de las mascarillas de aprovechar su amistad con un primo de Almeida

La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por cobrar comisiones millonarias de varios contratos públicos de compra de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid. La investigación, destapada por elDiario.es, apunta a que los dos actuaron “con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico” y que no sólo se aprovecharon de la fama de Medina, hijo de Naty Abascal. Llegaron al Ayuntamiento “aprovechando su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, según la querella que les acusa de estafa, blanqueo y falsedad documental.

Es decir, según la Fiscalía, los dos supuestos comisionistas aprovecharon que Luis Medina Abascal era amigo de un familiar de José Luis Martínez Almeida. Fuentes del Ayuntamiento confirman que ese familiar es el abogado Carlos Martínez-Almeida Morales, primo del alcalde de Madrid.

Medina Abascal “ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista, como se verá a continuación”, según la Fiscalía. Contactaron con un alto cargo de la Consejería de Hacienda, que ya ha testificado en el proceso tal y como adelantó este periódico.

La querella de la Fiscalía relata cómo ambos empresarios consiguieron que el consistorio madrileño firmara tres contratos con una empresa malaya para obtener material sanitario en las primeras semanas del estado de alarma: guantes, mascarillas FFP2 y test de antígenos. Contratos que, como ha explicado el Tribunal de Cuentas, eran bastante más caros que los pagados por otros ayuntamientos del país. Ahora Anticorrupción especifica que “estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid, amparándose en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora”.

De esta manera, según Anticorrupción, “ocultó que un elevado porcentaje del precio ofertado (aproximadamente el 60 % en el caso de las mascarillas, el 81 % en el caso de los guantes y casi el 71 % en el caso de los test) correspondía a comisiones que los querellados iban a percibir”.

La Fiscalía detalla cómo inflaron los contratos: en el caso de las mascarillas, por ejemplo, el precio real de venta era de 2,6 millones de dólares y ellos “lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 US $; es decir, el 148 % del precio real del producto”. También sucedió con los test: se habían pactado comisiones de hasta el 244% sobre el precio real del producto. Además, destaca la Fiscalía, “gran parte de los test Covid-19 que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos”.

La querella del departamento que dirige Alejandro Luzón refleja cómo los dos comisionistas, supuestamente, se llenaron los bolsillos con precios exageradamente altos y, además, con productos de baja calidad o de modelos que no eran los que quería el Ayuntamiento de la capital en las primeras semanas de la pandemia, con cientos de muertos al día en los hospitales. Sucedió por ejemplo con los guantes: el Ayuntamiento exigió la devolución del dinero porque no eran del modelo que habían solicitado. Luceño hizo creer al consistorio que había conseguido una rebaja del precio para la devolución pero lo único que hizo fue renunciar a la comisión para que el consistorio recuperase el dinero y no levantar sospechas.

Compras de lujo

A cambio de todo esto, Alberto Luceño cobró 5,1 millones de dólares en transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta bancaria en Madrid. Además intentó justificar los cobros con documentos falsificados. Con este dinero, además, compró tres relojes de lujo Rolex por más de 40.000 euros, 12 coches de lujo por valor de más de dos millones de euros y una vivienda en Pozuelo de Alarcón. Luis Medina Abascal también aportó documentos falsos para justificar su comisión de 1 millón.

Medina Abascal, hijo de Naty Abascal y del fallecido duque de Feria, también convirtió su comisión en artículos de lujo, foco de la acusación de blanqueo de capitales. Compró un yate llamado “Feria” registrado a nombre de una empresa de Gibraltar cuyos titulares reales son Medina Abascal y su hermano. El título de duque de Feria fue heredado por Rafael, hermano de Luis Medina, después de su fallecimiento en 2001. Ni Luis Medina ni Alberto Luceño han querido contestar a las múltiples llamadas y requerimientos de información de elDiario.es.

La Fiscalía Anticorrupción les acusa en este momento de tres delitos: estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales. Tal y como detalló este periódico, la investigación estaba próxima a ser judicializada y por el momento las pesquisas se habían centrado en los empresarios y su papel a la espera de saber quién hizo de enlace con el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida y si jugó algún tipo de papel en las tres adjudicaciones millonarias. La querella ha sido presentada ante los juzgados ordinarios de la Plaza de Castilla de Madrid.