La Fiscalía Anticorrupción quiere profundizar en la investigación del pelotazo del Canal de Isabel II (CYII) cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid. En un escrito enviado al juez del caso Lezo, pide que se impute a los responsables de la empresa pública que aprobaron la compra de la sociedad colombiana Inassa.
En el escrito enviado a la Audiencia Nacional, la Fiscalía aclara que si no pide ahora la declaración de Gallardón y el resto de miembros de su gobierno es porque no tiene en sus manos el acta del Consejo de Gobierno que autorizó la compra investigada. Esa información “resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la CAM que adoptaron este acuerdo”.
Así, la Fiscalía pide que se identifique a los miembros del Gobierno regional que firmaron el acta, el documento que se redactó y toda la documentación a la que tuvieron acceso.
Entre esos responsables de la compra que sí pide imputar está Pedro Calvo, consejero de Medio Ambiente y responsable del Canal cuando se hizo la compra, y Juan Bravo, entonces consejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Gallardón. Los tres firmaron con el entonces presidente el acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la operación en el año 2001.
La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación. En sus sospechas acerca del “supuesto desvío de fondos públicos” abunda que se utilizara una sociedad radicada en un “paraíso fiscal”, según el término utilizado por Anticorrupción.
La Fiscalía señala que existen claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio de compraventa y unas condiciones contractuales “claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que CYII debió velar, al haberse financiado esta operación con fondos públicos de la CAM”.
Todo lo expuesto hasta ahora, sostiene la Fiscalía en un escrito de 17 páginas, evidencia “la complejidad de esta investigación y la necesidad de impulsarla al encontrarse en una fase muy incipiente sin que, hasta la fecha, se haya analizado la documentación incorporada a las actuaciones tras las entradas, registros y requerimientos practicados en el mes de abril de 2017”.
En su comparecencia en la Asamblea de Madrid, Calvo y Bravo pusieron de manifiesto las diferencias con la gestión de la época de Ignacio González. El primero puso en duda la investigación de la Fiscalía y el segundo pidió despejar las “sombras” sobre una gestión que calificó de “impecable”. Bravo es en la actualidad presidente de ADIF.
Anticorrupción solicita también al juez que declaren como investigados Arturo Canalda, exgerente del Canal -y en la actualidad presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid-, José Antonio de Cachavera Sánchez, exdirector Económico, y Juan Pablo López de las Heras, quien fuera subdirector de Nuevos Negocios de la empresa pública. La Fiscalía argumenta que tuvieron una participación esencial durante la gestión y ejecución del proceso de adquisición de Inassa.
Entre las diligencias que pide, la Fiscalía reclama al juez una larga lista de testigos que, en algún momento, estuvieron relacionados con la operación. Entre ellos, responsables de las empresas Cuatrecasas, Garrigues y Pricewaterhousecoopers por los informes que realizaron sobre la compra.