Anticorrupción detecta la trampa para camuflar el uso de fondos reservados en el espionaje a Bárcenas

El cruce de las declaraciones de varios mandos policiales con la documentación desclasificada y remitida a la Audiencia Nacional por el Ministerio del Interior han hecho concluir a la Fiscalía Anticorrupción que las partidas de fondos reservados para sufragar el espionaje a Bárcenas se solicitaron y concedieron de forma irregular, sorteando el cumplimiento de la Ley de Gastos Reservados, para no dejar rastro de la Operación Kitchen. 

El juez Manuel García-Castellón ha acordado en un auto la petición de documentación que requiere Anticorrupción al actual Ministerio del Interior y que consiste en una nueva batería de documentos que permitan encontrar los agujeros por los que se coló la maniobra de los responsables del departamento en ese momento, en connivencia con los miembros de la brigada política que encabezaba el comisario Eugenio Pino. 

Anticorrupción concluye que la Dirección Adjunta Operativa solicitaba los fondos a Interior sin vincularlos “a operaciones policiales concretas” de tal modo que no quedara rastro del verdadero uso que les estaba dando, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Esto era posible porque la Secretaría de Estado de Seguridad que dirigía Francisco Martínez concedía esas partidas sin haber recibido antes la documentación justificativa que requiere la orden que desarrolla la Ley de Gastos Reservados. 

Después, cuando la Secretaría de Estado debía recibir justificación de su uso, ésta tampoco se daba de acuerdo a la normativa. “En algunos casos —añade Anticorrupción— desde la Secretaría de Estado de Interior se libraban los fondos antes de comprobar la documentación que se remitía desde la Dirección Adjunta Operativa que dirigía el comisario imputado Eugenio Pino.

Como informó elDiario.es el 3 de octubre pasado, los interrogatorios a los imputados así como a dos secretarios generales (números dos) de la Dirección Adjunta Operativa de Pino y al facultativo Miguel Ángel Bayo, pieza clave en el uso de fondos reservados, permitieron destapar un descontrol en la concesión y manejo de estas partidas de dinero público como no se había conocido desde la trama del terrorismo de Estado de los GAL. 

50.000 euros para García Castaño en diez meses

La Fiscalía se fija ahora en la actuación del comisario jefe de la UCAO Enrique García Castaño, quien recibía fondos reservados sin ser “una unidad autónoma receptora” y que lo hacía “con independencia” de los que recibía la Comisaría General de Información a la que pertenecía. En total, dice el escrito, García Castaño recibió personalmente un total 50.000 euros de la DAO entre el 1 de julio de 2014 y el 18 de mayo de 2015.

“Los fondos así entregados al investigado Enrique García Castaño, con periodicidad mensual y por una cuantía fija, no estaban vinculados a ninguna necesidad operativa concreta; y el uso de estos fondos nunca fue justificado documentalmente por su destinatario”, describe Anticorrupción, que añade que esto era posible porque estaba autorizado “verbalmente” por Eugenio Pino. 

Para seguir profundizando en la maniobra, la Fiscalía Anticorrupción pide que Interior determine si los pagos mensuales al chófer Sergio Ríos entre julio de 2013 y septiembre de 2015 debían haber estado reflejados en la casilla de “pago a colaboradores fijos” o en la de “pago a colaboradores ocasionales”.

A este respecto, el fiscal Miguel Serrano preguntó al que por entonces era director del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, el coronel Diego Pérez de los Cobos, que compareció el pasado 23 de noviembre como testigo. Según la reconstrucción del interrogatorio realizada por elDiario.es, Pérez de los Cobos respondió: “Yo creo que eso no está clasificado en la normativa. Creo que debería ser más lógico que lo respondieran los responsables de las unidades, pero si me pide opinión, en un periodo tan prolongado, no es un colaborador ocasional. Dieciocho meses se aleja de lo ocasional”.

En esta labor de rastreo de los fondos reservados de la Operación Kitchen, el juez, a petición de Anticorrupción, pide también a Interior que determine en qué apartado de las plantillas de la citada orden debería incluirse la compra de material informático o de una pistola. Estos son dos gastos, de 1.900 euros el primero y de 700 el arma, que Enrique García Castaño reveló que se habían hecho dentro del operativo. El material informático alude al ordenador portátil en el que se debían volcar los avances de la operación para que los consultara el secretario de Estado Martínez. La pistola le fue entregada al chófer como un regalo.

Para acotar la petición y que no pueda distraerse el resultado, Anticorrupción ha pedido que se identifique cualquier otra operación que incluya pagos que coincidan con los que se realizaron al chófer o que se puedan corresponder con las cantidades empleadas en el citado material informático y la pistola. 

García-Castellón rechaza llamar de nuevo a Pino

El juez García-Castellón acepta igualmente pedir al Ministerio del Interior si los gastos antes mencionados se pudieron justificar como correspondientes a “información” o en el apartado “operaciones”. El primero está reservado por la orden que regula los gastos reservados a pagos no circunscritos a una operación concreta sino a la obtención de información que pueda desembocar más adelante en una. 

El juez del caso Kitchen ha aceptado la solicitud de los documentos planteados por Anticorrupción aunque ha matizado que debe ser la Unidad de Asuntos Internos, en funciones de policía judicial, quien la curse. Asimismo, García-Castellón ha rechazado una nueva declaración de Pino, como solicitaba la Fiscalía, porque declaró el pasado 14 de diciembre y entonces ya se conocían las citadas conclusiones. El instructor deja abierta la posibilidad a que Pino sea llamado de nuevo más adelante.