El juez de Madrid se inhibe en favor de la Audiencia Nacional para investigar a Rato
El titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Jesús Serrano, se ha inhibido en favor del magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para investigar a Rodrigo Rato por blanqueo, fraude fiscal y alzamiento de bienes. Serrano apenas ha tardado horas en enviar el caso a la Audiencia Nacional, donde ya se investigaba a Rato en el caso Bankia. Andreu debe decidir ahora si acepta la inhibición.
Esta misma mañana, la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado este lunes un decreto por el que otorga a la Fiscalía Anticorrupción la competencia en el caso que investiga el Juzgado número 31 de Madrid y que afecta a Rodrigo Rato y otras personas, informaron fuentes de la Fiscaía General del Estado.
Anticorrupción reclamó a Madrigal la investigación en cuanto se enteró el jueves, por los medios, de que la Fiscalía de Madrid había presentado una denuncia en el juzgado de guardia con los hechos que le había presentado la Agencia Tributaria. En una conversación telefónica, el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, telefoneó a Madrigal pidiendo explicaciones. La fiscala general dio su conformidad a que fuera Anticorrupción el órgano encargado de investigar. Al día siguiente, Salinas solicitó por escrito la competencia, que ha firmado hoy Madrigal.
Para adoptar su decisión, Madrigal ha invocado la instrucción 4/2006, según las citadas fuentes. Esto significa que Madrigal no ha entrado a valorar la posible conexión de los hechos investigados por la Fiscalía de Madrid y los que Anticorrupción persigue en la Audiencia Nacional por el caso Bankia. La citada instrucción está destinada exclusivamente a determinar las competencias de la Fiscalía especializada, aunque Madrigal ha añadido como motivos la “especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados”, señala en una nota la Fiscalía General.
En su nota, la Fiscalía General destaca los medios con los que cuenta Anticorrupción, con sus unidades de apoyo, para casos como éste, que se prevé “de particular complejidad, a la vista del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato”, dice el decreto de Madrigal.
