La investigación sobre el supuesto pelotazo que el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón con la compra de una filial del Canal de Isabel II en 2001 sigue adelante. Después de que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil defendiesen la necesidad de investigar las finanzas y los correos electrónicos de la época en que fue presidente de Madrid, los investigadores se han desplazado a Colombia para indagar sobre el terreno en la compra que el Canal de Isabel II llevó a cabo hace 16 años por 61 millones de la empresa Inassa.
Según ha adelantado La Sexta y confirman a eldiario.es fuentes de la investigación, el fiscal de Anticorrupción, Carlos Yáñez, se ha desplazado a Colombia acompañado por agentes de la Unidad Central Operativa para seguir investigando los detalles de aquella operación, que el expresidente madrileño Ignacio González, calificó en unas escuchas policiales como un pelotazo, porque según él la empresa “no valía ni 30 millones”.
La Audiencia Nacional ya investiga sus ingresos
Tal y como informó eldiario.es, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que reclamara al Ministerio de Hacienda la “información tributaria completa” del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid, así como sus ingresos derivados de “operaciones con terceros de actividades profesionales”, según consta en documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo.
La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del “supuesto desvío de fondos públicos” abunda que se utilizara una sociedad radicada en un “paraíso fiscal”, según el término utilizado por Anticorrupción.
La propuesta de solicitud de información de la UCO sobre Ruiz-Gallardón fue avalada por los fiscales de la Operación Lezo, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez. El entonces juez instructor, Eloy Velasco, aceptó las peticiones, según fuentes del caso. Eran parte de otros requerimientos para la fase de explotación de la investigación, que arrancó el 19 de abril.
Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana Inassa por valor de 73 millones de dólares, aprobando un endeudamiento de 51,1 millones. Informes de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) apuntan a irregularidades en este proceso.