Anticorrupción estrecha el cerco sobre Alvise: “Existen indicios suficientes de financiación ilegal”

La investigación por supuesta financiación ilegal contra el agitador ultra Alvise Pérez está más cerca del Tribunal Supremo. El juez de la Audiencia Nacional que investiga por estafa al empresario de criptomonedas que denunció haber entregado 100.000 euros en efectivo al ahora eurodiputado se prepara para pedir al alto tribunal que abra causa contra él. Para ello, reclamó este martes al Parlamento Europeo que acredite su condición de miembro de esa cámara. Al estar aforado, Alvise solo puede ser investigado por el Supremo. 

El juez José Luis Calama dio este paso tras recibir un informe en el que la Fiscalía Anticorrupción asegura que “existen indicios provisionales pero suficientes” de la responsabilidad del agitador ultra “en la posible comisión del delito de financiación ilegal” y pide que el caso se eleve al Supremo. La Fiscalía pone el foco en los 100.000 euros que le pagó el empresario Álvaro Romillo, pero también en las “sucesivas donaciones anónimas” recibidas por el ahora eurodiputado a través de los monederos de criptomonedas que creó gracias a la colaboración de Romillo.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Anticorrupción otorga credibilidad al relato del empresario, que el pasado septiembre presentó un escrito en la Fiscalía General del Estado donde confesó que había entregado ese dinero al entonces candidato el pasado 27 de mayo, poco antes de las elecciones europeas. Además, adjuntó sus conversaciones con Alvise, que acompañó de un informe pericial para acreditar su veracidad.

La declaración en la Audiencia Nacional

Para pedir que se abra una investigación contra Alvise en el Supremo, la Fiscalía se basa también de la declaración que el empresario prestó el pasado 20 de noviembre en la Audiencia Nacional. El Ministerio Público valora que durante ese interrogatorio el empresario mantuviera “en esencia” el relato contenido en su denuncia y que concretara las “cantidades entregadas” y las “operaciones financieras” llevadas a cabo con Alvise. 

Ante el juez, el empresario afirmó que Alvise le “hizo saber” que las cantidades de dinero que le pagó iban destinadas a “financiar la campaña electoral” de Se Acabó La Fiesta, su plataforma electoral, y que “lo que ambos buscaban era realizar las operaciones en metálico o moneda crypto para evitar que se conociera el origen del dinero, la identidad de los donantes, el control del Tribunal de Cuentas y los límites impuestos por la Ley de Financiación de Partidos Políticos”. 

Además, Romillo desmontó la versión del eurodiputado, que tras estallar el escándalo admitió que había cobrado ese dinero, pero atribuyó el pago a un trabajo que hizo “como autónomo, sin factura”. “Acepté, y es verdad, cobrar esos honorarios privados sin factura para poder tener más ahorros con la finalidad de no enriquecerme con mi actividad política”, llegó a decir el eurodiputado. Ante el juez, el empresario afirmó que “no firmó ningún acuerdo de colaboración” con Alvise y que “no existió ningún contrato ni recibió prestación de servicio por parte de aquel debiera ser remunerada”. 

Se refirió también al evento que su club financiero organizó en el Hipódromo de la Zarzuela la pasada primavera y en el que participó Alvise. Así, aseguró que la intervención del entonces candidato “no estaba sometida a ninguna retribución” y que “era una mera colaboración”. De hecho, el empresario reconoció que le pagó los 100.000 euros “por la clase de personaje que es, su capacidad de influencia y la posibilidad de recibir algún beneficio con esta colaboración en el futuro”. 

Sí reconoció que en algún momento llegaron a hablar de la posibilidad de que Alvise publicitara entre su comunidad los servicios de Sentinel, la plataforma financiera fuera del sistema bancario convencional propiedad de Romillo. Y que, de esa forma, él y el resto de inversores podrían tener algún tipo de ganancia a través de las comisiones derivadas de esas operaciones. Sin embargo, el empresario sostuvo ante el juez que “no se concretó nada y que no tenía nada que retribuir [a Alvise] con los 100.000 euros, que se aportaron para cubrir los gastos de la campaña electoral de SALF”. 

De hecho, los mensajes aportados a la causa —y en los que también repara la Fiscalía— evidencian cómo Alvise explicitó sus necesidades de financiación y que incluso llegó a prometer al empresario que haría leyes a su favor o que pondría a su disposición fondos europeos para organizar charlas en Bruselas y hacer “lobby masivo” en defensa de su negocio. Según la Fiscalía, la “versión de los hechos” que Romillo dio ante el juez “se compadece con el contenido de los mensajes y audios aportados”. 

A este respecto, el 9 de abril, tres días después de participar en el multitudinario evento en el hipódromo, Alvise explicó a Romillo en un mensaje de texto que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”, para afrontar “ciertas multas”. Aseguró que ser la llave de un futuro gobierno era “algo relativamente alcanzable con la actual fragmentación política” y algunos sondeos que pronosticaban su despegue. En ese contexto Alvise escribió a su interlocutor: “En esa posición sí podemos influir en la legislación en materia de libertad financiera y civil”. 

La Fiscalía no sólo pone el foco sobre la donación de 100.000 euros. También asegura que Alvise pidió la “colaboración” del empresario para crear una wallet donde poder recibir “donaciones anónimas, encriptadas e irrastreables (sic.)” de las que “no tuviera que responder ante el Tribunal de Cuentas” y que le permitiera contar con dinero en cash para sostener los gastos de su campaña electoral. Y de hecho cree que también hay delito de financiación ilegal de partidos políticos “no sólo a través de la entrega de 100.000 euros en efectivo (...) sino a través de la recepción de sucesivas donaciones anónimas —de las que se desconoce su origen y si proceden de personas físicas o jurídicas— llevadas a cabo en las wallets creadas al efecto y con ese propósito”. 

“Corrupto, tonto y mentiroso” 

Un día después de su declaración en la Audiencia Nacional, Romillo publicó varios vídeos en su cuenta de TikTok en los que habló sobre ese interrogatorio. El empresario llamó “corrupto, tonto y mentiroso” a Alvise y lo acusó de haberle “presionado” para que le diera más dinero. “No solamente eres corrupto, sino encima eres un corrupto de saldo, eres un corrupto del Shein. Por 100.000 pavos te tengo aplaudiendo. Si te llego a pedir una reunión, si te llego a pedir cualquier cosa… me la vas a hacer”, afirma en su vídeo. 

El empresario recuerda también que fue el propio Alvise el que le explicitó —tal y como atestiguan los mensajes— que quería dinero para afrontar gastos electorales, indemnizaciones por juicios y que sobre todo debía escapar al control del Tribunal de Cuentas. “¿No te das cuenta de que eres bobo? No me lo pongas por escrito, no lo pongas en un audio…”, sostiene el empresario, que insta al político a reconocer los hechos. 

El pasado jueves, en una entrevista en el programa Conspiranoicos de laSexta, Romillo aseguró que Alvise había tratado de condicionar su declaración en la Audiencia Nacional. Involucró en esa operación a Francisco Nicolás Gómez, conocido como el 'Pequeño Nicolás', a quien señaló como la persona que, dos días antes de su cita con la Justicia, le había hecho llegar a su abogado una propuesta de lo que él tenía declarar “exactamente” ante el juez para que Alvise se librara de una posible imputación por el delito de financiación ilegal que parece estar cada vez más cerca.