Un muro de “ranas” protege a Esperanza Aguirre de sentarse en el banquillo por el sistema de financiación irregular del PP madrileño. Las conclusiones de Anticorrupción en esta pieza del caso Púnica han rebajado las expectativas iniciales de la investigación respecto al número de miembros de su Gobierno que podrían acabar siendo juzgados, pero al tiempo incluyen actores clave en la época de Aguirre: los consejeros Salvador Victoria y Borja Sarasola, también con responsabilidades en el partido; Isabel Gallego, sombra de la presidenta y responsable de la relación con los medios y, al igual que ocurriera en el caso de la caja B del PP nacional, la figura que hace de principal cortafuegos entre la cúpula del partido y la acción de la justicia, el gerente/tesorero, en este caso Beltrán Gutiérrez.
“He nombrado más de 500 altos cargos y tan solo dos me han salido rana”, dijo Aguirre ante una comisión de investigación de la Asamblea de Madrid en febrero de 2016. Había pasado un año y medio de la detención del que había sido su secretario general en el partido y consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el Gobierno autonómico, Francisco Granados. Tres meses después, Ignacio González, su vicepresidente y quien la sustituyó al frente del Ejecutivo madrileño, correría la misma suerte. El criterio respecto a la prescripción aplicado por la Fiscalía Anticorrupción ha librado a González de esta pieza de Púnica –será juzgado por otra– pero no a Granados.
Pese a la drástica reducción de investigados que ha realizado la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones, algunos de ellos son muy significativos por la cercanía y dependencia jerárquica de Esperanza Aguirre, a la que el fiscal aplicó argumentos exculpatorios como la insuficiencia de indicios, juntos o por separados, tales como la “ignorancia deliberada”.
Beltrán Gutiérrez. Apenas dos preguntas bastaron para que Esperanza Aguirre mostrara a las fiscales del caso Púnica cuáles iban a ser las cartas de su defensa durante el interrogatorio como imputada de octubre 2019. La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid blandió el Reglamento del PP de Madrid y leyó su artículo 46, relativo a las “funciones del presidente autonómico”. Once puntos en los que no se hace alusión a la gestión económica de la formación. Ante el juez, Aguirre negó que hubiera una caja B en el partido que ella presidió entre 2004 y 2016, pero por si acaso, intentó dejar claro que nada relativo a la financiación era de su competencia. Idéntica defensa a la que esgrimieron Mariano Rajoy y todos los secretarios generales del PP, desde Francisco Álvarez Cascos a María Dolores de Cospedal, en el caso de la caja B central.
Un lápiz de memoria que encontraron los guardias civiles en el ropero de Beltrán Gutiérrez supuso un salto definitivo en el sistema de financiación irregular del PP madrileño para ganar elecciones. “Es el responsable de las cuentas electorales, de sus ingresos, gastos y de la contabilidad del partido que acude a unas elecciones, siendo a su vez, el responsable del ajuste a la legalidad de las cuentas y finanzas del partido en dichos comicios electorales”, dice la Fiscalía del gerente. Y después de la gestión de Gutiérrez, un ente autónomo supuestamente de Aguirre, ésta arrasó en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 gastando en la campaña mucho más de lo que su partido declaraba al Tribunal de Cuentas.
Isabel Gallego. Siempre al lado de Esperanza Aguirre, la periodista Isabel Gallego es responsable del paseo triunfal de la expresidenta por la mayoría de los medios de comunicación de Madrid durante su periodo al frente del Ejecutivo autonómico. El fiscal Alejandro Cabaleiro dice que la investigación ha acreditado que Gallego era “perfecta conocedora” de los trabajos de reputación online, tales como la creación de webs zombies o posicionamientos en los buscadores, que se abonaron al gurú informático, entre 2012 y 2014.
“No existía contratación formal y el método de pago se encubría a través, tanto de contratación ficticia, como reclamando a empresas adjudicatarias de contratos públicos de la CAM para que ‘colaborasen’ abonando gastos”, concluye el fiscal Alejandro Cabaleiro. Por supuesto, entre las personas agraciadas con esos trabajos de reputación on line estaba Esperanza Aguirre, solo que de ella, añade el fiscal, no hay indicios de que supiera nada de cómo se contrataban o de dónde salía el dinero para pagarlos.
Francisco Granados. La “rana” reconocida por Aguirre es el gran perjudicado de esa labor de contención penal para la expresidente y a pesar de que ha sido el único de los mencionados que la ha señalado claramente como conocedora de toda la estructura de financiación irregular e incluso ha presentado documentación que no aporta indicios de responsabilidad contra Aguirre, según el Ministerio Público.
Granados fue el director de la campaña electoral de 2011 y, según el fiscal, “inició contactos con empresas de publicidad para que estas fuesen preparando una estrategia de comunicación y unas líneas maestras de campaña para su posterior presentación y decisión ejecutiva (…). Como director de la campaña no solo era conocedor sino director de las contrataciones que se iban realizando para llevar a cabo la misma”, escribe Cabaleiro. Aguirre no supo nada.
En Francisco Granados está el origen del caso Púnica, a través de la comisión rogatoria que las autoridades suizas envían al hallar en ese país fondos relacionados con él, y de esta pieza en concreto de la causa, ya que en su poder, la Guardia Civil halló la libreta donde se anotaban las entradas y salidas de dinero negro del partido, de las que se habría quedado una parte, a repartir con Francisco Javier López Madrid. Esto, según las fiscales del caso, los dos jueces que ha tenido y los propios investigadores de la UCO, pero no para el fiscal que firma el escrito de conclusiones.
Borja Sarasola. Fue la persona del partido que introdujo a Alejandro de Pedro en la Comunidad de Madrid, antes de que la interlocutora con el informático fuera Isabel Gallego. El fiscal asegura que Sarasola fue el primero en encargarse del seguimiento de la facturación a las empresas de De Pedro, que describe así: “El contenido de los trabajos realizados era única y exclusivamente en beneficio de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, pues se efectuaron campañas para contrarrestar noticias negativas, así como creación de URL que proceden de los espacios web controlados por EICO [empresa de De Pedro] o de perfiles personales creados para ella, habiendo conseguido con ello copar el buscador de Madrid para que si se consulta por nombre, los 20 primeros resultados fuesen de informaciones favorables, llegando incluso a borrar de esos primeros resultados, alguna información negativa”.
Sarasola fue el responsable de movilización territorial en las autonómicas de 2011, que centran la investigación de delito electoral por no haber prescrito, según la Fiscalía. Su actuación en esas elecciones le vale una acusación por prevaricación continuada, tráfico de influencias y malversación. Con Ignacio González de presidente, Sarasola fue consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Salvador Victoria. El fiscal Cabaleiro asegura que “existen indicios razonables para afirmar que fue conocedor, beneficiario, impulsor y solucionador” de los trabajos de reputación en Internet que se abonaron de forma fraudulenta, y por lo que se le atribuye un presunto delito de cohecho y otro de prevaricación. Los trabajos se abonaban a través de la empresa pública de informática de la Comunidad de Madrid, ICM, del Canal de Isabel II o, indirectamente, a través de Indra, adjudicataria a su vez de contratos con la administración autonómica.
El 15 de septiembre de 2014 llama al empresario informático Alejandro de Pedro, que tiene el teléfono intervenido, y le dice: “No, pero yo te pregunto por eso. Yo estuve con Martínez Nicolás (consejero delegado de ICM) el viernes, y entonces no se muy bien por qué, estos que tienen que hacerlo, el día que lo tenían que hacer, está como un poco acojonado, es un poco gilipollas, porque esto se ha hecho toda la vida, nunca ha pasado nada. Y además está a huevo hacerlo contigo, a huevo, a huevo. Entonces…”
Victoria fue viceconsejero de Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2022, periodo en el que también ejerció de secretario del Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre. En 2011 fue nombrado consejero de Asuntos Sociales y ya con Ignacio González de presidente, consejero de Presidencia, Justicia, así como portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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