Ciudadanos y el PP redefinen el delito de corrupción política en las negociaciones de investidura
Ciudadanos ha bajado el listón en sus exigencias contra la corrupción. En plena precampaña del 26J, Albert Rivera presumía de haber logrado que los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejaran su escaño por estar “imputados por corrupción política”. El actual listón que impone al PP como condición previa para apoyar a Mariano Rajoy en la investidura habría dejado a los exdirigentes socialistas en sus puestos.
El vicesecretario general de Ciudadanos ha justificado este martes que algunos imputados puedan mantenerse en sus puestos. José Manuel Villegas ha explicado que para cumplir su palabra de que los imputados abandonen el cargo primero tienen que “estudiar” si se trata de casos de “corrupción política”.
Para Ciudadanos, restringe esa definición a quienes se hayan enriquecido personalmente de manera ilícita o, mediante determinadas prácticas, hayan financiado de forma ilegal a un partido. Villegas ha distinguido entre los políticos que hacen una “mala praxis” en la gestión y los que “meten la mano” en la caja.
Esos condicionantes, que ya se han esgrimido en otros casos, como el de un consejero del Gobierno andaluz, reducen las exigencias del partido de Albert Rivera y dejan fuera de la petición de dimisión, por ejemplo, a un caso como el de los expresidentes andaluces. Su marcha fue un requisito indispensable para apoyar a Susana Díaz en su investidura. El 'sí de los nueve diputados de Ciudadanos en el Parlamento andaluz estuvo condicionado a la renuncia de Chaves y Griñán en el momento en el que el Supremo confirmara su imputación.
El matiz que ha introducido ahora Ciudadanos habría permitido a los exdirigentes socialistas continuar como parlamentarios. La investigación del caso de los ERE no acusa a los expresidentes andaluces de enriquecerse con el fraude ni que lo usaran para financiar irregularmente a su partido. En el lenguaje de Villegas, realizaron una “mala praxis”, pero no “metieron la mano” en la caja.
De Páramo intenta justificar su cambio de postura
Preguntado por las diferencias que, según Ciudadanos, existen entre el caso de los expresidentes andaluces y el del diputado castellonense, Óscar Clavell, el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha asegurado que se tratan de “casos y supuestos distintos”: En referencia al caso de los ERE, De Páramo ha dicho que “estamos hablando de uno de los casos de corrupción más lamentables que se han producido en nuestro país. Por aquel entonces no había ningún andaluz ni ningún votante de Ciduadanos que no estuviera de acuerdo con la dimisión de Chaves y Griñán”. Además, ha destacado que, en este caso, “había un enriquecimiento claro de terceros en este supuesto”.
“Hay que ir caso a caso”, ha insistido. “Eso es lo que Ciudadanos se ha propuesto para no caer en la demagogia absoluta de que cualquier imputado que está ejerciendo su cargo y que puede estar sometido a cualquier error, tenga que estar obligado a dimitir. Hay que ser rigurosos y hay que diferenciar entre lo que es robar a los ciudadanos y lo que no”.
Pero el de Chaves y Griñán no es el único caso en el que imputados en causas judiciales no tendrían que abandonar sus cargos con esta interpretación.
Maillo, imputado por aprobar créditos de Caja España
El propio encargado de explicar por parte del PP dónde se sitúa el listón de la corrupción tiene sobre la mesa una imputación que también queda fuera del acuerdo sellado con Ciudadanos. Fernando Martínez Maillo firmó, como miembro del Consejo de Administración de Caja España, la concesión de unos créditos en favor del presidente de la propia entidad financiera y que la justicia investiga por su presunta ilegalidad.
Un juzgado de León abrió una investigación tras una denuncia de IU y la jueza llamó a declarar en calidad de imputado a Maillo y al resto de miembros de la dirección de Caja España. La declaración se suspendió y, más de un año después, el caso duerme en el tribunal.
El caso saltó a las páginas de los medios nacionales cuando Maillo fue designado vicesecretario de Organización del PP por Mariano Rajoy. Entonces, el hoy diputado nacional ya alegó que la querella que abrió el procedimiento, interpuesta por IU, era de carácter político y esgrimió que la decisión por la que se le investigaba no le había supuesto enriquecimiento personal.
La barrera dejaría fuera a algunos ya condenados
La barrera fijada por PP y Ciudadanos dejaría fuera casos de algunos alcaldes que han llegado a ser condenados. Por ejemplo, la exalcaldesa de Jerez de la Frontera, Pilar Sánchez, está en la cárcel desde junio tras haber sido condenada a cuatro años y medio de prisión por malversación, falsedad en documento oficial y prevaricación por haber concedido de forma irregular una subvención.
De acuerdo a las condiciones que ahora esgrime, Ciudadanos no habría exigido su renuncia en el momento de su imputación porque no estaba acusada de haberse lucrado ni haber favorecido económicamente al PSOE.
Otro caso parecido es el del exalcalde de Paterna Lorenzo Agustí, que ha sido recientemente condenado por prevaricación. Un Juzgado de lo Penal de Valencia le ha sentenciado a una pena de siete años de inhabilitación especial. Sin embargo, su caso quedaría excluido de lo que Ciudadanos considera corrupción: no se enriqueció, pero la justicia le considera culpable de otorgar una adjudicación de más de medio millón de euros a dedo.
En concreto, Agustí concedió un contrato a un estudio de arquitectura con el que había tenido una relación profesional durante su época de arquitecto. Les encargó el trabajo de forma verbal, según recoge la sentencia, “sin los trámites legalmente exigibles para llevar a cabo una actuación como la desarrollada”.
La misma situación se produce en el municipio murciano de Torre Pacheco. En julio de 2014 el por entonces alcalde y dos de sus concejales fueron condenados a 10 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación administrativa continuada. Daniel García Madrid se mantuvo en su cargo hasta el día siguiente de la sentencia de la Audiencia Provincial, que fue posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo.
García Madrid no recibió ningún pago a cambio de dar a una empresa contratos por valor de más 700.000 euros incumpliendo la ley. Al menos, la investigación no lo determinó. Tampoco recoge la sentencia que hubiera financiación irregular. La sentencia sí determinó que había adjudicado contratos por valor de más de 700.000 euros de forma ilegal a una empresa, pero su caso no hubiera sido objeto del pacto anticorrupción firmado por PP y Ciudadanos.
Baltar, un empleo a cambio de sexo
El presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, quedaría también fuera del pacto anticorrupción firmado por el PP y Ciudadanos pese a estar imputado por haber ofrecido un puesto de trabajo en el organismo que dirige a cambio de sexo. Y se libraría por partida doble.
Primero, porque es un cargo regional y no estatal. Albert Rivera incluyó la obligatoriedad de echar del sillón oficial a cualquier investigado siempre que se trate de un miembro del Gobierno, del Congreso o del Senado.
Además, el caso Baltar no supondría tampoco enriquecimiento personal ni financiación irregular y quedaría así fuera de la definición de corrupción dada por el vicesecretario general de Ciudadanos.
